Un juez de Florida condena a Chiquita Brands a indemnizar a ocho v¨ªctimas de los paramilitares

La multinacional bananera Chiquita Brands, que en 2007 confes¨® haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desde 1997 hasta 2004, deber¨¢ indemnizar a v¨ªctimas de esos paramilitares, de las subregiones colombianas del Urab¨¢ antioque?o y el Magdalena Medio. EL PA?S pudo establecer que los montos de reparaci¨®n econ¨®mica van entre los 2 y 2,7 millones de d¨®lares por v¨ªctima. As¨ª lo determin¨® un Juez del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos), quien dio a conocer el fallo desde West Palm Beach este lunes 10 de junio. La decisi¨®n se?ala que los dineros que la empresa gir¨® a los paramilitares fueron utilizados para cometer cr¨ªmenes de guerra como homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas, entre otros delitos asociados al conflicto armado.

La representante de las demandantes, Earth Rights International explica, a trav¨¦s de un comunicado de prensa, que el juez fall¨® a favor de ocho de las nueve v¨ªctimas. En sus casos, determin¨® que la empresa era civilmente responsable de los delitos que cometieron las AUC en la subregi¨®n del Urab¨¢ antioque?o y el Magdalena Medio. El litigio arranc¨® en 2007 por demandas civiles de nueve v¨ªctimas de los hechos vinculados al proceso criminal que termin¨® ese mismo a?o con la aceptaci¨®n de Chiquita de haber realizado los pagos.

En ¨¦l, el juez Kenneth Marra y los 10 jurados escucharon las versiones de los campesinos y de la empresa, y tambi¨¦n los testimonios de algunos exjefes de las AUC como Salvatore Mancuso; ?ver Veloza, conocido como HH, del Bloque Bananero; Ra¨²l Emilio Hazb¨²n (Pedro Bonito), excomandante de las Autodefensas Campesinas de C¨®rdoba y Urab¨¢; y Jes¨²s Ignacio Rold¨¢n, mejor conocido como Monoleche.

Earth Rights International dice a EL PA?S que esta decisi¨®n tiene ecos m¨¢s all¨¢ del caso concreto. ¡°Es la primera vez en Estados Unidos que un jurado responsabiliza a una gran corporaci¨®n americana por su complicidad en abusos contra los derechos humanos en otro pa¨ªs, marcando un hito en la justicia¡±, afirman desde la organizaci¨®n de los demandantes, v¨ªa WhatsApp. Esa misma organizaci¨®n comenta que el pasado viernes, 7 de junio, los delegados de la empresa ¡°admitieron hechos que cuestionan la narrativa en la que se ha basado su defensa, entre ellos el argumento que los paramilitares de las AUC obtuvieron ganancias superiores del tr¨¢fico de drogas y que los pagos realizados por Chiquita no marcaban en este contexto diferencia alguna¡±.

Uno de los argumentos de la empresa durante todo el pleito ha sido que los pagos que entregaron fueron bajo presiones y extorsiones, pero que el dinero entregado no representaba una financiaci¨®n significativa para las Autodefensas Unidas de Colombia. En las audiencias finales del juicio, que han tomado seis semanas, rindieron testimonio otras personas como a Jack Devine, un exoficial de la CIA quien, como cabeza de la firma consultora Arkin Group, recomend¨® a la multinacional retirarse de Colombia.

Chiquita Brands International es una multinacional bananera consolidada en Estados Unidos en 1899 bajo el nombre de United Fruit Company. Es una de las principales distribuidoras de bananos de ese pa¨ªs. En uno de los expedientes en Colombia, en el a?o 2003, se concluy¨® que los altos mandos de la compa?¨ªa en Estados Unidos conocieron de los pagos que hac¨ªa su filial en Colombia a los grupos armados irregulares.

Un proceso de casi dos d¨¦cadas

Los procesos de Chiquita Brands ante la justicia estadounidense por su relaci¨®n con las AUC no son nuevos. En 2007, la empresa admiti¨® haber realizado pagos a los paramilitares entre 1997 y 2004, aceptando el cargo penal de financiar a un grupo ilegal que hab¨ªa sido catalogado como terrorista por la justicia estadounidense desde 2001. En su declaraci¨®n, la multinacional admiti¨® que entreg¨® dineros a otros grupos armados como la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN). Sin embargo, en estos casos no hubo delitos porque, para la ¨¦poca de las transacciones, esas guerrillas no hab¨ªan sido declaradas como organizaciones terroristas por el gobierno estadounidense.

