La ONU respalda los di¨¢logos y el sometimiento a la justicia de los grupos armados en Colombia
El organismo presenta un informe sobre la cr¨ªtica situaci¨®n de violencia en el pa¨ªs durante el gobierno saliente y entrega recomendaciones al de Gustavo Petro. Sugiere una depuraci¨®n de las fuerzas militares en casos de violaciones de derechos humanos
La ONU respalda el sometimiento a la justicia de grupos armados en Colombia. As¨ª se desprende del informe Violencia Territorial: Recomendaciones para el nuevo Gobierno, que entre otras propuestas plantea la ¡°adopci¨®n de un marco legal y una estrategia para el sometimiento colectivo de estos grupos como est¨¢ previsto en el Acuerdo de Paz¡±.
En el documento de despedida de Iv¨¢n Duque, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hace un balance de la cr¨ªtica situaci¨®n humanitaria que viven comunidades a lo largo del territorio y concluye que es necesario revisar la estrategia del Estado para enfrentar estos grupos y organizaciones y proteger a las poblaciones afectadas y recomienda al Gobierno entrante de Gustavo Petro actuar con urgencia sobre tres ejes principales.
El primero es ¡°reducir significativamente y finalmente eliminar la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales en los territorios afectados por la violencia, a trav¨¦s de un esfuerzo combinado en cuatro ¨¢reas¡±. En este eje concretamente propone no solo ¡°la implementaci¨®n de una pol¨ªtica estatal eficaz de desmantelamiento de estos grupos ¨C concertada con la sociedad civil en el marco de la Comisi¨®n Nacional de Garant¨ªas de Seguridad¡±; sino tambi¨¦n la adopci¨®n de un marco legal y una estrategia para el sometimiento colectivo de estos grupos como previsto en el Acuerdo de Paz. Recomienda tambi¨¦n que el nuevo Gobierno implemente una estrategia estatal de protecci¨®n de civiles; y por ¨²ltimo que considere ¡°genuinamente¡± el llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopci¨®n de acuerdos humanitarios o de paz con los grupos.
El gobierno de Gustavo Petro ha dicho que buscar¨¢ la ¡°paz total¡±, que implica continuar una negociaci¨®n con el ELN, la ¨²ltima guerrilla activa en Colombia y abrir caminos con otros grupos y bandas paramilitares. Recientemente se conoci¨® una carta en la que algunos de esos grupos armados dicen estar dispuestos a iniciar un cese al fuego a partir del pr¨®ximo 7 de agosto y hablan de desarmarse, de pedir perd¨®n, de reparar a las v¨ªctimas y de decir la verdad. El canciller electo, ?lvaro Leyva, confirm¨® haber recibido la carta y los acercamientos.
Otra de las sugerencias de la ONU al Gobierno es que priorice la implementaci¨®n del Acuerdo de Paz con las FARC puntualmente en los temas de reforma rural, consolidar la implementaci¨®n de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), teniendo en cuenta a las comunidades afectadas, y relance el Programa Nacional de Sustituci¨®n de Cultivos Il¨ªcitos (PNIS).
Y finalmente que en las zonas m¨¢s afectadas por la violencia refuerce la presencia de instituciones de la justicia y de los organismos de control en los territorios. Hasta el momento, la respuesta estatal ha sido mayoritariamente militar.
¡°La respuesta del Estado centrada en el uso de la fuerza y cuya medici¨®n de ¨¦xito se reporta en t¨¦rminos de n¨²mero de bajas o capturas infligidas a los grupos armados no estatales y a las organizaciones criminales, en particular respecto de quienes son considerados cabecillas, no ha tenido el impacto esperado. En efecto, los cabecillas dados de baja o capturados son r¨¢pidamente remplazados, sin que se logre una disminuci¨®n sostenible de la violencia¡±, dice el informe presentado por Juliette De Rivero, representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
La ONU coincide tambi¨¦n con algunas de las recomendaciones de la Comisi¨®n de la Verdad en cuanto a la necesidad de una reforma del sector de seguridad. Habla de la necesidad de ¡°modernizar las doctrinas de defensa y seguridad p¨²blica¡±, de un robusto control civil de empresas privadas de seguridad y de armas; la necesidad de un enfoque de g¨¦nero y derechos humanos en la fuerza p¨²blica y, sobre todo ¡°la depuraci¨®n del personal de las estructuras de la Fuerza P¨²blica vinculado a violaciones de derechos humanos, corrupci¨®n o grupos ilegales¡±.
El panorama de violencia que presenta la ONU despu¨¦s del Acuerdo de Paz es tenaz. ¡°La Oficina resalta con preocupaci¨®n el aumento de aproximadamente 200% del n¨²mero de masacres ocurridas entre 2016 y 2021¡å. Los municipios m¨¢s afectados han sido Antioquia, Cauca, Nari?o, Norte de Santander y Valle de Cauca y en lo corrido de 2022, se ha visto un incremento particularmente marcado en Putumayo en comparaci¨®n con el 2021.
El asesinato de l¨ªderes sociales sigue siendo uno de los hechos m¨¢s graves y ha sido progresivo. Entre el 2016 y el 2021, la Oficina verific¨® 562 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos (incluyendo 64 mujeres)¡±. De ellos, al menos 61 v¨ªctimas eran ind¨ªgenas, 21 afrodescendientes y siete personas pertenecientes a la comunidad LGBTI.
Como ha ocurrido durante su mandato, el Informe de despedida de Iv¨¢n Duque causar¨¢ revuelo. ¡°A lo largo del informe se concluye que la respuesta del Estado ha sido insuficiente para reducir los niveles de violencia, y prevenir los abusos cometidos por grupos armados no estatales y organizaciones criminales y proteger adecuadamente a las comunidades de los territorios¡±, indica la ONU.
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