Solo cinco autonom¨ªas tienen el registro de m¨¦dicos objetores de conciencia del aborto que exige la ley

Un a?o y medio despu¨¦s de que el Congreso de los Diputados aprobara la modificaci¨®n de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo, la llamada ley del aborto, solo 5 de las 17 comunidades aut¨®nomas ¡ªCeuta y Melilla dependen de Andaluc¨ªa¡ª han creado el registro de m¨¦dicos objetores al aborto. Una exigencia que estipula la norma y que tiene impacto directo en el acceso real y efectivo de las mujeres al ejercicio de este derecho. La Rioja, Murcia, Cantabria, Catalu?a y Canarias son las ¨²nicas que han elaborado el censo, seg¨²n la informaci¨®n recabada por este diario a trav¨¦s del portal de transparencia de cada autonom¨ªa.

El objetivo principal de la creaci¨®n del registro es acabar con los obst¨¢culos que encuentran las mujeres cuando quieren abortar en el sistema p¨²blico. A pesar de que la interrupci¨®n voluntaria del embarazo se despenaliz¨® en 1985, la sanidad p¨²blica no se hizo cargo de este derecho y han sido principalmente las cl¨ªnicas acreditadas quienes lo han garantizado, con la excepci¨®n, reciente, de algunas autonom¨ªas y no de forma extendida en todo su territorio.

?El problema? La ausencia de profesionales dispuestos y formados para practicarlos en los hospitales. La ley incide en garantizar este derecho desde lo p¨²blico ¡ªaunque matiza la posibilidad de hacerlo a trav¨¦s de lo privado si es necesario¡ª, y propone una organizaci¨®n territorial en las que las comunidades aut¨®nomas, que son las que tienen las competencias en materia sanitaria, gestionan ellas sus recursos. El objetivo es asegurar que las mujeres puedan interrumpir su embarazo en un centro p¨²blico, para que haya un acceso igualitario, vivan en pueblos o en ciudades, en una u otra autonom¨ªa. ¡°Se garantizar¨¢ a todas las mujeres igual acceso a la prestaci¨®n con independencia del lugar donde residan¡±, explicita el art¨ªculo 19 de la norma.

Eso, que no est¨¢ garantizado en todas las regiones, en algunos casos obliga a desplazarse a otras provincias o incluso a otras comunidades. La directora de la Associaci¨® Drets Sexuals i Reproductius, S¨ªlvia Aldavert, explica c¨®mo este impedimento afecta ¡°profundamente¡± a las mujeres. ¡°Es una de las principales barreras que se encuentran, ya que no tienen la seguridad de que, cuando van al centro, puedan abortar. Es un estr¨¦s a?adido¡±, esgrime. Con la lista de objetores creada, los directivos de los centros pueden reorganizar mejor al personal para atenderlas.

Se evitar¨ªan as¨ª situaciones como la ocurrida en Murcia, donde a Antonia Correa se le deneg¨® la prestaci¨®n del aborto con el argumento de que no hab¨ªa m¨¦dicos dispuestos a practicarlo en sus centros asistenciales y tuvo que irse a Madrid, corriendo ella con los gastos. Un proceso que recuerda como ¡°horrible¡± y que la llev¨® a una depresi¨®n.

El Tribunal Constitucional, en julio de 2023, oblig¨® a la comunidad a indemnizar a Correa, por lo que Murcia se encuentra entre las que s¨ª han desarrollado la legislaci¨®n estatal. Adem¨¢s, fue una de las tres autonom¨ªas ¡ªjunto a Extremadura y Castilla-La Mancha¡ª en la que no se realiz¨® ninguna interrupci¨®n voluntaria del embarazo en centros p¨²blicos en 2022, seg¨²n los ¨²ltimos datos del Ministerio de Sanidad.

Otra de las que tiene los deberes hechos es Catalu?a, que el pasado 11 de junio incorpor¨® el registro mediante un decreto. Su situaci¨®n previa respecto a las garant¨ªas de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo era notablemente m¨¢s favorable que el resto de territorios, ya que cuenta con una red de 69 centros p¨²blicos donde se practican abortos, siendo la autonom¨ªa con un mayor n¨²mero, seguida de Galicia, con 16, y de la Comunidad Valenciana, con 14 ¡ªambas todav¨ªa sin el censo¡ª. De las casi 100.000 interrupciones voluntarias del embarazo notificadas en 2022 en Espa?a, el 82% se realiz¨® en centros privados, mientras que el 18% restante se produjo en p¨²blicos, seg¨²n los ¨²ltimos datos del Ministerio de Sanidad.

Tipos de objeci¨®n de conciencia

Aplicar la legislaci¨®n resulta complicado en algunos territorios. En Cantabria son objetores 9 de los 27 ginec¨®logos del ¨²nico hospital donde se practican, pero en La Rioja lo son 23 de los 26, por lo que siguen existiendo dificultades para practicar las interrupciones voluntarias del embarazo por falta de personal. La ley marca que, en cualquier caso, ¡°el acceso o la calidad asistencial de la prestaci¨®n no se ver¨¢n afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeci¨®n de conciencia. Los servicios p¨²blicos se organizar¨¢n siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo¡±.

En la elaboraci¨®n del censo, las comunidades pueden elegir entre dos tipos de objeci¨®n de conciencia: una completa, en la que se rechazan todas las pr¨¢cticas, y una a la carta, en la que se pueden oponer en funci¨®n del tipo de t¨¦cnica y del tiempo de embarazo. Catalu?a y Canarias, en sus respectivos decretos, ofrecen a los profesionales esta segunda opci¨®n, as¨ª que pueden elegir si quieren rechazar los abortos que se realicen mediante m¨¦todos farmacol¨®gicos, los que se practiquen mediante t¨¦cnicas instrumentales y quir¨²rgicas o ambos.

