La inequidad del aborto: cada a?o cientos de mujeres tienen que salir de su comunidad a interrumpir el embarazo

El lugar de residencia determina c¨®mo es el derecho al aborto. Mientras que una gran mayor¨ªa de las 90.189 mujeres que interrumpieron su embarazo de forma voluntaria en 2021 pudo hacerlo en su propia provincia, hubo al menos 4.154 que tuvieron que viajar a otra. Y, entre ellas, cientos que tuvieron que cambiar de comunidad aut¨®noma, aunque en este caso, encontrar una cifra exacta es pr¨¢cticamente imposible. Ese desplazamiento va en contra de la ley de 2010 y ha propiciado esta misma semana un fallo hist¨®rico del Tribunal Constitucional, que ha obligado a indemnizar a Antonia Correa, una mujer murciana que tuvo que ir a Madrid a abortar porque el Servicio Murciano de Salud se neg¨® a realizarle la intervenci¨®n.

El informe de interrupciones voluntarias del embarazo que publica cada a?o el Ministerio de Sanidad es muy exhaustivo, pero no permite saber cu¨¢ntas mujeres, como le sucedi¨® a Antonia Correa, se ven obligadas a trasladarse a otra regi¨®n para interrumpir sus embarazos. Tampoco cu¨¢ntas lo hacen de forma voluntaria por una cuesti¨®n de privacidad derivada del tab¨² que a¨²n supone abortar en muchos lugares.

EL PA?S ha preguntado a todos los gobiernos auton¨®micos cu¨¢ntas mujeres derivaron fuera. No han contestado Cantabria ni Canarias. Entre las dem¨¢s, en 2021 o 2022 (seg¨²n la comunidad el dato es de un a?o u otro) derivaron a otras comunidades Castilla y Le¨®n (278), Extremadura (97), Castilla-La Mancha (no especifican la cifra), La Rioja (287) y las ciudades aut¨®nomas de Ceuta (7) y Melilla (54). La cifra resultante es 723, pero probablemente se quede muy corta, ya que habr¨ªa que sumar las de las comunidades que no aportan el dato. Se sabe, por ejemplo, que buena parte de las 1.877 residentes en Toledo, Cuenca y Guadalajara que abortaron en 2021 tuvieron que hacerlo en Madrid y Valencia, al no contar con cl¨ªnicas que lo practiquen en sus provincias. La alternativa en Castilla-La Mancha es ir a un centro a Miguelturra, en Ciudad Real.

La realidad tambi¨¦n demuestra que, incluso en provincias y comunidades donde se realizan abortos, hay ocasiones en las que se tienen que ir a otra, como le sucedi¨® a Correa (en Murcia s¨ª hay cl¨ªnica acreditada). Ahora, con la sentencia del Constitucional en la mano, aquellas mujeres que fueron derivadas a otra autonom¨ªa podr¨ªan exigir una indemnizaci¨®n por el incumplimiento de la ley de plazos del aborto de 2010, vigente hasta el pasado 28 de febrero, que establec¨ªa: ¡°Corresponder¨¢ a las autoridades sanitarias competentes garantizar la prestaci¨®n contenida en la red sanitaria p¨²blica, o vinculada a la misma, en la comunidad aut¨®noma de residencia de la mujer embarazada, siempre que as¨ª lo solicite la embarazada¡±.

La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo, en vigor desde el 1 de marzo, no deja claro el ¨¢mbito geogr¨¢fico en el que se tiene que practicar la interrupci¨®n, pero s¨ª establece indicaciones de cercan¨ªa y equidad territorial. Se mantuvo el texto del art¨ªculo 19 y se modific¨® el 18, que qued¨® as¨ª: ¡°Las usuarias del Sistema Nacional de Salud tendr¨¢n acceso a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad efectiva. Las administraciones sanitarias que no puedan ofrecer dicho procedimiento en su ¨¢mbito geogr¨¢fico remitir¨¢n a las usuarias al centro o servicio autorizado para este procedimiento, en las mejores condiciones de proximidad de su domicilio, garantizando la accesibilidad y calidad de la intervenci¨®n y la seguridad de las usuarias¡±.

En total, hay 12 provincias que no reportan abortos: Toledo, Guadalajara, Cuenca, Huesca, Teruel, Palencia, ?vila, Segovia, Soria, Zamora, Ja¨¦n, C¨¢ceres, adem¨¢s de las ciudades aut¨®nomas de Ceuta y Melilla. El problema es que en ellas los hospitales p¨²blicos no practican abortos y no hay cl¨ªnicas privadas de interrupci¨®n voluntaria del embarazo que, bajo conciertos con el Sistema Nacional de Salud, son las que llevan garantizando el acceso al aborto los ¨²ltimos 40 a?os. En 2021 realizaron el 84,3% de los que se practicaron en Espa?a.

Un sistema concertado

En cualquier caso, y a no ser que las mujeres decidan acudir directamente a una cl¨ªnica sin pasar por el centro de salud o el hospital por diversos motivos, los servicios que prestan esas cl¨ªnicas est¨¢n financiados por el Estado, es decir, que es una prestaci¨®n gratuita para las mujeres. A la cuesti¨®n de por qu¨¦, despu¨¦s de casi cuatro d¨¦cadas desde que se despenaliz¨® el aborto en Espa?a, todav¨ªa en los hospitales p¨²blicos no se practique ese servicio, la respuesta que dan las comunidades aut¨®nomas y el Gobierno (en el caso de Ceuta y Melilla) es que sus m¨¦dicos son objetores y, por tanto, no se les puede obligar a practicarlos. Y, si no existen cl¨ªnicas privadas para remitirlas, no queda otro remedio que trasladarlas fuera para garantizar su derecho.

