Los m¨¦todos irregulares del espionaje colombiano, de nuevo bajo la lupa

Los hechos concretos: uno de los organismos de inteligencia colombiano intervino ilegalmente el celular de la ni?era Marelbys Meza, bajo la falsa sospecha de que formaba parte de una de las bandas criminales m¨¢s sanguinarias del pa¨ªs, y la someti¨® a una prueba de pol¨ªgrafo en el s¨®tano de un inmueble contiguo al palacio presidencial. La trabajadora fue relacionada con el hurto de una suma a¨²n inconcreta de dinero de la casa de Laura Sarabia, la joven de 29 a?os que la empleaba y que hasta esta semana estuvo al frente del gabinete del presidente Petro.

Las implicaciones: una trama que, adem¨¢s de hundir la popularidad del primer Gobierno de izquierdas a niveles m¨ªnimos, y desarticular el c¨ªrculo m¨¢s estrecho al presidente, ha instalado un nuevo estado de alerta entre diversos analistas que detectan un complejo problema hist¨®rico y estructural en las discutibles actividades de los servicios de espionaje colombianos. El experto Jer¨®nimo Castillo, investigador de la Fundaci¨®n Ideas para la Paz (FIP), advierte que desde hace unos a?os el pa¨ªs se dirige al desarrollo de un Estado policial: ¡°Estamos, b¨¢sicamente, atrapados en un sistema que ha abusado y banalizado la utilizaci¨®n de esquemas de vigilancia t¨¦cnica. Habr¨ªa que replantear ese sistema porque no hay claridad ni transparencia estatal sobre a qui¨¦n se vigila, c¨®mo se vigila y por qu¨¦ se vigila¡±.

Del esc¨¢ndalo han salido salpicados, sobre todo la Fiscal¨ªa y la Direcci¨®n de Investigaci¨®n Criminal e Interpol (DIJIN), un organismo adscrito a la polic¨ªa. Desde la presidencia de Juan Manuel Santos (2014-2018) se instaur¨® la Direcci¨®n Nacional de Inteligencia, con el objetivo de reorganizar y articular un modelo que, como en el caso estadounidense, se sirve de varias agencias oficiales que confluyen en paralelo en sus tareas de seguridad y contraespionaje. Un formato que expertos como Armando Borrero adjetivan como ¡°adecuado¡± porque la competencia entre agentes constituye una ¡°herramienta de control. Ellos mismos se est¨¢n observando, y muchas veces filtran asuntos a la prensa que de otra forma jam¨¢s se conocer¨ªan¡±.

En el caso de Laura Sarabia la denunciante fue la excuidadora de sus hijos, Marelbys Meza. Pero a partir de la publicaci¨®n de la revista Semana se han sucedido las informaciones sobre irregularidades a¨²n por esclarecer que van desde la utilizaci¨®n del pol¨ªgrafo por fuera de los despachos judiciales, con intermediaci¨®n de interrogadores supuestamente amenazantes, hasta las interceptaciones ilegales a los celulares de Meza y Fabiola Perea, otra de las trabajadoras de la casa de la exjefe de gabinete. Todos los titulares evocan de manera n¨ªtida los episodios de escuchas ilegales ejecutadas en otros tiempos por el oscuro y desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El problema no hace m¨¢s que enredarse y los colombianos se han habituado a episodios similares en los que se suelen vulnerar los derechos y libertades de ciudadanos sin que haya control pol¨ªtico o mecanismos de fiscalizaci¨®n a una actividad cuyo secretismo es esencial para su trabajo. M¨¢s a¨²n en una sociedad conflictiva como la colombiana donde se entrecruzan una diversidad de actores violentos que han llevado al l¨ªmite el equilibrio democr¨¢tico.

¡°Las implicaciones de ¡®chuzar¡¯ a la Corte¡±, explica Castillo, ¡°son delicad¨ªsimas a nivel de seguridad del Estado. Pero este caso, en apariencia m¨¢s simple, debe servirnos para reforzar el mensaje de que los derechos son para todos, todos tenemos derecho a tener nuestra vida privada protegida y a todos nos deben cubrir las garant¨ªas de una autoridad judicial durante cualquier proceso¡±. En pa¨ªses como Reino Unido, la C¨¢mara de los Comunes ejerce ciertos controles, tiene capacidad de exigir responsabilidades y obligar a las agencias a desenvolverse dentro de los l¨ªmites de la legalidad, como el MI5 (inteligencia) o el MI6 (contrainteligencia).