Tambi¨¦n pueden escoger entre no practicar los abortos previos a la semana 14 de embarazo, cuando la decisi¨®n depende ¨²nicamente de la mujer, o entre la 14 y la 22, cuando la resoluci¨®n est¨¢ sujeta a que exista un grave riesgo para la vida y la salud de la embarazada. Esta posibilidad de objetar a la carta, en palabras del asesor jur¨ªdico de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n del Embarazo (ACAI), Jos¨¦ Antonio Bosch, ¡°perjudica a las mujeres¡± porque ¡°la ley expresa que ellas tienen el derecho a escoger qu¨¦ m¨¦todo quieren utilizar para interrumpir voluntariamente su embarazo¡±.

Razones para no tener el registro

Las razones de las autonom¨ªas para no tener el registro son variadas. Unas se escudan en que el Ministerio de Sanidad a¨²n no ha convocado el Consejo Interterritorial en el que ha de elaborarse, seg¨²n la ley, ¡°un protocolo espec¨ªfico que incluya las condiciones m¨ªnimas para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la creaci¨®n¡± del censo; otras esgrimen que est¨¢n trabajando en ello; y las hay que no dan ninguna explicaci¨®n ni respuesta.

En el primer grupo se encuentran la Comunidad Valenciana, Castilla y Le¨®n o Galicia, que le pasan la pelota de la responsabilidad al ministerio y justifican su inacci¨®n argumentando que est¨¢n esperando al protocolo espec¨ªfico que servir¨ªa ¡°de orientaci¨®n¡±. Fuentes de Sanidad rebaten que el documento no es imprescindible para poner en marcha la medida y usan como ejemplo a las comunidades que ya lo tienen listo. Una posici¨®n que comparten tanto Bosch como Aldavert. ¡°No es obst¨¢culo ninguno, ya que la competencia est¨¢ transferida a las comunidades¡±, razona Bosch. La ministra de Sanidad, M¨®nica Garc¨ªa, prometi¨® en marzo que lo llevar¨ªan al Consejo Interterritorial ¡°pr¨®ximamente¡±.

Otras como Castilla-La Mancha o Navarra se encuentran en una situaci¨®n de transici¨®n, ya que s¨ª que cuentan con un registro de objetores elaborado antes de la modificaci¨®n de la ley del aborto, pero no lo han actualizado a los nuevos requisitos exigidos por la nueva normativa y lo est¨¢n ¡°reestructurando¡±. Baleares y Extremadura, por su parte, arguyen que, aunque todav¨ªa no tienen el definitivo, est¨¢ en ¡°fase de elaboraci¨®n¡±.

Hay un tercer grupo que se abstiene de dar ninguna justificaci¨®n, como el caso de Andaluc¨ªa o Madrid, y simplemente alegan que no lo han creado todav¨ªa. Y a estas se a?aden Arag¨®n y Asturias, que directamente no han respondido a la petici¨®n de informaci¨®n transmitida mediante el portal de transparencia.

Si bien la izquierda abander¨® tanto la aprobaci¨®n de la ley del aborto en 2010 como su posterior modificaci¨®n en 2023, con el fuerte rechazo de los partidos conservadores, que incluso presentaron recursos de inconstitucionalidad, el incumplimiento en la creaci¨®n del registro es transversal. Se produce tanto en comunidades gobernadas por el PP, ya sea en coalici¨®n o no con Vox, como en las lideradas por el PSOE.

Otra de las afecciones de no tener un registro elaborado es la posibilidad de que un objetor de conciencia forme parte de un comit¨¦ cl¨ªnico, que son los grupos de profesionales sanitarios encargados de decidir si se practica un aborto o no en aquellos embarazos que superan las 22 semanas de gestaci¨®n donde se detecta una enfermedad grave en el feto. La ley especifica claramente que ¡°ninguno de los miembros del comit¨¦ podr¨¢ formar parte del registro de objetores¡±, pero al no tener ese listado, puede ocurrir que alguno de ellos forme parte de un comit¨¦. As¨ª lo remarca Bosch. ¡°Imagina que a una mujer le tocan tres especialistas objetores de conciencia en un comit¨¦ cl¨ªnico sobre los que recae la decisi¨®n final. Para evitar eso, necesitas el registro¡±, argumenta.

Ser objetor de conciencia respecto del aborto es una decisi¨®n que no se rige ¨²nicamente por razones de ¨¦tica o moralidad. En muchas ocasiones, los profesionales sanitarios no realizan esta pr¨¢ctica para evitar conflictos laborales o ser se?alados, seg¨²n comenta Bosch. ¡°Aunque no tengan una contradicci¨®n moral, s¨ª que tienen una incomodidad real. Prefieren no prestarse a una actividad conflictiva y estigmatizada que tampoco les supone ning¨²n beneficio econ¨®mico¡±, razona, y a?ade la falta de formaci¨®n en los grados universitarios. Una posici¨®n en la que coincide Aldavert, para quien el aborto sigue estando ¡°invisibilizado en el ¨¢mbito acad¨¦mico y sanitario¡±. ¡°La posici¨®n de la asociaci¨®n es que la objeci¨®n de conciencia no deber¨ªa estar permitida en la red p¨²blica¡±, sentencia la directora de la asociaci¨®n de planificaci¨®n familiar.