Esto, en realidad, no siempre es as¨ª. No todos los m¨¦dicos de todos los hospitales que no practican abortos se declaran objetores. De hecho, ni siquiera existe un censo en el que se pueda saber qui¨¦nes lo son. Esto, a pesar de que la nueva ley establec¨ªa crear un registro que permita organizar los servicios de forma que se garantice la posibilidad de abortar en todas las provincias y a pesar de que, ante la inacci¨®n de las autonom¨ªas, el Ministerio de Igualdad envi¨® una carta a todos los territorios el pasado mayo ¡°para que estas garanticen que se lleven a cabo urgentemente todas las medidas relacionadas con la interrupci¨®n voluntaria del embarazo con las que cuenta la nueva Ley¡±.

Lo que sucede, seg¨²n han relatado diversos ginec¨®logos de estos hospitales a este peri¨®dico, es que por sistema algunos servicios no practican abortos y, aunque ellos no son objetores, no tienen la posibilidad de hacerlo, ya sea porque el jefe de servicio se niega o porque existe una tradici¨®n que nadie ha roto.

Lo ejemplificaba Helena, nombre ficticio de una ginec¨®loga que trabaja en un hospital madrile?o: ¡°Cuando llegu¨¦ y pregunt¨¦ por los abortos, me dijeron que no los hac¨ªan, que el servicio era objetor. ?C¨®mo va a ser un servicio objetor? Solo pueden objetar los m¨¦dicos, yo no soy objetora¡±. Pero un m¨¦dico por s¨ª mismo no puede romper esta din¨¢mica, es necesario que el hospital se implique para poner los medios y el resto del personal (enfermeras, anestesista, celadores...).

Por lo general, no se consulta peri¨®dicamente a los hospitales si hay personal dispuesto a realizarlos. El sistema est¨¢ implantado de tal manera que se automatizan las derivaciones. Es algo que lleva pasando desde 1985 y que se ha mantenido durante estos casi 40 a?os.

Entonces, el sistema se encontr¨® con que no era viable realizarlos en los hospitales p¨²blicos, ya que los profesionales se negaban. Ya fuera por conciencia, ya fuera porque no quer¨ªan quedar se?alados o porque, como confiesan algunos, si aceptaban esta tarea probablemente se vieran relegados a ella, dejando aparte otras que suelen ser m¨¢s satisfactorias para los ginec¨®logos.

Ante la nueva realidad que plantea el Constitucional y las eventuales demandas que podr¨ªan recibir, algunas comunidades aut¨®nomas que derivan fuera, como Castilla y Le¨®n, explican a EL PA?S que est¨¢n a la espera de que se apruebe en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud las pautas para crear este registro para ponerlo en marcha, tal y como marca la ley.

En Andaluc¨ªa, que no deriva fuera, pero s¨ª tiene una provincia donde no se practican (Ja¨¦n), la consejera de Salud, Catalina Garc¨ªa, dijo recientemente en el Parlamento regional que se han formado equipos de trabajo para poner un hospital p¨²blico de referencia por provincia donde se puedan llevar a cabo. Y en la Comunidad Valenciana, desde la consejer¨ªa de Sanidad explican que a finales del a?o pasado se actualiz¨® el documento de coordinaci¨®n asistencial ¡°con el objetivo de que los hospitales p¨²blicos asuman el mayor n¨²mero de casos, tanto interrupciones farmacol¨®gicas (con pastillas) como quir¨²rgicas, y asegurar al m¨¢ximo la calidad y la equidad en la prestaci¨®n¡±.

La disparidad seg¨²n los territorios es enorme y la sentencia del Tribunal Constitucional sienta una base legal que podr¨ªa ejercer presi¨®n para que las autonom¨ªas comiencen a implementar las medidas necesarias para que ninguna mujer tenga que desplazarse lejos de casa para poder tener garantizado su derecho. Pero, dice Francisca Garc¨ªa, la presidenta de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo (ACAI), que esa resoluci¨®n del tribunal ha olvidado algo que tambi¨¦n es central, adem¨¢s de la cercan¨ªa, ¡°la calidad¡±. Explica que ¡°a pesar del cambio normativo no se puede forzar de repente a la sanidad p¨²blica, si no se ha formado a los profesionales, se han creado unidades espec¨ªficas con unidades multidisciplinares¡±. Y no solo para conocer y aplicar las distintas t¨¦cnicas, sino en ¡°el trato, en el acompa?amiento y en el apoyo¡± en un momento que nunca es f¨¢cil.

Las elecciones pueden ser un punto de inflexi¨®n con respecto al derecho a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo. Mientras PSOE y Sumar incluyen en sus programas garantizarlo en todas las comunidades, con ¨¦nfasis en ¡°zonas rurales donde hay menos servicios¡± (en el caso de los socialistas), el PP propone que las menores vuelvan a necesitar consentimiento paterno y su posible socio de gobierno, Vox, promete directamente derogar la actual ley.