El Consejo General del Poder Judicial cuestiona aspectos importantes de la reforma de la ley del aborto

La reforma de la Ley del Aborto es quiz¨¢s la legislaci¨®n en tr¨¢mite menos conflictiva para el Gobierno de coalici¨®n junto a la de trata, que mantiene un tenso debate interno y con el resto de grupos en otras cuestiones que tocan a Igualdad como la ley trans o el proxenetismo. A¨²n as¨ª, esta es una normativa que ya ha provocado choques entre los bloques de derecha e izquierda en el Congreso y a¨²n hay recursos de inconstitucionalidad a la ley de 2010 interpuestos por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional que a fecha de hoy no han sido resueltos. Ahora, la propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ¡ªque avisa que se limita a analizar las modificaciones que se pretenden incluir en la ley¡ª cuestiona esta ¨²ltima reforma propuesta por el ministerio de Irene Montero. El Pleno del CGPJ analizar¨¢ el pr¨®ximo 22 de diciembre esta propuesta de informe al anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley Org¨¢nica de Salud Sexual y Reproductiva.

Sobre la reforma en su conjunto, la propuesta de informe se?ala que el anteproyecto procura reforzar las garant¨ªas de los procedimientos para hacer efectivo el derecho a la vida privada y, dentro de ¨¦l, el derecho a la salud sexual y reproductiva, y que eso responde al cumplimiento de las obligaciones que tienen los poderes p¨²blicos para garantizar la efectividad de dicho derecho, por lo que debe ser valorado en t¨¦rminos generales.

Sin embargo, hay cuestiones sobre las que el CGPJ pone objeciones, como la dispersi¨®n de propuestas concretas en distintas leyes (como la educaci¨®n sexual, presente ya en la Ley de Educaci¨®n), o al considerar que el anteproyecto ¡°no explica ni justifica convincentemente las modificaciones introducidas en el modelo vigente¡±. Algunas de esas modificaciones a las que se refiere son el aborto sin consentimiento de madres y padres a partir de los 16 a?os (ahora mismo est¨¢ en los 18), y la obligatoriedad del periodo de reflexi¨®n de tres d¨ªas y el sobre que se entrega a las mujeres con informaci¨®n sobre la maternidad que el Ministerio quiere eliminar.

El consentimiento

En relaci¨®n con la eliminaci¨®n del requisito del consentimiento de padres o madres o tutores legales para mujeres de 16 y 17 a?os, la propuesta informe se?ala que se trata de una opci¨®n del legislador que no contraviene las observaciones y recomendaciones internacionales ni la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y a?ade que el marco normativo vigente reconoce a las mayores de diecis¨¦is a?os cumplidos un grado de madurez y autonom¨ªa suficiente para intervenir en la vida jur¨ªdica sin necesidad de la intervenci¨®n de sus representantes legales.

Sin embargo, las ponentes, Roser Bach y ?ngeles Carmona, recuerdan que los progenitores deben desempe?ar los deberes inherentes a la patria potestad, y que el consentimiento aut¨®nomo y sin conocimiento de estos dificulta de modo evidente esos deberes. ¡°Adem¨¢s, por imperativo constitucional, los progenitores deben prestar asistencia de todo orden a los hijos durante su minor¨ªa de edad (art¨ªculo 39.3 de la Constituci¨®n Espa?ola)¡±, se?ala el informe.

As¨ª, concluyen que resulta igualmente justificada la validez del sistema actual, y creen que los conflictos eventuales que puedan ocurrir entre las menores y sus padres, se podr¨ªan resolver a trav¨¦s de un procedimiento que se incluyera en la norma y que permitiera conciliar los intereses y la voluntad de la menor con los deberes de los representantes legales.

Los sobres

El anteproyecto quiere eliminar la obligaci¨®n de las mujeres que van a abortar de recibir sobres con informaci¨®n sobre recursos para ser madre (ayudas p¨²blicas, derechos laborales, prestaciones, beneficios fiscales, etc.), para respetar ¡°los derechos de las mujeres y la no infantilizaci¨®n de las mismas¡±. Y dispone que solo se facilitar¨¢ a la mujer si esta se interesa por alguna de estas cuestiones, mientras que con la norma vigente la informaci¨®n se le entrega en sobre cerrado y es decisi¨®n de ella abrirlo y acceder o no a su contenido.

