La Iglesia espa?ola se sigue olvidando de las v¨ªctimas de abusos: reh¨²ye indemnizar y si el acusado muri¨® no investiga

EL PA?S puso en marcha en 2018 una investigaci¨®n de la pederastia en la Iglesia espa?ola y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce alg¨²n caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en Am¨¦rica Latina, la direcci¨®n es: abusosamerica@elpais.es.

©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤

La Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE) public¨® el martes en su web, sin ninguna explicaci¨®n o rueda de prensa, un documento llamado Instrucci¨®n de la CEE sobre abusos sexuales. En realidad, no aporta nada nuevo, es un compendio de las normas vaticanas vigentes sobre pederastia en el clero, pero se ha visto obligada a presentarlo azuzada por el nuncio vaticano en Espa?a, que anunci¨® por sorpresa el documento en la apertura de la ¨²ltima asamblea plenaria. Fuentes eclesi¨¢sticas lo interpretan como un tir¨®n de orejas por la pasividad de la Iglesia espa?ola ante el esc¨¢ndalo de los abusos. El contraste con la r¨¢pida reacci¨®n de la Iglesia de Bolivia ante el caso destapado por este diario ¡ªla publicaci¨®n del diario de Alfonso Pedrajas, un jesuita que admiti¨® haber abusado de decenas de menores en el pa¨ªs andino y c¨®mo los jesuitas le encubrieron¡ª es patente. Lo que tambi¨¦n evidencia esta gu¨ªa es que desde hace cuatro a?os, cuando se empez¨® a trabajar en ello, sigue pendiente un decreto general, una norma propia definitiva de obligado cumplimiento, que precise al detalle c¨®mo deben actuar ¨®rdenes y di¨®cesis en Espa?a.

Este es uno de los pocos pa¨ªses donde a¨²n no existe, por la fuerte divisi¨®n interna de los obispos, entre una mayor¨ªa que prefieren seguir ocultando el problema y los que quieren seguir al Papa y hacer limpieza. Y porque luego la Santa Sede le tiene que dar el visto bueno. Esta instrucci¨®n, precisamente, saca a la luz las carencias en Espa?a: todo se analiza desde una perspectiva judicial y se sigue olvidando a las v¨ªctimas, seg¨²n lamentan los afectados y los sacerdotes que trabajan en este campo.

La instrucci¨®n, de 32 p¨¢ginas, se centra simplemente en el procedimiento penal can¨®nico que se activa ante un posible caso de abusos, un juicio con las normas de la Iglesia completamente desconocido para la mayor¨ªa de los ciudadanos y muy opaco: las v¨ªctimas apenas reciben informaci¨®n, y deben buscarse un abogado can¨®nico para no perderse, ni siquiera tienen acceso a su expediente, ni reciben copia de la sentencia, y nunca se les informa de que tienen derecho a una indemnizaci¨®n. Buena parte del texto, en cambio, alude a las garant¨ªas del acusado y su presunci¨®n de inocencia, pero olvida las aspiraciones esenciales de las v¨ªctimas: ser cre¨ªdas, que se sepa la verdad y que se establezcan f¨®rmulas de compensaci¨®n.

Sobre un reconocimiento p¨²blico de los hechos, la CEE est¨¢ a a?os luz del resto de pa¨ªses. Al contrario que en otros (en EE UU, di¨®cesis y ¨®rdenes publican listados con nombre y apellidos de los acusados), en la Iglesia espa?ola la transparencia es nula y, desde que hace casi cinco a?os EL PA?S comenz¨® su investigaci¨®n de la pederastia en el clero, sigue sin dar toda la informaci¨®n de lo que sabe. Pero, adem¨¢s, la instrucci¨®n indica que no se debe hacer una investigaci¨®n si el acusado ha muerto, algo que ocurre en la inmensa mayor¨ªa de los casos que est¨¢n saliendo a la luz. Solo se recomienda informar al Vaticano, a la congregaci¨®n de Doctrina de la Fe, que centraliza los casos. Por tanto, se cierra la puerta a cualquier respuesta posterior, las denuncias se abocan al archivo. De hecho, el documento ni habla de indemnizaciones.

