EE UU, un a?o despu¨¦s de la sentencia del Supremo que derog¨® la protecci¨®n federal del aborto: mapa de un pa¨ªs fracturado

Cuando el 24 de junio de 2022 el Tribunal Supremo derog¨® el derecho federal al aborto en Estados Unidos en una votaci¨®n de seis contra tres, lo que hizo en realidad fue devolver el poder para legislar a cada uno de los 50 Estados del pa¨ªs. Aquella sentencia hist¨®rica, que tumb¨®, este s¨¢bado har¨¢ un a?o, el precedente de medio siglo de otro fallo del mismo alto tribunal, el hist¨®rico Roe contra Wade (1973), ha dejado tras de s¨ª un mutante mapa de retales para los derechos de salud reproductiva de las mujeres. Esa cartograf¨ªa es tambi¨¦n el fiel reflejo de una sociedad polarizada.

Al menos 25 Estados, casi todos gobernados por el Partido Republicano, han decidido desde entonces prohibir o restringir severamente el derecho al aborto, mientras que en otros lugares del pa¨ªs, lugares de querencia dem¨®crata como Colorado o California, su protecci¨®n ha quedado reforzada en este tiempo. Entre tanto, la legalidad de la mifepristona, popular f¨¢rmaco que concursa en alrededor de la mitad de las interrupciones del embarazo que se practican en Estados Unidos, est¨¢ en entredicho tras el dictamen de un juez federal de Texas.

En la Am¨¦rica postRoe, m¨¢s de 25 millones de mujeres de entre 15 y 44 a?os, en torno a dos de cada cinco, viven en Estados en los que las condiciones para abortar se han endurecido, seg¨²n AP, en los 12 meses desde que el Supremo, el m¨¢s conservador en ocho d¨¦cadas, dict¨® la sentencia Dobbs contra Women¡¯s Health Clinic, caso que tambi¨¦n ha quedado fijado en los manuales de historia legal estadounidense. M¨¢s de 5,5 millones residen en lugares cuyos pol¨ªticos han tomado decisiones en esa misma direcci¨®n restrictiva, pero que est¨¢n en suspenso, impugnadas en los tribunales por asociaciones como Planned Parenthood (PP), que opera en torno a la mitad de las cl¨ªnicas del pa¨ªs. La organizaci¨®n est¨¢ tras la denuncia que paraliz¨® la entrada en vigor de una ley de Utah, que estaba lista a la espera de la sentencia del Supremo. El de Utah es solo uno del medio centenar de casos abiertos en los tribunales tras la ca¨ªda de Roe.

En la otra mitad del pa¨ªs, el aborto sigue siendo legal durante hasta, al menos, las primeras 24 semanas de embarazo. En 20 estados, de Kansas a Minnesota, esas protecciones, s¨²bitamente puestas en duda despu¨¦s de medio siglo, se han consolidado por ley o incorporado como enmienda a sus constituciones tras una votaci¨®n en las urnas.

Geogr¨¢ficamente, la sentencia ha configurado un mapa en el que vastas regiones del Sur y del Medio Oeste se han convertido en un ¡°desierto para los derechos de las mujeres¡±, en la definici¨®n de Isabel Guarneri, del Guttmacher Institute, entidad no partidista de referencia en la relaci¨®n entre salud reproductiva y pol¨ªticas p¨²blicas.

Ese desierto est¨¢ cerca de cerrar su silueta hasta abarcar casi todo el Sureste de Estados Unidos, si entran en vigor sendas leyes impugnadas en Florida y las dos Carolinas, que bajar¨ªan los l¨ªmites para abortar. En la del Sur, hay una ley con un plazo de seis semanas; est¨¢ bloqueada por un juez y a la espera de su revisi¨®n por un Supremo estatal conservador. En la del Norte, est¨¢ previsto que entre en vigor el 1 de julio una norma que proh¨ªbe las interrupciones del embarazo a partir de las 12 semanas.

Como consecuencia de ese mapa cambiante, han quedado oasis, como Illinois o Kansas, donde un refer¨¦ndum blind¨® en agosto la libertad de decidir de las mujeres, rodeados de estados en los que no es posible abortar. Una de las consecuencias m¨¢s inmediatas de la sentencia Dobbs fue que gener¨® un aut¨¦ntico ¨¦xodo de pacientes empujadas a viajar a centenares o miles de kil¨®metros para poder interrumpir sus embarazos, convirtiendo el aborto en un derecho tambi¨¦n determinado por razones geogr¨¢ficas y econ¨®micas.