La condena por ese proceso criminal incluy¨® una sanci¨®n econ¨®mica por 25 millones de d¨®lares que no estaba destinada a la reparaci¨®n de las v¨ªctimas de los paramilitares. Por eso, ese mismo a?o, un grupo de v¨ªctimas de las AUC present¨® una demanda civil colectiva ante la justicia federal estadounidense. Se trata del litigio que culmin¨® este lunes, que giraba alrededor de la acusaci¨®n de que Chiquita pag¨® a los paramilitares ¡°para mantener el control de su rentable operaci¨®n en las principales regiones bananeras de Colombia¡±.

Durante el proceso la empresa ha desestimado sistem¨¢ticamente esa acusaci¨®n. Argumenta que hizo pagos peri¨®dicos a la fuerza, como v¨ªctima de extorsiones. ¡°La empresa tuvo que pagar a los paramilitares de las AUC para salvar vidas de los trabajadores, y que la presencia de la multinacional en Colombia fue positiva¡±, sostuvo su abogado principal, explica Earth Rights.

El contraargumento de los demandantes ha sido que decidi¨® continuar sus operaciones en Colombia a pesar del control paramilitar, con tanto ¨¦xito, que en 2003 su filial colombiana Banadex ¡°logr¨® la operaci¨®n m¨¢s rentable de Chiquita Brands a nivel internacional, prosperando en una de las regiones m¨¢s conflictivas y violentas¡±.

El proceso tard¨® en parte porque en 2011 Chiquita aleg¨® que el caso deb¨ªa juzgarse en Colombia y no en Estados Unidos, por el lugar en el que fueron cometidos los delitos. Cinco a?os despu¨¦s, en 2016, el Tribunal de Justicia desestim¨® ese argumento y ratific¨® que el caso deb¨ªa llevarse en territorio estadounidense, por tratarse de una multinacional constituida bajo las leyes de ese pa¨ªs.

El caso pendiente en Colombia

El informe final de la Comisi¨®n de la Verdad, un compilado de varios documentos que el ¨®rgano creado en el Acuerdo de Paz con las extintas FARC entreg¨® al pa¨ªs para intentar esclarecer varios cap¨ªtulos de la guerra, se documenta el rol de la multinacional. ¡°La relaci¨®n entre paramilitares y narcotr¨¢fico era de p¨²blico conocimiento, en particular en la regi¨®n del Urab¨¢. Por ello, cuando la empresa Chiquita Brands pact¨® con los paramilitares, asumi¨® las implicaciones: estos escond¨ªan droga en los contenedores que llevaban banano.

Chiquita Brands lo ha negado. Sin embargo, versiones internas e incluso informaci¨®n de organismos de justicia e internacionales indican que s¨ª hubo env¨ªos de coca¨ªna en buques de exportaci¨®n de Chiquita Brands. Este punto se retom¨® en el juicio, pues los demandantes allegaron un documento en el que Chiquita reconoce 47 decomisos de drogas en contenedores y barcos de su propiedad, entre 1998 y 2003.

M¨¢s de 7.000 personas han interpuesto acciones legales respecto de Chiquita y su relaci¨®n con grupos paramilitares en la subregi¨®n del Urab¨¢ y Magdalena Medio, explica Earth Rights Internacional. Sin embargo, el proceso de Florida se centr¨® en los casos de nueve v¨ªctimas directas de cr¨ªmenes de guerra cometidos por las AUC en esas zonas.

En Colombia, la Fiscal¨ªa ha llevado a juicio a antiguos ejecutivos de dos filiales, Banadex y Banacol, por el delito de concierto para delinquir agravado, debido a otros pagos por m¨¢s de 1.400 millones de pesos de la ¨¦poca a las Convivir, cooperativas de vigilancia privada legales que en muchos casos terminaron siendo la base de la creaci¨®n de las Autodefensas. Una investigaci¨®n del medio Vor¨¢gine de septiembre de 2023 revela que esa investigaci¨®n en la Fiscal¨ªa estar¨ªa cerca de prescribir. ¡°La resoluci¨®n de acusaci¨®n qued¨® en firme el 17 de septiembre de 2019, lo que nos permite sostener que la prescripci¨®n de la acci¨®n penal se configura el d¨ªa 17 de septiembre de 2025¡å, cont¨® una fuente cercana al proceso a ese medio.

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