¡°En todas las Iglesias de todos los pa¨ªses existen f¨®rmulas, reguladas por un decreto general, para esclarecer hechos y resarcir a las v¨ªctimas en los casos en que el acusado haya muerto, no puedes no darles una respuesta¡±, razona el vicario judicial de una di¨®cesis espa?ola. En la pr¨¢ctica, cada orden y obispado hace lo que quiere. Depende de su talante y su compromiso en la lucha con los abusos. Puede ce?irse a las reglas can¨®nicas y no hacer casi nada, archivando la mayor¨ªa de los casos, o ir mucho m¨¢s all¨¢. Que una v¨ªctima sea bien atendida o no depende de qu¨¦ obispo o superior le toque. En Espa?a siguen siendo una minor¨ªa las ¨®rdenes y di¨®cesis que est¨¢n compensando a las v¨ªctimas, al margen de que se pueda hacer un procedimiento can¨®nico que llegue a una condena.

Esta actitud choca de lleno con las continuas indicaciones del Papa, que repiti¨® el pasado mes de marzo: ¡°Ante los abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perd¨®n. Pedir perd¨®n es necesario, pero no basta. Pedir perd¨®n es bueno para las v¨ªctimas, pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo. Su dolor, sus da?os psicol¨®gicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas; acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido¡±. Y este mismo mes ha insistido en su discurso a la Pontificia Comisi¨®n para la Tutela de Menores: ¡°Ahora es el momento de reparar el da?o causado a las generaciones que nos precedieron y a los que siguen sufriendo¡±.

Francisco reitera que la prioridad ahora es reparar el da?o causado, pero la Iglesia espa?ola se sigue agarrando a par¨¢metros puramente judiciales y a que es muy dif¨ªcil o imposible probar ese da?o. Se niega a creer sin m¨¢s a las v¨ªctimas, aunque haya un relato cre¨ªble y contrastado. La consigna es defenderse de ellas, no acogerlas. Y sobre todo, evitar tener que pagar dinero, la gran asignatura pendiente. Por eso la ausencia de las indemnizaciones en la instrucci¨®n no es casual. Cuando este diario revel¨® en febrero que la auditor¨ªa encargada por los obispos a un despacho de abogados trabaja en la l¨ªnea de recomendar pagar indemnizaciones sin cuestionar a las v¨ªctimas, como ocurre en otros pa¨ªses, entre los obispos saltaron las alarmas.

La Iglesia espa?ola nunca ha querido informar de cu¨¢ntas indemnizaciones ha pagado. Seg¨²n un c¨¢lculo de EL PA?S de las pocas sentencias conocidas, han sido ya al menos dos millones de euros, con una media de 12.000, pero cantidades m¨¢ximas de 50.000. Este diario ha revelado que los jesuitas han desembolsado hasta 72.000 euros y los maristas, 35.000. Pero todo sigue oculto y es una loter¨ªa, no hay ning¨²n criterio de referencia. En Francia, la Iglesia ha anunciado que vender¨¢ parte de su patrimonio para pagar indemnizaciones, pero en Espa?a la mayor¨ªa de las di¨®cesis niegan cualquier posibilidad de compensaci¨®n. Adem¨¢s, se suelen imponer a los afectados cl¨¢usulas de silencio. Est¨¢n prohibidas por el Papa, y por tanto en la nueva instrucci¨®n, pero no se cumple.

