Reducir las listas de espera sanitarias por ley: ?es viable el compromiso de PSOE y Sumar?

Las listas de espera no son el mejor indicador para medir el rendimiento de la sanidad p¨²blica, pero son seguramente el m¨¢s utilizado para ello. Resultar¨ªan m¨¢s ¨²tiles si reflejaran la realidad de cu¨¢nto tienen que esperar los pacientes para una intervenci¨®n o una consulta, pero lo cierto es que los datos que el Ministerio de Sanidad publica cada seis meses est¨¢n desfasados desde que nacen, son muy parciales (ni siquiera tienen en cuenta todas las especialidades, o las segundas consultas) y est¨¢n sujetos al maquillaje que le quieran dar las comunidades, encargadas de su gesti¨®n y de suministrar las estad¨ªsticas. Una de las medidas estrella del previsible gobierno de coalici¨®n entre PSOE y Sumar es reducirlas por ley, una promesa que hizo arquear las cejas a muchos expertos en gesti¨®n sanitaria. Es muy f¨¢cil plasmar unos plazos en el BOE, pero ?conlleva eso que se cumplir¨¢n? ?c¨®mo rendir¨¢n cuentas las autonom¨ªas, que son las que tienen las competencias?

El compromiso es que el m¨¢ximo de demora para una intervenci¨®n quir¨²rgica sean 120 d¨ªas. Seg¨²n los ¨²ltimos datos nacionales, la media en todo el pa¨ªs eran 122; pero, como toda media, incluye muchos pacientes que esperan muy por encima de esa cifra: uno de cada cinco tiene que aguardar m¨¢s de seis meses. Para consultas externas especializadas, la nueva ley establecer¨¢ un tope de 60 d¨ªas; la media est¨¢ en 95. Y las pruebas deber¨¢n tardar un m¨¢ximo de 30 d¨ªas, algo que hoy Sanidad no audita. Tampoco lo hace con la salud mental, para la que el acuerdo de coalici¨®n contempla garantizar menos de 15 d¨ªas de espera en menores de 21 a?os. No dicen nada de los mayores de esa edad.

Una ley no va a provocar que estos guarismos desciendan m¨¢gicamente, y los expertos se preguntan qu¨¦ mecanismos y dotaciones presupuestarias va a traer consigo la norma, algo que por el momento no han explicado los partidos que la proponen. Un real decreto, en vigor desde 2011, ya establece unos tiempos m¨¢ximos de 180 d¨ªas para cirug¨ªas card¨ªacas, de cataratas, pr¨®tesis de rodilla y cadera que no siempre se cumplen.

Jaime Pinilla, profesor titular de M¨¦todos cuantitativos en econom¨ªa y gesti¨®n en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha estudiado c¨®mo les ha ido a otros pa¨ªses que han tratado de establecer normas similares, aunque resulta dif¨ªcil hacer comparaciones, por el sistema descentralizado espa?ol. ¡°Se comprueba que imponer un tiempo m¨ªnimo no ha funcionado. Normalmente, se han priorizado unas patolog¨ªas o estadios [de la enfermedad]. Y si se han reducido en unas, ha redundado en que subieran en otras¡±, se?ala.

Lo que s¨ª se ha visto que ha funcionado, en pa¨ªses escandinavos, por ejemplo, es establecer incentivos y sanciones, en funci¨®n del cumplimiento o incumplimiento de determinados indicadores. Esto podr¨ªa ser parte de la norma. Pero para que fuera ¨²til, apunta Pinilla, primero deber¨ªa mejorar el sistema de informaci¨®n. ¡°No tenemos ni idea del periplo desde que una persona empez¨® a encontrarse mal, cuando pidi¨® cita en primaria, hasta que pasa por cirug¨ªa. En medio hay una interconsulta, tiene que esperar cita con el especialista, pruebas, nueva cita y, finalmente, llega al quir¨®fano. Pero, ?cu¨¢ndo aparece en la lista?¡±, se pregunta. Lo cierto es que nunca sucede antes del ¨²ltimo paso, y se pueden emplear algunos trucos contables para alargar el comienzo de la espera oficial. ¡°Si impones un tiempo m¨ªnimo para cirug¨ªa en el momento que entra en lista, poco vas a arreglar, porque igual se te est¨¢n acumulando pacientes en etapas tempranas¡±, zanja Pinilla.

Un ejemplo hipot¨¦tico, pero posible, puede ayudar a entender esto: un paciente tiene molestias g¨¢stricas y pide cita con su m¨¦dico de familia, que lo ve una semana despu¨¦s. Pide pruebas de aliento para descartar Helicobacter pylori, una bacteria que causas infecciones en el est¨®mago y es lo primero que se suele buscar cuando el paciente describe ciertos malestares. Le hacen las pruebas a las tres semanas y, una despu¨¦s, tiene nueva cita con el m¨¦dico de primaria para ver los resultados. Da negativo. As¨ª que, descartada esta enfermedad, lo deriva al especialista. Le dan cita en tres meses. Le examina y le manda una gastroscopia, que le hacen al mes. Y tiene nueva cita un mes despu¨¦s. Le han detectado una hernia de hiato, as¨ª que le piden cita para cirug¨ªa. Con el sistema actual, el paciente entrar¨ªa en ese momento en lista de espera, pero fue por primera vez al m¨¦dico seis meses antes.

