Por la Guajira, por la palabra

Se aproximan las fiestas de fin de a?o, cuyo esp¨ªritu es de reflexi¨®n, esperanza y celebraci¨®n. Reflexi¨®n por cuanto, con la perspectiva que s¨®lo el tiempo brinda, repasamos aquello que ocurri¨® durante el a?o; esperanza y celebraci¨®n de cara a una nueva etapa que, ojal¨¢, ser¨¢ mejor.

Sin embargo, en muchos lugares de Latinoam¨¦rica, la regi¨®n m¨¢s desigual del planeta, hay poco espacio para la esperanza y a¨²n menos para la celebraci¨®n. El Departamento de La Guajira, en Colombia, es uno de esos sitios.

?Por qu¨¦? Las razones son tantas que faltar¨ªa espacio para enumerarlas. Menciono una que, en s¨ª misma, escandaliza: entre 2018 y 2022, solo en La Guajira han muerto m¨¢s de 360 ni?as y ni?os por causas asociadas a la desnutrici¨®n y, de ese total, en lo que va de 2022, ya han fallecido 78 ni?as y ni?os, cifra que, de aumentar, duplicar¨ªa las muertes registradas en 2021.

Alarmada por la situaci¨®n, a fines de septiembre e inicios de octubre tuve la oportunidad de llevar adelante una Misi¨®n Oficial de trabajo a Colombia como Relatora Especial y, en el marco de esta, visitar La Guajira. Fue, de hecho, la primera vez que un mandato internacional de Derechos Humanos concurri¨® a la zona, lo cual se dio gracias a la anuencia del Gobierno colombiano.

Acompa?ada por mi equipo de trabajo estuve en Manaure, Maicao, Uribia, Albania y Riohacha para, entre otras cosas, constatar la situaci¨®n de acceso y garant¨ªa de los derechos econ¨®micos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de quienes all¨ª habitan, con especial foco en el Pueblo Wayuu.

Se trata de un territorio ubicado en la frontera con Venezuela y predominantemente ind¨ªgena, representando el Pueblo Wayuu al 48% de la poblaci¨®n. Y es el Departamento que tiene el mayor ¨ªndice de pobreza monetaria de Colombia.

La realidad all¨ª es dram¨¢ticamente dicot¨®mica. Eso porque, a pesar de ser una tierra de riquezas naturales y culturales, La Guajira sufre una falta de acceso a derechos humanos b¨¢sicos debido a la pobreza, la desigualdad y la discriminaci¨®n estructural. Y como si no fuera suficiente, el oscuro panorama se agrava por hechos de corrupci¨®n y desarticulaci¨®n institucional.

Es un contexto que impacta de manera desproporcionada al Pueblo Wayuu, a personas afrocolombianas, otros pueblos ind¨ªgenas, personas afro-wayuu, as¨ª como a personas en situaci¨®n de movilidad humana.

Pudimos constatar, de primera mano, que en La Guajira gran parte de la poblaci¨®n carece del m¨ªnimo acceso a derechos como el agua, la alimentaci¨®n, el medio ambiente sano, la salud, la vivienda, el trabajo digno o la educaci¨®n. Una situaci¨®n que llev¨® a la Corte de Constitucionalidad de Colombia a declarar la existencia de un ¡°Estado de Cosas Inconstitucional¡±. Y a la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos a ordenar medidas cautelares ante el acuciante riesgo en que se encuentra la infancia, como las mujeres gestantes y las personas mayores wayuu.

Los motivos tras la dura realidad de La Guajira son tantos y tan complejos que no caben en una columna. Es que abordar aqu¨ª las denuncias recibidas, por ejemplo, sobre la situaci¨®n de personas defensoras de Derechos Humanos; de actos de corrupci¨®n o falta de transparencia institucional; de la asimetr¨ªa de poder entre comunidades y el sector empresarial, especialmente de empresas extractivas, como Cerrej¨®n Limited, o de las empresas e¨®licas que se instalan por decenas en la zona, sin que el pueblo guajiro se beneficie como deber¨ªa de tales explotaciones, requerir¨ªa de mucha tinta.

Nos consta que el Estado colombiano hace a?os que viene adoptando medidas para hacer frente a la situaci¨®n, como ilustra la existencia de la Comisi¨®n Intersectorial para el Departamento de La Guajira, creada en 2020 o los Di¨¢logos Regionales Vinculantes promovidos por el actual Gobierno.

Reconozco como se?ales esperanzadoras, la movilizaci¨®n de autoridades y funcionariado al terreno para acompa?arnos y darnos informaci¨®n de primera mano durante la visita. O el reciente discurso del Presidente Gustavo Petro al reconocer con plena honestidad que ¡°es un fracaso que en el Gobierno se hayan muerto 20 ni?os por desnutrici¨®n¡±.

Sin embargo, tales acciones son a todas luces insuficientes para mejorar las condiciones de vida de las comunidades o prevenir las muertes evitables de ni?os y ni?as, que semana a semana se siguen produciendo. Un panorama que ser¨¢ cada vez m¨¢s complejo mientras no exista un plan debidamente articulado, financiado, concertado y culturalmente pertinente que, entre otras cosas, responda a un censo actualizado y comprensivo del Pueblo Wayuu.

S¨®lo poniendo los derechos humanos de la poblaci¨®n de La Guajira en el centro de las medidas de las autoridades nacionales y de las empresas que operan en la zona, podr¨¢ cambiar la triste realidad que cada d¨ªa les toca vivir a miles de personas. Las recomendaciones preliminares hechas tras la visita de mi mandato ofrecen una hoja de ruta clara para avanzar en esta direcci¨®n y estamos deseando apoyar en su puesta en marcha.

Las autoridades tradicionales del Pueblo Wayuu se denominan ¡°Palabreros¡±, lo que refleja el valor central que para su cosmovisi¨®n tienen la palabra. Durante la visita, en una de las reuniones con dichas autoridades me designaron ¡°Palabrera¡±. Un cargo demasiado grande que debemos compartir entre todas las personas e instituciones que, de uno u otro modo, hemos tomado contacto con su alarmante realidad.

Por ello, este es mi llamado urgente de fin de a?o. Por el Pueblo Wayuu, con su inigualable resiliencia y amor a su tierra. Por la palabra con una causa de vida o muerte.

*Soledad es Abogada. Relatora Especial sobre Derechos Econ¨®micos, Sociales, Culturales y Ambientales, de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos.

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