Los gestores de paz, otra jugada audaz
Ser¨ªa ideal que en la decisi¨®n de a qui¨¦nes se les otorga la libertad se pueda pensar en el pa¨ªs, porque esa es la ¨²nica manera de que una decisi¨®n que busca pacificar no se convierta en otro motivo de confrontaci¨®n y violencia
Tiene un reto grande el Gobierno del presidente Gustavo Petro al tomar la decisi¨®n sobre cu¨¢les de los cientos de j¨®venes detenidos en el marco del paro nacional ser¨¢n beneficiados con la libertad al ser declarados gestores de paz. Una decisi¨®n que tiene un marco jur¨ªdico, pero que es sobre todo una decisi¨®n pol¨ªtica.
Los ministros del Interior Alfonso Prada y de Justicia N¨¦stor Osuna han dicho que no habr¨¢ indulto ni amnist¨ªa y que se analizar¨¢ cada caso de manera individual. No habr¨¢ liberaci¨®n generalizada. Y ah¨ª justamente est¨¢ lo m¨¢s importante porque no todos los detenidos est¨¢n acusados de los mismos delitos y algunos de ellos son de suma gravedad.
Ante el anuncio del presidente Gustavo Petro de liberar a estos j¨®venes para que sean gestores de paz de inmediato se activaron reacciones opuestas. Unos argumentan que se criminaliz¨® la protesta social y por eso es justa la decisi¨®n, otros consideran que no se puede premiar a los delincuentes y que se manda un mal mensaje a la sociedad. Sirven algunos elementos de contexto.
La figura de los gestores de paz ha sido usada por varios gobiernos. Delincuentes responsables de hechos atroces han obtenido la libertad bajo la ley que permite al Gobierno pedir el levantamiento de ¨®rdenes de captura como parte de las estrategias para adelantar di¨¢logos de paz con grupos al margen de la ley. En el a?o 2009 Elda Neyis Mosquera Garc¨ªa, alias ¡®Karina¡¯, y Ra¨²l Agudelo Medina, alias ¡®Olivo Salda?a¡¯, dos guerrilleros que ten¨ªan entre sus investigaciones penales las de delitos como secuestro, extorsi¨®n y asesinato, fueron beneficiados con la libertad para ser gestores de paz. Un par de a?os antes, en el 2007, por orden del entonces presidente ?lvaro Uribe V¨¦lez, tambi¨¦n fue liberado Rodrigo Granda de las Farc con el mismo recurso jur¨ªdico.
Lo primero entonces es que la figura de gestor de paz no es nueva; existe la legislaci¨®n que permite hacerlo desde hace tiempo y aparece en la ley 418 de 1997, norma que fue prorrogada y modificada varias veces, la m¨¢s reciente en la ley 2272 de 2022 conocida como la ley de ¡°paz total¡±. En el art¨ªculo 8 de las dos leyes se habla de los ¡°representantes autorizados expresamente por el Gobierno nacional, con el fin de promover la reconciliaci¨®n entre los colombianos, la convivencia pac¨ªfica y lograr la paz¡±. Posteriormente, en el par¨¢grafo 2 se autoriza, por solicitud del Gobierno Nacional, el levantamiento de las ¨®rdenes de captura de quienes vayan a participar en los di¨¢logos de paz.
Esas normas son las que, seg¨²n el Gobierno, ser¨ªan base jur¨ªdica para poder dar libertad a los detenidos. Sin embargo, hay varias dudas. La primera es saber cu¨¢ntos ser¨¢n excarcelados. El ministro Prada dijo que se analizar¨¢n 230 casos ?Ir¨¢n todos los liberados a las mesas de di¨¢logo? y si lo hacen ?van a nombre de alg¨²n grupo ilegal o ser¨¢n voceros del Gobierno? La norma vigente establece que pueden ir a nombre de ¡°un grupo armado organizado al margen de la ley¡±, de ¡°una estructura armada organizada de crimen de alto impacto¡± o como ¡°integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la Rep¨²blica considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privaci¨®n de libertad¡±. ?En qu¨¦ calidad llegan a la mesa y si no van qu¨¦ tareas van a tener?
Tampoco es claro qu¨¦ pasa con los condenados. El ministro N¨¦stor Osuna dijo que los procesos contra las personas que sean liberadas continuar¨¢n. Sin embargo, consultado sobre los condenados, dijo que a¨²n no est¨¢ claro y que eso ser¨¢ reglamentado. Tambi¨¦n cabe preguntarse si miembros de la fuerza p¨²blica detenidos por delitos cometidos en el paro nacional, podr¨ªan ser excarcelados. La norma lo permite. Hacerlo es decisi¨®n pol¨ªtica.
El presidente Gustavo Petro est¨¢ cumpliendo una promesa hecha a j¨®venes que participaron en la protesta social y que son base importante de sus seguidores y que votaron por ¨¦l. Recordemos que el tema estuvo en su discurso de triunfo y que intentaron incluir un art¨ªculo de indulto en el proyecto de paz total que finalmente se cay¨®. Ahora parece usarse con mucha elasticidad la figura de los gestores de paz con el fin de pedir el levantamiento de las ¨®rdenes de captura. ?Se puede estirar tanto la norma?
La decisi¨®n no es menor. Entre los detenidos hay algunos que han sido imputados por delitos graves. Es el caso de Sergio Andr¨¦s Pastor, ya condenado a 14 a?os de prisi¨®n. Dif¨ªcil que el presidente Gustavo Petro pida su excarcelaci¨®n luego de una condena por concierto para delinquir y tortura. El personaje se ha convertido en s¨ªmbolo de los delitos cometidos en el marco del paro. No olvidar, sin embargo, que otros condenados por delitos atroces han sido gestores de paz.
En la otra orilla est¨¢n los abusos por parte de la fuerza p¨²blica documentados en varios escenarios. El m¨¢s reciente es el informe de Amnist¨ªa Internacional en el cual se relatan con detalle 28 casos de violencia sexual y de g¨¦nero en el marco del paro. Esto ha permitido decir que tambi¨¦n hubo abusos en las detenciones y las imputaciones, y que se criminaliz¨® la protesta, como ha dicho el propio presidente Gustavo Petro.
En los argumentos para otorgar la libertad se dice que se busca apaciguar al pa¨ªs por todas las v¨ªas. Sin embargo, no es claro si se lograr¨¢ el objetivo. La decisi¨®n manda un mensaje de paz a un sector que sinti¨® sus derechos vulnerados en la protesta, pero radicaliza a otro que no respalda esas concesiones y que sinti¨® tambi¨¦n afectados derechos colectivos. El asunto no es f¨¢cil. De nuevo el presidente Gustavo Petro hace una jugada audaz. Ser¨ªa ideal que en la decisi¨®n de a qui¨¦nes se les otorga la libertad y qu¨¦ tareas van a tener se pueda pensar en el pa¨ªs, en todo el pa¨ªs, porque esa es la ¨²nica manera de que una decisi¨®n que busca pacificar no se convierta en otro motivo de confrontaci¨®n y violencia.
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