Para el soci¨®logo Eduardo Pizarro Le¨®n G¨®mez, sin embargo, ¡°desgraciadamente tenemos un gran vac¨ªo en ese aspecto y por eso todo se termina desbordando. Las agencias de inteligencia en Colombia se crean y desarrollan con amplia autonom¨ªa, con manejos muy oscuros, y sin que haya una comisi¨®n parlamentaria eficaz que se haga responsable de a qui¨¦n se vigila, c¨®mo se vigila y con qu¨¦ instrumentos¡±. Un asunto espinoso. Y de mal pron¨®stico, si se tiene en cuenta que las posibilidades de limitarlo en un mundo digital son cada vez m¨¢s cosm¨¦ticas. ¡°Hoy no est¨¢ claro si la orden vino de la Fiscal¨ªa o de la DIJIN. En otra ¨¦poca fue un general de la polic¨ªa de apellido Guatibonza. Antes podr¨ªa haber sido el F2o el DAS. Siempre vamos a encontrar culpables¡±, se?ala Jer¨®nimo Castillo.

El problema ha generado malestar en c¨ªrculos period¨ªsticos y otras organizaciones de defensa de los derechos civiles, debido a los antecedentes de espionaje contra la prensa. Casos que en los ¨²ltimos a?os han saltado a los medios con la misma rapidez que son barridos debajo de la alfombra, sin resultados judiciales concretos o visibles. Por eso Castillo se queja de que el debate p¨²blico se haya vuelto a centrar en asuntos coyunturales, cuando en realidad ¡°estamos afrontando una pr¨¢ctica recurrente de violaci¨®n de derechos por escuchas ilegales por parte del Estado colombiano. No abordamos la discusi¨®n desde un ¨¢ngulo estructural, sino desde la perspectiva simple: la pelea entre la se?ora Sanabria y el se?or Benedetti. Estamos tratando un asunto profundo, que se repite indiferentemente del Gobierno de turno, como si fuera una pelea o chisme entre dos particulares¡±.

La ley 1621 de 2013 establece unos par¨¢metros y un marco normativo para las actividades de inteligencia y contrainteligencia. El cap¨ªtulo IV se explaya en una serie de generalidades para monitorear este tipo de trabajos y establece una especie de c¨®digo de conductas. Los analistas coinciden, sin embargo, en que son mecanismos que se violan recurrentemente por agentes que se exceden en sus atribuciones y sobre los cuales no ha habido mayor voluntad para atajar. ¡°La sociedad colombiana ha sido muy d¨¦bil¡±, apunta Armando Borrero, ¡°las Comisiones Segunda de Senado y C¨¢mara, que tienen facultades de control desde 1992, no han sido muy profesionales. Operan cuando hay esc¨¢ndalos, pero no tienen formaci¨®n en el asunto, como s¨ª sucede en el Congreso americano, donde el Comit¨¦ de Inteligencia del Senado suele tener expertos, o han trabajado en ese ramo, o tienen alguna familiaridad. Conocen los proyectos, examinan los presupuestos con lupa. Aqu¨ª no. Esas comisiones operan, a duras penas, cuando les llevan las hojas de vida de los coroneles que van a ascender a generales¡±.

Hoy el responsable de la Agencia Nacional de Inteligencia del Gobierno del presidente Petro es Alberto Casanova. Para muchos una figura discreta, fil¨®sofo de la Universidad de los Andes, antiguo militante de las fuerzas especiales de la guerrilla del M-19 y exjefe de seguridad del presidente. Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que su funci¨®n fundamental se centra en detectar cualquier atisbo de golpe de Estado, al parecer uno de los delirios que m¨¢s agobian al presidente desde que asumi¨® el cargo.

Las actividades de Casanova, rematan, se han visto opacadas por un supuesto corto circuito en la comunicaci¨®n con la Armada, el Ej¨¦rcito y la Polic¨ªa. El incidente expone tensiones ya conocidas del Ejecutivo con los estamentos militares y deja abiertos interrogantes que muy seguramente ser¨¢n instrumentalizados por la oposici¨®n con fines pol¨ªticos m¨¢s que con una vocaci¨®n de control que tampoco ejercieron cuando estuvieron en el poder. Una situaci¨®n, en ¨²ltimas, que se ha venido cociendo bajo la sombra y que podr¨ªa agudizar los da?os causados por la violaci¨®n cr¨®nica de las libertades individuales que Gustavo Petro enarbol¨®, justamente, como uno de los puntales de su proyecto pol¨ªtico.

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