La gu¨ªa de la CEE no habla a las v¨ªctimas y a los fieles, sino m¨¢s bien a sus propios sacerdotes. ¡°Una v¨ªctima que lea esto no entiende nada. Lo que no se puede hacer es que el punto de partida sea: usted acusa y no le creemos, aporte la carga de la prueba, cuando casi nunca hay pruebas y es la palabra de una persona contra la de otra. Tiene que primar una actitud de acogida¡±, opina el mismo canonista. Luis Alfonso Zamorano, sacerdote que trabaja en el acompa?amiento de v¨ªctimas y es profesor en el Instituto de Antropolog¨ªa y Derechos Humanos de la Universidad Gregoriana de Roma, piensa igual. ¡°En la instrucci¨®n me parece positivo que se insista en la obligaci¨®n de denunciar, se remarque el delito de abuso de potestad cuando se compruebe que ha habido obstrucci¨®n a la justicia, encubrimiento y negligencia, y que se recuerde la derogaci¨®n del secreto pontificio, aunque en la pr¨¢ctica sigue sin cumplirse en no pocos casos. Pero, por otro lado, dice que ¡®una de las responsabilidades m¨¢s importantes del obispo es la de proteger y asegurar el bien de aquellos que son amados con predilecci¨®n por Jes¨²s¡¯. Habr¨ªa que preguntarles a las v¨ªctimas de abusos si se sienten verdadera y actualmente protegidos y amados con predilecci¨®n por muchos de nuestros pastores y l¨ªderes. M¨¢s bien, no son pocos los que se siguen sintiendo no solo desprotegidos, sino mirados con desconfianza, desprecio y desprestigiados¡±.

Zamorano se?ala que en la Iglesia espa?ola hay algunas excepciones, pero tras haber conocido a supervivientes, concluye: ¡°Mucho me temo que esto de poner a las v¨ªctimas en el centro a¨²n suena a m¨²sica celestial. Se habla de aprender de las ¡®amargas lecciones del pasado¡¯, cuando, en realidad, los hechos hablan de que en casos incluso recientes se siguen cometiendo las mismas negligencias¡±. Desde su an¨¢lisis, ¡°el vac¨ªo m¨¢s grande que tiene la instrucci¨®n es que nada se dice de mecanismos de reparaci¨®n¡±. ¡°El documento insiste en que la Iglesia ¡®se conmueve con el dolor de las v¨ªctimas, pide perd¨®n, se compromete con la b¨²squeda de la verdad y la justicia¡¯, pero nada dice de la obligaci¨®n firme de reparar el da?o, expresi¨®n que repite casi como letan¨ªa el c¨®digo de derecho can¨®nico. Este es en mi opini¨®n el gran vac¨ªo de la instrucci¨®n y uno de los puntos donde m¨¢s se evidencia ¡®la necesidad de una profunda y continua conversi¨®n de los corazones¡¯. Esta omisi¨®n no es accesoria e inofensiva. Est¨¢, adem¨¢s, en las ant¨ªpodas de la actitud del Papa¡±.

Miguel Hurtado, v¨ªctima de abusos en la abad¨ªa de Montserrat y portavoz en Espa?a de ECA (Ending Clergy Abuse, Poner fin a los abusos del clero), cree que la normativa de la Iglesia espa?ola ¡°sigue teniendo m¨¢s agujeros que un queso de gruyere¡±. Entre las carencias que observa, enumera la falta de colaboraci¨®n con la justicia civil, y que no se establece el deber de la denuncia autom¨¢tica a la fiscal¨ªa de todos los casos que conozcan, pues en estos momentos solo deben denunciar si la v¨ªctima a¨²n es menor de edad. No ve un principio de tolerancia cero, como en EE UU o Irlanda, con la expulsi¨®n autom¨¢tica del culpable, se sigue confiando en penas de oraci¨®n y penitencia. Subraya que no se establecen mecanismos para juzgar y castigar el encubrimiento, y de hecho este diario ha se?alado ya a 39 obispos y superiores sospechosos de encubrimiento y no ha tenido ninguna consecuencia.

Hurtado se?ala que tampoco se prev¨¦ compartir la informaci¨®n obtenida en la investigaci¨®n can¨®nica con las v¨ªctimas o la fiscal¨ªa. Su conclusi¨®n es que la Iglesia no puede investigarse a s¨ª misma: ¡°Estos casos los tiene que investigar la justicia civil. Y para eso el Congreso debe eliminar el plazo de prescripci¨®n penal y civil¡±. Esa es ahora la principal batalla de muchas asociaciones de v¨ªctimas en el mundo, que los delitos de abuso de menores no prescriban nunca.