El Tribunal Superior de Baleares declara nulos los rastreos y decomisos de los m¨®viles de periodistas que investigaron el ¡®caso Cursach¡¯

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha declarado nulos los rastreos de llamadas y la incautaci¨®n de los tel¨¦fonos m¨®viles de dos periodistas, de Diario Mallorca y la agencia Europa Press, que orden¨® en 2018 el juez Miquel Florit, que en aquel momento instru¨ªa el caso Cursach. La medida fue adoptada por el magistrado para tratar de averiguar qui¨¦n hab¨ªa filtrado informaci¨®n declarada secreta a los medios de comunicaci¨®n. Ahora, el tribunal estima cuatro recursos presentados por Europa Press despu¨¦s de que el Tribunal Constitucional avalara en marzo de 2022 el derecho de los periodistas a impugnar esas medidas. Florit ya fue juzgado por estos hechos en 2020: el TSJB lo absolvi¨® al concluir que sus decisiones fueron ¡°injustas¡± pero no delictivas.

El tribunal anula tres autos por los que el juez Florit orden¨® obtener los listados de llamadas de los dos periodistas, y tambi¨¦n revoca un cuarto auto de entrada y registro en las delegaciones de estos medios, donde fueron decomisados los tel¨¦fonos. En un auto, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Baleares considera que los listados de llamadas se pod¨ªan haber extra¨ªdo de los m¨®viles de los agentes de polic¨ªa a los que se consideraba sospechosos de filtrar la informaci¨®n, ¡°ahorrando con ello el acceso a los datos y la intimidad de las llamadas de los periodistas que nada ten¨ªan que ver con la investigaci¨®n¡±. Sostiene as¨ª el tribunal que se descartaron alternativas ¡°de la misma eficacia¡± pero menos agresivas para el derecho fundamental afectado.

La sala subraya que quienes aparec¨ªan como sospechosos de las filtraciones eran algunos polic¨ªas del grupo de Blanqueo, quienes, ¡°a diferencia de los periodistas¡±, estaban sujetos a la obligaci¨®n de guardar el secreto de las actuaciones. Para los jueces, no consta ¡°traza alguna¡± de que los periodistas obtuvieran la informaci¨®n publicada ¡°mediante actuaciones torticeras, irregulares o potencialmente delictivas¡±. Y recuerdan: el art¨ªculo 20.1.d de la Constituci¨®n consagra el derecho al secreto profesional de los periodistas.

El auto cita numerosa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional y puntualiza que el secreto profesional no exime a los periodistas de responsabilidad penal por desarrollar sus tareas; pero se?ala que, en este caso, la actuaci¨®n de los profesionales de la informaci¨®n no arroj¨® sospecha alguna de que para obtener la informaci¨®n ¡°se hubieran involucrado en actividades de car¨¢cter delictivo¡±. Respecto a la entrada en las sedes de ambos medios de comunicaci¨®n, el registro destinado a obtener conocimiento sobre una fuente de informaci¨®n period¨ªstica ¡°ha sido calificada como una infracci¨®n m¨¢s grave que la propia citaci¨®n para revelar la fuente¡±, dado que con ello se accede a una informaci¨®n protegida que es mucho m¨¢s amplia.

Los tres magistrados que conforman la sala tambi¨¦n hablan sobre el juicio de proporcionalidad de las medidas y se?alan que la ponderaci¨®n del equilibrio entre la gravedad del delito perseguido y el riesgo de padecimiento en la libertad de informaci¨®n ¡°ven¨ªa abocado a una exigencia de rigurosidad incrementada porque la restricci¨®n del secreto profesional requiere justificarse por la concurrencia de una necesidad social urgente o imperiosa¡±. Para el tribunal, es ¡°especialmente dif¨ªcil de entender¡± que las resoluciones dictadas por el juez Florit puedan considerarse adecuadamente motivadas con respecto al sacrificio del secreto profesional de los periodistas. Contra la nulidad dictada por el tribunal no cabe recurso.

El caso Cursach, una supuesta macrotrama de corrupci¨®n policial en Palma que se investig¨® durante nueve a?os, se desmoron¨® durante la celebraci¨®n del juicio el pasado diciembre, cuando la Fiscal¨ªa acab¨® pidiendo perd¨®n a los procesados por una instrucci¨®n plagada de irregularidades. Todos los acusados fueron absueltos y ahora hay abierta una causa contra el juez y el fiscal que iniciaron la investigaci¨®n: Manuel Penalva y Miguel ?ngel Subir¨¢n. La Fiscal¨ªa pide m¨¢s de 100 a?os de c¨¢rcel para cada uno de ellos.