Hoy por hoy, parece una quimera medir todo ese periplo de forma precisa y en tiempo real. Pero Sergio Garc¨ªa Vicente, de la Asociaci¨®n Economistas de la Salud, se pregunta: ¡°Si hemos sabido el n¨²mero de vacunas [de la covid], con datos de dosis entregadas y administradas, adem¨¢s de las personas con pauta completa con menos de un d¨ªa de margen, ?por qu¨¦ no podemos valorar esta actualizaci¨®n tan ¨¢gil con los resultados de la actividad sanitaria en las organizaciones p¨²blicas, incluyendo la espera?¡±.

Garc¨ªa Vicente propone solucionar este primer obst¨¢culo para mejorar las esperas con un sistema mediante el que el usuario introdujeses en una aplicaci¨®n o por tel¨¦fono la indicaci¨®n de cu¨¢ndo se le tiene que hacer una prueba, por ejemplo. ¡°Esto servir¨ªa de testigo e implicar¨ªa a la ciudadan¨ªa. Los resultados se podr¨ªan comparar entre centros y entre organizaciones, analizando las mejores pr¨¢cticas, compar¨¢ndose y adapt¨¢ndose, de forma que los podr¨ªan utilizar todos los centros y servicios¡±, se?ala.

Pero para eso, m¨¢s all¨¢ de una ley, har¨ªa falta que las consejer¨ªas se pusieran de acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre c¨®mo ponerlo en marcha y cu¨¢les ser¨ªan los mecanismos de transparencia y auditor¨ªa para medir que todas las hacen de la misma forma. Porque una de las principales cr¨ªticas a la posible ley de las listas de espera es que el Gobierno central no tiene las competencias para reducirlas.

Competencias auton¨®micas

Jos¨¦ Ram¨®n Repullo, jefe del Departamento de Planificaci¨®n y econom¨ªa de la salud de la Escuela Nacional de Sanidad, ahonda en lo que califica como ¡°un problema de gobernanza¡±. Se pregunta c¨®mo va a garantizar la Administraci¨®n central las esperas si no es responsable ¨²ltima de la prestaci¨®n. ¡°Se pueden otorgar subvenciones y penalizaciones por el grado de cumplimiento; o establecer que, superado el plazo de garant¨ªa, los pacientes puedan ir al sector privado y pedir el reembolso. Pero si hacen esto se abrir¨ªa un nuevo frente de fuga de fondos p¨²blicos para financiar el sector privado, no creo que sigan por este camino¡±, reflexiona.

En su opini¨®n, el ministerio tiene ¡°serias dificultades¡± para actuar por tres razones: ¡°Necesitar¨ªa la palanca de asignaci¨®n de fondos (hoy son muy pocos); necesitar¨ªa poder discriminar: condicionalidades seg¨²n cumplimiento de requisitos y rendici¨®n de cuentas (y no se atreve por la tensi¨®n pol¨ªtica e institucional); y necesitar¨ªa mucha m¨¢s capacidad t¨¦cnica, para el manejo de sistemas de informaci¨®n, evaluaci¨®n de pol¨ªticas, y dise?o de intervenciones¡±. Tambi¨¦n se?ala la responsabilidad de las comunidades, que gozan de ¡°ampl¨ªsimos poderes, por m¨¢s que echen la culpa al Gobierno central de sus desventuras¡±.

Lo ve con m¨¢s optimismo Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos, que fue secretario general de Sanidad con los gobiernos de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. ?l considera que una ley ¡°da garant¨ªas y aporta m¨¢s seguridad jur¨ªdica a los ciudadanos¡±. La clave, en su opini¨®n, ser¨¢ el c¨®mo se financie. Defiende la idea de que el ciudadano pueda registrar sus esperas, lo que tambi¨¦n le aportar¨ªa m¨¢s herramientas para reclamar. Y que haya f¨®rmulas para que, si se pasan tiempos m¨¢ximos, acuda al sector privado, o a otras comunidades aut¨®nomas que le puedan dar respuesta.

Se abre ahora un periodo de lo que Mart¨ªnez Olmos califica como ¡°debates muy interesantes¡±, como los planteados en los p¨¢rrafos anteriores. Porque redactar la ley puede ser relativamente sencillo, pero garantizar su cumplimiento plantea grandes retos en un sistema sanitario en el cual incluso la privada tiene esperas que se generan como efecto secundario del colapso de la p¨²blica.