Contratos injustificados y facturas sin reportar, entre los nuevos hallazgos del Gobierno en tres EPS intervenidas

La reforma a la salud es una obsesi¨®n fallida de Gustavo Petro. No ha tenido ¨¦xito en que sea aprobada en el Congreso, ha enfrentado multitudinarias marchas en contra y ha perdido algunos miembros de su gabinete. En medio de ese choque, en abril la Superintendencia de Salud intervino tres entidades promotoras de salud (EPS) cuya permanencia o desaparici¨®n est¨¢ en el coraz¨®n de la puja. La semiestatal Nueva EPS, la vallecaucana Servicio Occidental de Salud (SOS) y la reconocida EPS Sanitas suman m¨¢s de 17,6 millones de afiliados y desde entonces est¨¢n administradas por gerentes interventores designados por la Superintendencia, que es parte del Ejecutivo. La noticia de la intervenci¨®n, que despert¨® temor en millones de colombianos y le vali¨® todo tipo de reproches al Gobierno, fue justificada este jueves en la ma?ana por el superintendente designado por Petro, Luis Carlos Leal, con cifras y datos durante en una rueda de prensa.

Ante las c¨¢maras y mientras era transmitido por los canales de la Presidencia de la Rep¨²blica, Leal se par¨® sobre un atril y comunic¨® que dar¨ªa a conocer ¡°los hallazgos m¨¢s importantes tras la intervenci¨®n de estas tres EPS¡±. En una pantalla a sus espaldas se proyectaba el listado de irregularidades que, afirma, encontraron sus equipos, y que seguramente ser¨¢n objeto de escrutinio y discusi¨®n. ¡°Es necesario recordar, adem¨¢s, que estos son diagn¨®sticos fundamentales y ser¨¢n la base para ese plan de trabajo que tiene que presentar cada uno de los agentes interventores para corregir cualquier tipo de error administrativo en prestaci¨®n de servicios de salud y garantizar el derecho fundamental a la salud de todas las personas¡±, asegur¨® Leal.

Su exposici¨®n inici¨® con Sanitas, que es propiedad del holding empresarial Keralty y cuyo equipo jur¨ªdico anunci¨®, luego de la intervenci¨®n, que tomar¨ªa acciones legales en contra del Estado colombiano. El superintendente detall¨®, una por una, las distintas inconsistencias que saltaron a la vista a lo largo de dos meses de escrutinio contable y financiero. Sus se?alamientos m¨¢s fuertes son las p¨¦rdidas por m¨¢s de 400.000 millones de pesos (100 millones de d¨®lares) sin justificaci¨®n; la destinaci¨®n de 104.226 millones (cerca de 26 millones de d¨®lares) para sostener la operaci¨®n de centros m¨¦dicos, que deb¨ªan sufragarse con otros recursos; los acuerdos de exclusividad con una firma suministradora de medicamentos, perjudicando la disponibilidad y acceso de 5,6 millones de afiliados; y la existencia de manuales tarifarios paralelos que exced¨ªan los costos reconocidos por la ley.

Leal tambi¨¦n indic¨® que Sanitas no contaba con estudios sobre las condiciones de salud de sus afiliados ¡ªcomo su calidad de vida, sus factores de riesgo o sus patolog¨ªas¡ª, lo que le imped¨ªa tomar decisiones basadas en evidencia y optimizar el gasto. ¡°Cuando no se hace una caracterizaci¨®n adecuada, no hay c¨®mo crear un plan para incidir en que la poblaci¨®n tenga un adecuado estado de salud¡±, explic¨®.

El segundo turno en la rueda de prensa fue para Nueva EPS, que cuenta con 10,8 millones de afiliados y tiene al Ministerio de Hacienda como su accionista mayoritario. Lo primero a lo que se refiri¨® Leal fueron los gastos por 5 billones de pesos (1.250 millones de d¨®lares) que, precisa, no se registraron en los libros contables. ¡°Esto genera m¨²ltiples dudas sobre c¨®mo fue el manejo en materia financiera y en los balances que se presentaron a la junta directiva¡±, declar¨®. La modalidad para no registrar este monto, dijo, consist¨ªa en ocultar las facturas al finalizar el a?o, para lograr un balance final m¨¢s favorable, y luego haci¨¦ndolas pasar como si fueran del a?o siguiente. Seg¨²n el superintendente, actualmente se adelanta una investigaci¨®n para dar con las razones por las que este mecanismo de ocultamiento no fue identificado previamente. Los dem¨¢s hallazgos en la EPS de la que son accionistas varias cajas de compensaci¨®n fueron varios contratos sin legalizar; la ausencia de dictamen del revisor fiscal a los estados financieros de 2023, y el incremento del costo m¨¦dico en 58,3% durante los ¨²ltimos dos a?os.

Solo minutos despu¨¦s de que Leal acabara la rueda de prensa, los miembros de la antigua junta directiva de Nueva EPS ¡ªremovidos en noviembre del a?o pasado tras la presi¨®n del Gobierno¡ª emitieron un comunicado. En el documento dicen que no conoc¨ªan de las facturas ocultas, recordando que las consultoras Deloitte y KPMG hab¨ªan realizado evaluaciones positivas sobre los estados financieros. ¡°[Los reportes] siempre tuvieron calificaciones satisfactorias referentes a la situaci¨®n financiera y jam¨¢s presentaron salvedad alguna sobre la veracidad de los datos e informaciones financieras presentadas por la administraci¨®n¡±.

El superintendente cerr¨® su intervenci¨®n con SOS, la ¨²ltima de las tres EPS en ser intervenida y la m¨¢s peque?a. Expuso que la entidad, que presta sus servicios en el departamento de Valle del Cauca, no ten¨ªa procesos para monitorear los contratos que firmaba, y que desembolsaba los pagos a pesar de que los contratistas no cumpl¨ªan con las obligaciones pactadas. Adem¨¢s, afirm¨® que SOS fij¨® tarifas para algunos procedimientos por encima de los valores permitidos desde 2022, y que ten¨ªa una red de prestadores de servicios de salud que era insuficiente para sus afiliados.

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