Reforzar el poder del Estado, la acertada estrategia de Petro para hacer frente a la crisis clim¨¢tica

El presidente Gustavo Petro situ¨® desde el inicio de su mandato las pol¨ªticas ecol¨®gicas como un eje central de su Gobierno. Descarbonizar la econom¨ªa, iniciar el decrecimiento del sector del petr¨®leo y carb¨®n, reducir el impacto ambiental de la miner¨ªa o promover las energ¨ªas renovables son algunas de sus prioridades. Lo ha repetido hasta la saciedad en una multitud de foros nacionales e internacionales pero, pasado el ecuador de su mandato, los resultados concretos son solo parciales. La principal raz¨®n son las limitaciones del Estado colombiano: Petro ha heredado de presidentes anteriores una administraci¨®n con un poder regulatorio muy reducido en aspectos clave para la transici¨®n socioecol¨®gica, y la complicada aritm¨¦tica parlamentaria est¨¢ dificultando paliar esta debilidad estatal.

La miner¨ªa es el mejor ejemplo. Con la legislaci¨®n actual, la administraci¨®n no puede condicionar la apertura de nuevas explotaciones siguiendo criterios ambientales, sociales o de participaci¨®n comunitaria en los beneficios de la mina. De hecho, rige el principio de que la primera empresa que solicita una concesi¨®n la recibe, independientemente de los impactos previstos de su explotaci¨®n. El Estado tampoco tiene instrumentos para obligar a una empresa minera a hacerse cargo de los efectos a largo plazo de una explotaci¨®n tras su cierre, un aspecto denunciado por la organizaci¨®n Censat Agua Viva. Si no se aprueba la nueva Ley Minera impulsada por el Gobierno, tampoco ser¨¢ posible iniciar el decrecimiento del sector del carb¨®n t¨¦rmico, altamente contaminante y con un mercado global en descenso.

La debilidad del Estado tambi¨¦n est¨¢ lastrando los planes de Petro de impulsar la energ¨ªa e¨®lica y solar de manera que beneficien m¨¢s a las comunidades locales. La Guajira, con m¨¢s de 2.800 aerogeneradores proyectados mientras las poblaciones wayuu carecen de electricidad, es el mejor ejemplo de una injusticia que se debe resolver para que la expansi¨®n renovable no se convierta en una nueva forma de extractivismo verde. Sin embargo, el actual Gobierno ha heredado decenas de proyectos que se adjudicaron sin tener en cuenta las necesidades ni las aportaciones de la poblaci¨®n local, y ahora son muy dif¨ªciles de revertir o modificar. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 increment¨® el porcentaje del beneficio que las empresas deben repartir a las comunidades locales, pero seguramente no ser¨¢ suficiente para detener el descontento de la poblaci¨®n. M¨¢s efectivo ser¨ªa que las compa?¨ªas incorporasen a la poblaci¨®n local a la propiedad de los parques el¨¦ctricos, como propuso el propio Gobierno, pero no hay forma legal de obligarlas.

En la lucha contra la deforestaci¨®n, el Gobierno nacional ha apostado por dos ejes: los acuerdos sociales para implicar a las comunidades en la conservaci¨®n de los bosques y el sistema de cr¨¦ditos de carbono, que permite a empresas contaminantes compensar sus emisiones financiando, entre otros, proyectos de conservaci¨®n forestal. La incapacidad de control por parte del Estado de este mercado de la contaminaci¨®n es flagrante: durante a?os, ni siquiera estuvo activo el registro nacional de los proyectos de compensaci¨®n, por lo que resultaba imposible supervisar el cumplimiento de los objetivos de reducci¨®n de emisiones. Adem¨¢s, tanto en Colombia como en otros pa¨ªses se acumulan las denuncias de violaci¨®n de los derechos de las comunidades locales por parte de estos proyectos, as¨ª como graves fraudes en las reducciones de emisiones prometidas. Se trata de un ejemplo m¨¢s de que los mecanismos de mercado nunca ser¨¢n suficientes para hacer frente a la crisis clim¨¢tica.

La conclusi¨®n es clara y sirve m¨¢s all¨¢ de Colombia: para hacer realidad la transici¨®n socioecol¨®gica, los Estados necesitan recuperar la capacidad regulatoria que ten¨ªan antes de la contrarrevoluci¨®n neoliberal de los a?os 80 y 90. La sociedad tambi¨¦n tiene un papel fundamental ¨C la labor de los defensores del medio ambiente o las comunidades energ¨¦ticas son dos ejemplos ¨C pero solo el Estado tiene la capacidad legislativa y burocr¨¢tica necesaria para una revoluci¨®n productiva de la envergadura que se necesita para revertir la crisis clim¨¢tica y ecol¨®gica. Ojal¨¢ lo entiendan los gobiernos de todos los colores pol¨ªticos, antes de que sea demasiado tarde.