Pol¨ªticamente, se ha demostrado un asunto m¨¢s complejo que el que las organizaciones contrarias a su protecci¨®n hab¨ªan anticipado desde hac¨ªa 40 a?os, tiempo durante el que pelearon y presionaron pol¨ªtica y judicialmente para lograr que el Supremo, con tres jueces nombrados durante la Administraci¨®n de Donald Trump con la misi¨®n expresa de tumbar Roe, adoptara una decisi¨®n proclive a su lucha.

En las elecciones legislativas del pasado noviembre qued¨® demostrado el empuje pol¨ªtico del aborto. La salud reproductiva de las mujeres fue un argumento electoral decisivo para frenar la ¡°marea roja¡± (rojo es el color del conservadurismo en Estados Unidos) que anticipaban los republicanos y que nunca lleg¨®. En su campa?a para renovar en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden subray¨® las amenazas a la salud reproductiva como uno de los motivos para pedir el voto. Los candidatos a la designaci¨®n republicana para las elecciones de 2024, una abultada lista sin cerrar que encabeza con holgura el expresidente Trump, est¨¢n demostrando en los primeros compases de la campa?a que han aprendido la lecci¨®n y han evitado por lo general pronunciarse expl¨ªcitamente sobre un tema tremendamente divisivo.

A las aspiraciones del gran rival de Trump, el gobernador de Florida Ron DeSantis, le est¨¢ pasando factura que firmara en abril una de las leyes m¨¢s restrictivas del pa¨ªs, que fijaba en seis semanas el plazo para abortar y contempla hasta la decimoquinta las salvedades de la violaci¨®n o el incesto (la norma carga el peso de la prueba sobre la denunciante, que est¨¢ obligada a aportar un informe m¨¦dico y un atestado policial). En el otro lado del espectro pol¨ªtico, otra gobernadora, Gretchen Whitmer, se confirm¨® como una estrella ascendente del universo dem¨®crata despu¨¦s de lograr en las legislativas de noviembre que el tema hiciera que M¨ªchigan, su Estado, volviera a completar por primera vez desde 1984 lo que aqu¨ª se conoce como una trifecta, y se da cuando el puesto del gobernador y la mayor¨ªa de las dos c¨¢maras legislativas son del mismo partido.

Cuando cay¨® Roe, las encuestas hablaban de dos terceras partes del pa¨ªs en contra de endurecer las condiciones para interrumpir un embarazo. Un sondeo encargado por la cadena de noticias NBC News fij¨® esta semana en un 61% el porcentaje de estadounidenses que desaprueban la decisi¨®n que tom¨® el Supremo hace un a?o. Seg¨²n un agregado de sondeos publicado este viernes por The New York Times, por primera vez la mayor¨ªa considera el aborto ¡°moralmente aceptable¡±. Tambi¨¦n, que las nuevas leyes sobre el aborto que han entrado en vigor en este a?o son ¡°demasiado estrictas¡±.

La demoscopia sigue sin torcer el brazo a los miembros del ala m¨¢s dura del Partido Republicano. Tal vez el mejor ejemplo de c¨®mo el derecho a decidir de las mujeres lleva medio siglo convertido en uno de los asuntos que m¨¢s enfrenta a las dos am¨¦ricas lo ofrezca uno de los m¨¢s extremos: el congresista por Alabama Tommy Tuberville. Lleva bloqueados los ascensos de aproximadamente 200 militares de alto rango en regiones clave para la defensa de Estados Unidos debido a la pol¨ªtica permisiva con el aborto del Pent¨¢gono, que permite a sus miembros cogerse unos d¨ªas de permiso para abortar y garantiza el reembolso de los gastos del viaje para aquellas que necesitan desplazarse. Ambas facilidades son una quimera para la mayor¨ªa de las empleadas poco cualificadas. En Estados como Texas, a esos impedimentos econ¨®micos se suma el castigo penal: una persona que acceda a un aborto se enfrenta, tras la ley aprobada en septiembre de 2021, a penas de hasta cinco a?os de c¨¢rcel.

