Denuncian amenazas por evitar que reabra una de las grandes minas de carb¨®n en Colombia

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Desde principios de los a?os 90 varios municipios de Cesar, en el norte de Colombia, han estado marcados por su actividad minera, tanto as¨ª que a un grupo de ellos se les conoce como el ¡°corredor minero de Cesar¡±. All¨ª, las comunidades han crecido y evolucionado junto al carb¨®n, ya que empresas como la estadounidense Drummond, Prodeco (subsidiaria de la multinacional suiza Glencore) y Colombian Natural Resources (CNR, de la estadounidense American Consolidated Natural Resources) se han ido acomodando a su alrededor.

Pero hacia septiembre de 2021, esas l¨®gicas se llenaron de incertidumbre, pues la Agencia Nacional Minera (ANM) del pa¨ªs acept¨® que Prodeco renunciara a tres t¨ªtulos mineros, dos en el proyecto Calenturitas y uno en la mina La Jagua, sin dejar mayor claridad de c¨®mo ser¨ªa el proceso de salida. Esto, seg¨²n diferentes l¨ªderes de este ¨²ltimo municipio, no solo les ha hecho preguntarse por el futuro de la regi¨®n, sino que ha ahondado en los problemas de seguridad p¨²blica que ya ten¨ªan.

En una reuni¨®n en la que convocaron a varios medios de comunicaci¨®n, l¨ªderes de La Jagua que prefieren mantener sus nombres en anonimato denunciaron que el contexto de la salida de Prodeco ha llevado a que muchos de ellos hayan recibido amenazas contra sus vidas. La mina en este momento no se encuentra en operaciones. Como explic¨® la misma empresa a Am¨¦rica Futura, est¨¢ en ¡°proceso de cuidado y mantenimiento a la espera de la decisi¨®n final de las autoridades sobre la renuncia a los contratos mineros¡±, los l¨ªderes se?alaron que hay presi¨®n por una parte de la comunidad para que reabra la mina. Quienes est¨¢n recibiendo amenazas son el grupo de personas que considera que las minas no deber¨ªan retomar operaciones, pero que exigen que la empresa no las abandone antes de cumplir con un Plan de Manejo Ambiental con el que consideran que est¨¢ en deuda.

¡°Vivimos intranquilos¡±, se?al¨® uno de los l¨ªderes amenazados. ¡°La inseguridad por ejercer esta defensa de nuestro punto de vista, de nuestro territorio, nos puede costar la vida¡±, agreg¨®. Las personas que elevaron esta denuncia tienen en com¨²n que han sido muy cr¨ªticos de la forma en la que Prodeco abandonar¨¢ la mina y de la falta de un reglamento del Estado colombiano que garantice claramente c¨®mo hacerlo sin vulnerar sus derechos, pues hasta el momento la figura de abandono de minas en el pa¨ªs es un caso in¨¦dito. Exigen compensaciones ambientales para la comunidad y nuevos planes de empleo para reemplazar los puestos que se perdieron con el cierre.

Otro de los l¨ªderes asegura que Prodeco no ha cumplido con todas las obligaciones que le impon¨ªa la licencia ambiental que obtuvo para operar la mina. Ante esto, la compa?¨ªa respondi¨® a este diario que ¡°est¨¢n trabajando con las autoridades locales y nacionales competentes para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones en desarrollo del proceso de entrega de la infraestructura minera al Estado colombiano¡±. Igualmente, afirm¨® que su obligaci¨®n es ¡°entregar la infraestructura y los activos mineros en condiciones operativas al Estado¡±, incluyendo los programas ambientales y ¡°sociales para preparar a las comunidades para la vida posterior a la miner¨ªa¡±.

En medio de este escenario y de la confusi¨®n sobre el cierre de las minas, un grupo de personas puso una acci¨®n de tutela que pide al Estado colombiano y a Prodeco establecer una mesa para discutir el plan de abandono. En septiembre pasado, la justicia les dio la raz¨®n. Esto, sin embargo y seg¨²n este grupo de l¨ªderes, no ha menguado la conflictividad y polarizaci¨®n que se vive en La Jagua por el futuro de la mina.

¡°En este momento estamos vulnerables¡±, aseguran. ¡°Hay gente en la calle que nos grita que por culpa nuestra es que cerraron la mina¡±, comentaron durante la reuni¨®n que fue convocada por investigadores de la Universidad de Magdalena, el Stockholm Environment Institute (SEI), la Asociaci¨®n Interamericana de para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA), POLEN Transiciones Justas y el Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Por su parte, Prodeco explic¨® a Am¨¦rica Futura que rechaza las amenazas contra l¨ªderes sociales o cualquier persona, y que ¡°hace un llamado a las autoridades correspondientes a realizar las investigaciones necesarias para esclarecer el origen de estas amenazas, as¨ª como a implementar las medidas de seguridad correspondientes para la prevenci¨®n y protecci¨®n de la vida y derechos humanos de los miembros de nuestras comunidades¡±.