El CGPJ advierte que esto presupone que la mujer tiene un previo conocimiento de la informaci¨®n que le interesa, porque en caso contrario dif¨ªcilmente podr¨¢ requerirla, de modo que lo que en realidad parece es que se le est¨¢ privando o, cuando menos, dificultando el acceso a la informaci¨®n sobre cuestiones que pueden interesarles.

Las ponentes afirman que el derecho a recibir informaci¨®n es un requisito asociado al consentimiento para abortar, y a?aden que la informaci¨®n, para ser adecuada, completa y suficiente, no debe estar orientada exclusivamente a la pr¨¢ctica de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo, ¡°sino tambi¨¦n a la protecci¨®n de la maternidad, si bien sin introducir consideraciones ¨¦ticas ni religiosas¡±.

Los tres d¨ªas de reflexi¨®n

En el anteproyecto tambi¨¦n se eliminan los tres d¨ªas de reflexi¨®n obligatoria para las mujeres, que la propuesta de informe del CGPJ cree que es algo que no puede hacerse bajo el ¨²nico pretexto del efecto ¡°infantilizador¡±, y a?ade que este es un requisito ¡°presente en varias de las legislaciones de los pa¨ªses de nuestro entorno¡± y que, ¡°al estar indisociablemente unido a la informaci¨®n y a la prestaci¨®n del consentimiento¡±, es ¡°necesario en orden a una adecuada formaci¨®n de la voluntad y a la adopci¨®n de una decisi¨®n consciente y meditada acerca de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo y de las consecuencias, de todo orden, que dicha decisi¨®n comporta¡±.

Las bajas por reglas incapacitantes

La reforma del Gobierno propone bajas de tres d¨ªas bajo supervisi¨®n m¨¦dica, con capacidad de ampliar a cinco, para quienes tengan reglas incapacitantes: dolores intensos, calambres, c¨®licos, n¨¢useas, mareos y v¨®mitos que algunas mujeres sufren cada ciclo.

Sobre esto, la propuesta de informe del CGPJ advierte de la ausencia de justificaci¨®n para regular estas bajas y cree que ya las ampara la legislaci¨®n vigente. Se?ala que el objetivo de ¡°dar una regulaci¨®n adecuada a esta situaci¨®n patol¨®gica con el fin de eliminar cualquier tipo de sesgo negativo en el ¨¢mbito laboral¡± que se arguye en la reforma no es suficiente, y que con ello ¡°se establece un r¨¦gimen privilegiado de atenci¨®n y tratamiento a un concreto supuesto de enfermedad com¨²n sin que el prelegislador argumente los criterios que ha valorado para configurar este trato diferenciado¡±, m¨¢s all¨¢ de esa eliminaci¨®n de sesgo.

Recuerda, por ejemplo, que el anteproyecto ¡°no exige, como en el resto de los supuestos de enfermedad com¨²n, un periodo m¨ªnimo de cotizaci¨®n (actualmente se ha de tener cubierto un periodo de cotizaci¨®n de 180 d¨ªas en los 5 a?os anteriores)¡±. Y en cuanto a que el subsidio se abone a cargo de la seguridad social desde el d¨ªa de la baja en el trabajo, consideran las ponentes que supone una diferencia con ¡°lo que ocurre en los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, de enfermedad com¨²n o accidente no laboral¡±.

A?aden que estas bajas espec¨ªficas permitir¨¢n conocer al empresario el motivo de las mismas, algo que ¡°puede provocar unos efectos totalmente contrarios, haciendo surgir reacciones de marginaci¨®n o estigmatizaci¨®n sobre las mujeres en general y sobre las que sufren los efectos de una menstruaci¨®n incapacitante secundaria en particular¡±. Y apuntan a un posible motivo de inconstitucionalidad: ¡°Se debe recordar que el Tribunal Constitucional reiteradamente ha se?alado que el presupuesto para que una diferenciaci¨®n normativa sea leg¨ªtima y constitucionalmente l¨ªcita debe ser objetiva y razonable de modo que las consecuencias jur¨ªdicas que se deriven de tal distinci¨®n sean proporcionadas a la finalidad perseguida¡±.