La cascada de normas prohibicionistas como la de Texas ha bajado el n¨²mero de abortos: seg¨²n el c¨¢lculo mensual que hace la encuesta #WeCount, que recopila datos de cl¨ªnicas por todo el pa¨ªs, en abril de 2023 se practicaron en Estados Unidos 25.650 interrupciones del embarazo menos que en el mismo mes del a?o anterior, cuando a¨²n estaba Roe en pie.

El siguiente objetivo del movimiento antiabortista estadounidense tiene la vista puesta en la prohibici¨®n de la mifepristona, el medicamento m¨¢s popular para abortar en su combinaci¨®n con otra pastilla: el misoprostol. El primero interrumpe la gestaci¨®n; el segundo, vac¨ªa el ¨²tero.

En enero, un cambio en las reglas de la Administraci¨®n de Alimentos y Medicamentos (FDA son sus siglas en ingl¨¦s) permiti¨® la venta de esas pastillas en las farmacias minoristas. Matthew Kacsmaryk, juez federal nombrado por Trump, paraliz¨® en abril provisionalmente la administraci¨®n de la primera. En la pr¨¢ctica: esa decisi¨®n nunca lleg¨® a entrar en efecto. Los mismos nueve jueces del Supremo que en junio pasado derogaron Roe corrigieron la opini¨®n de un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans, cuyos magistrados fijaron restricciones para la administraci¨®n de la mifepristona mientras revisaban la sentencia del ultraconservador Kacsmaryk.

Aquel dictamen del Supremo de Washington supuso un raro alivio para el movimiento en favor del aborto en Estados Unidos, aunque no haya ahuyentado la posibilidad de que esas p¨ªldoras acaben prohibidas en todo el pa¨ªs. El fallo que tumb¨® ahora hace un a?o Roe contra Wade tambi¨¦n ha tenido consecuencias sobre el alto tribunal. La filtraci¨®n, en mayo de 2022, del borrador de este sumi¨® a la instituci¨®n en una crisis sin precedentes que a¨²n, con el filtrador sin identificar, est¨¢ lejos de haberse cerrado.

La sentencia sobre el aborto tambi¨¦n ha contribuido a minar la credibilidad de los estadounidenses en su m¨¢s alta instancia judicial, nunca tan puesta en cuesti¨®n, tambi¨¦n por la sombra de corrupci¨®n que se cierne sobre algunos de sus miembros, que son elegidos de por vida. Seg¨²n la encuestadora Gallup, cerca del 60% de los estadounidenses desaprueba su criterio, por considerarlo partidista y demasiado conservador. Se trata de un m¨¢ximo hist¨®rico.

En aquel texto legal, uno de los de mayor influencia de las ¨²ltimas d¨¦cadas en la sociedad estadounidense, se dec¨ªa que el precedente de Roe ¡°estuvo atrozmente errado desde el principio¡±, porque el aborto no es un derecho contemplado por la Constituci¨®n. En una de las opiniones concurrentes, el juez Clarence Thomas escribi¨®: ¡°Deber¨ªamos reconsiderar todos los precedentes¡±. Y con ello, se refer¨ªa a los casos que, bas¨¢ndose en la decimocuarta enmienda, que protege, entre otros derechos, el de la intimidad, Obergefell contra Hodges (2015), que legaliz¨® el matrimonio homosexual, Lawrence contra Texas (2003), que acab¨® con la prohibici¨®n de las relaciones entre personas del mismo sexo (2003) y Griswold contra Connecticut (1965), que permiti¨® a las parejas casadas el uso de anticonceptivos.

De momento, ese temor de los activistas progresistas de que continu¨¦ la senda emprendida hace un a?o por el tribunal no se ha materializado. A cambio, en lugares dominados por el Partido Republicano han avanzado en la aprobaci¨®n de leyes que limitan los derechos de las personas trans en al menos 19 estados. En muchos casos, esa nueva cruzada (a principios de 2021 no exist¨ªa ninguna ley al respecto, pero ya promete convertirse en uno de los campos de batalla de las elecciones presidenciales del pr¨®ximo a?o) se plantea como complementaria a la de la restricci¨®n de los derechos de las mujeres a decidir que ha dominado la vida estadounidense en este a?o.