La decisi¨®n de la paz total abre una v¨ªa para la reconciliaci¨®n entre Petro y la Corte Constitucional

La Corte Constitucional le lanz¨® un salvavidas al presidente Gustavo Petro en medio de la incertidumbre que rodea su mandato. Mientras el ambicioso paquete de reformas que present¨® al Congreso est¨¢ atascado ¡ªen 16 meses, s¨®lo la tributaria fue aprobada¡ª y las encuestas sit¨²an su desaprobaci¨®n por encima del 60%, el tribunal consider¨® que la ley de paz total no es contraria a la Constituci¨®n, con la excepci¨®n de algunos poderes que conced¨ªa al presidente. Al preservar el grueso de la norma que habilita al mandatario para adelantar negociaciones paralelas con todo tipo de con grupos ilegales, mantuvo el respaldo legal a los esfuerzos adelantados por el Gobierno en esa materia. Ese episodio es una derrota a medias de las varias que ha vivido Petro en los estrados constitucionales desde que se posesion¨®, en una interacci¨®n que ha sufrido altos y bajos.

Uno de los primeros intercambios del presidente con la Corte, que marc¨® el inicio de ese v¨ªnculo, no fue de car¨¢cter judicial. El 30 de noviembre del a?o pasado, cuando llevaba menos de cuatro meses en el cargo, su impuntualidad produjo un desencuentro con los magistrados del alto tribunal, que se preparaban para recibir a un nuevo miembro, el liberal Juan Carlos Cort¨¦s. M¨¢s de 70 invitados acudieron a la Casa de Nari?o al que puede ser el momento m¨¢s importante en la vida profesional de un juez. A ¨¦l asisten colegas y familiares para ver c¨®mo el presidente le toma juramento para entrar a ocupar el cargo m¨¢s alto del sistema judicial. La cita era a las seis de la tarde y todos estaban listos, exceptuando Petro, quien estaba en Medell¨ªn y no tom¨® el vuelo de regreso a Bogot¨¢ a la hora requerida para asistir al evento.

¡°El presidente Petro dej¨® metida a toda la c¨²pula judicial, a toda¡±, coment¨® un magistrado que asisti¨® a la Casa de Nari?o y presenci¨® los hechos. La molestia que produjo el desplante fue gestionada por N¨¦stor Osuna, ministro de Justicia, y por Vladimir Fern¨¢ndez, entonces secretario jur¨ªdico de Presidencia y quien finalmente jurament¨® ¡ªuna hora despu¨¦s de lo previsto¡ª a Cort¨¦s. Los magistrados, y dem¨¢s invitados, dejaron patente su desagrado, pues abandonaron el lugar inmediatamente despu¨¦s y no acudieron a la cena que estaba programada con Petro.

No fue el mejor inicio para las relaciones. No obstante, a lo largo de los meses siguientes, el presidente manifest¨® sus desacuerdos con la Corte de forma respetuosa. Incluso cuando se trataba de asuntos centrales de su agenda pol¨ªtica, mostr¨® la moderaci¨®n que caracteriz¨® sus primeros meses como jefe de Estado.

Un ejemplo es el de la tauromaquia. Como alcalde de Bogot¨¢, entre 2012 y 2015, el hoy mandatario se opuso a estas faenas y no prest¨® la plaza La Santamar¨ªa para la realizaci¨®n de la temporada taurina. El pasado enero, cuando el tribunal orden¨® el regreso de las corridas a la capital, advirtiendo que solo se pueden prohibir a trav¨¦s de una ley, Petro sencillamente manifest¨® respetuosamente su discordia y solicit¨® a los legisladores tramitar un proyecto en ese sentido.

Otra cuesti¨®n neur¨¢lgica para el presidente son las potestades sancionatorias de la Procuradur¨ªa General de la Naci¨®n. Como alcalde fue destituido e inhabilitado por la instituci¨®n, hechos que demand¨® ante instancias internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) termin¨® fallando a su favor, ordenando al Estado colombiano modificar su legislaci¨®n para que ninguna autoridad administrativa, como la Procuradur¨ªa, pueda apartar de sus funciones a personas electas por voto popular.

En febrero, a ra¨ªz de una reforma que se adelant¨® para acatar esa instrucci¨®n de la Corte IDH, la Corte Constitucional determin¨® que la Procuradur¨ªa s¨ª puede tomar esa decisi¨®n, pero que luego el Consejo de Estado, otro alto tribunal del pa¨ªs, debe avalarlas y solo entonces tienen efecto. Petro, en su cuenta de X ¡ªantes Twitter¡ª, lament¨® que la Corte ¡°restrinja esa prohibici¨®n s¨®lo a funcionarios elegidos¡± y no se extienda a todos los ciudadanos. ¡°A ninguna persona se le pueden quitar sus derechos pol¨ªticos sino por sentencia de juez penal¡±, agreg¨®.

M¨¢s adelante, la postura del presidente pas¨® a los aplausos. Por ejemplo, en junio, calific¨® como ¡°una excelente decisi¨®n¡± que se declarara inconstitucional la exigencia de 1.300 semanas de cotizaci¨®n para que las mujeres puedan acceder a su pensi¨®n de vejez. La Corte encontr¨® que padecen inequidades frente a los hombres en el mercado laboral, por lo que el requisito deber¨ªa ser menor. Petro asegur¨® que la providencia hac¨ªa ¡°a¨²n m¨¢s necesaria la reforma pensional para poder financiar este gran logro de la mujer trabajadora¡±.

Sin embargo, ese buen tono cambio recientemente con las decisiones sobre la declaratoria de emergencia econ¨®mica, social y ecol¨®gica en La Guajira, uno de los departamentos m¨¢s pobres del pa¨ªs, que llev¨® a cabo el Gobierno en julio. El objetivo de la medida, seg¨²n afirm¨® Petro en una visita previa a la regi¨®n, era prepararse para ¡°una sequ¨ªa que nunca antes se hab¨ªa visto¡± y evitar una calamidad p¨²blica. Con la declaratoria pod¨ªa expedir normas con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, una prerrogativa excepcional que la Constituci¨®n prev¨¦ para situaciones urgentes, inesperadas y que no se pueden enfrentar con las normas vigentes.

Inici¨®, entonces, una discusi¨®n sobre qu¨¦ tan legal era la declaratoria, ya que se fundamentaba en condiciones que ven¨ªan desde hace varios a?os. La misma Corte Constitucional hab¨ªa advertido, en 2017, la existencia de un problema estructural tan grave en la regi¨®n que le mereci¨® el concepto de ¡°estado de cosas inconstitucional¡±. Bajo la l¨®gica de que la crisis no obedec¨ªa a hechos recientes, el 2 de octubre la Corte tumb¨® la declaratoria y procedi¨® a revisar los 11 decretos que emiti¨® Petro posteriormente. Todos se cayeron tras no superar el estudio de constitucionalidad.

Inicialmente, Petro agach¨® la cabeza. Luis Fernando Velasco, su ministro del Interior, asever¨® que la Administraci¨®n respetaba la decisi¨®n y se adecuaba. Sin embargo, a medida que han ido muriendo jur¨ªdicamente los distintos decretos, el primer mandatario ha evidenciado su molestia. Con s¨¢tira, en su cuenta de X, cuestion¨® que los magistrados dejaran sin validez un decreto que institu¨ªa el cobro de 1.000 pesos colombianos (25 centavos de d¨®lar) en la factura de energ¨ªa de los hogares de mayores ingresos para financiar obras en La Guajira. ¡°?En d¨®nde estar¨¢ la justicia?¡±, escribi¨® en la red social, citando a un medio de comunicaci¨®n que daba la noticia sobre la decisi¨®n judicial. D¨ªas despu¨¦s le baj¨® al tono. Dijo que respetaba el fallo, pero no lo compart¨ªa.

Pero esa fue apenas la antesala del golpe m¨¢s duro que ha recibido en ese estrado y que afecta directamente sus planes de cambio. La Corte determin¨® la inexequibilidad de un art¨ªculo de la reforma tributaria que imped¨ªa la deducci¨®n de regal¨ªas por parte de empresas que explotan recursos naturales, lo que promet¨ªa recaudar entre dos y cinco billones de pesos al a?o. Nuevamente se?al¨® que acataba la sentencia, pero luego lanz¨® una fuerte cr¨ªtica: ¡°El fallo quita el dinero de colegios y hospitales que ya estaban aprobados por el Congreso y lo pasa directamente a las utilidades de las multinacionales due?as de contratos de carb¨®n y petr¨®leo¡±. Este domingo continu¨® y, citando una columna del constitucionalista Rodrigo Uprimny que critica el fallo de la Corte, a?adi¨®: ¡°No solo se ha hecho un regalo a la empresa extractiva sino al capital f¨®sil en contrav¨ªa de lo que la humanidad busca¡±. El presidente se refer¨ªa a su cruzada por la transici¨®n energ¨¦tica y en contra de los hidrocarburos. En la Cumbre del Clima (COP28), celebrada en Dub¨¢i, firm¨® un tratado de no proliferaci¨®n de combustibles f¨®siles y reiter¨® su inter¨¦s por no celebrar nuevos contratos de exploraci¨®n y explotaci¨®n.

Bajo este contexto, la decisi¨®n sobre la paz total puede marcar un cambio en esa tirante relaci¨®n, pues la Corte mantuvo con vida las negociaciones que su Gobierno emprendi¨® con diferentes estructuras armadas. Entre tanto, Petro cambiar¨¢ de asesor jur¨ªdico. Logr¨® que su secretario legal, Vlad¨ªmir Fern¨¢ndez, pase a ser miembro de la Corte, en donde se debe posesionar en los pr¨®ximos d¨ªas. Del propio presidente y del nuevo secretario depende que el Gobierno pueda sacarle el mayor provecho a esa relaci¨®n y evitar desavenencias con un tribunal que tiene la capacidad de ser un palo en la rueda en los dos a?os y medio que le quedan de mandato.

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