La mayor consulta previa y sus conflictos: los efectos de Colectora, el coraz¨®n de la transici¨®n energ¨¦tica que quiere Petro

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha decidido trasladar su Gobierno esta semana a La Guajira para gobernar desde all¨ª. Ubicado en el norte del pa¨ªs, en su m¨¢s grande desierto, Petro ha anunciado que declarar¨¢ la emergencia econ¨®mica y social por la situaci¨®n del departamento y entregar¨¢ t¨ªtulos de propiedad. Este lunes discuti¨® algo esencial: lo que pasa con los proyectos de energ¨ªa e¨®lica en la pen¨ªnsula. Aunque por su alto potencial de vientos, de los m¨¢s fuertes de Am¨¦rica Latina, el departamento se ha convertido en la cuna de la transici¨®n energ¨¦tica de Colombia, la llegada de proyectos e¨®licos tambi¨¦n ha tra¨ªdo una disputa sobre los acuerdos, las propiedades y la tierra, generando no solo atrasos con los proyectos sino el fraccionamiento de las comunidades wayuu, los ind¨ªgenas que habitan en la zona des¨¦rtica del departamento.

Uno de estos proyectos, quiz¨¢ el m¨¢s clave en t¨¦rminos t¨¦cnicos para que una transici¨®n energ¨¦tica se logre, es la l¨ªnea de transmisi¨®n Colectora, que est¨¢ siendo desarrollada por el Grupo de Energ¨ªa de Bogot¨¢ (GEB). La iniciativa permitir¨ªa que llegue al resto del pa¨ªs la energ¨ªa que produzcan siete de los 16 parques. Las empresas que est¨¢n detr¨¢s de estos siete parques son la italiana Enel, la colombiana EPM y la estadounidense AES. Producir¨ªan hasta 1.050 megavatios que necesitar¨ªan salir de la regi¨®n a zonas donde hay mayor consumo.

La l¨ªnea que se est¨¢ construyendo consta de una primera parte que empieza en la subestaci¨®n de La Loma, en el municipio El Paso, en el departamento de Cesar, que subir¨¢ unos 250 kil¨®metros hacia el norte, hasta llegar a la subestaci¨®n de Cuestecitas, ya en La Guajira (en el municipio de Albania), con una capacidad de 500 kilovoltios. A partir de all¨ª, dos l¨ªneas de un largo de 114 kil¨®metros saldr¨¢n hasta la estaci¨®n Colectora, en el municipio de Uribia, donde se conectar¨ªa con los siete parques. En total, la l¨ªnea pasa por cuatro municipios de Cesar y diez de La Guajira.

Se trata de una extensi¨®n gigante que est¨¢ sujeta la mayor consulta previa de Colombia, una figura legal que tiene el pa¨ªs para garantizar la participaci¨®n de las comunidades ¨¦tnicas frente a cualquier proyecto que se desarrolle en su territorio. De hecho, seg¨²n explic¨® a Am¨¦rica Futura el GEB, el proyecto pasa por 235 comunidades ¨¦tnicas, entre el pueblo yukpa, los diferentes pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y los wayuu.

En primer tramo, explican, solo fueron necesarias 12 consultas previas que ya se terminaron con acuerdos con las comunidades. Mientras, en el segundo tramo, exclusivo de La Guajira, el proceso ha abierto una caja de pandora que ha revelado la falta de presencia estatal, la indiferencia de las autoridades y la disputa por qui¨¦n toma las decisiones sobre el territorio. Al principio, se hab¨ªan registrado 212 comunidades, pero a finales del a?o pasado el Ministerio del Interior report¨® 11 nuevas. De las 223, solo hay una con las que no se ha llegado a acuerdos, seg¨²n el GEB.

Las disputas

Antonio Jaramillo, de la comunidad Botonchon 2, con 426 personas y ubicada en la frontera entre Uribia y Maicao, cuenta que su rancher¨ªa est¨¢ en la zona de influencia del proyecto Colectora. ¡°Va a pasar por encima de nuestra casa, de nuestro territorio¡±, se?ala. La llegada del proyecto, agrega, despert¨® una disputa latente entre los miembros de su familia. Aunque ¨¦l y su t¨ªo son las autoridades ancestrales, quienes por las reglas de los wayuu son los due?os del territorio que se hereda por la descendencia matrilineal, el GEB, al parecer, no empez¨® a negociar con ellos, sino con unos sobrinos que viven all¨ª, pero no son la autoridad ancestral: no heredan ni son due?os del territorio. ¡°Yo me vine a enterar de esas negociaciones un a?o y medio despu¨¦s de que hab¨ªan empezado¡±, agrega. ¡°No estamos de acuerdo con lo que se ven¨ªa negociando¡±.

En sus palabras, la empresa acord¨® darles 140 millones de pesos (unos 33.600 d¨®lares) que no alcanzan para lo que quieren implementar: un proyecto para tener agua potable que, seg¨²n dice, cuesta mucho m¨¢s, alrededor de 720 millones de pesos (173.000 d¨®lares). ¡°Adem¨¢s, eso no tiene en cuenta la inflaci¨®n que viviremos por los 25 a?os que les estaremos cediendo el territorio¡±, insiste.

El conflicto que vive hoy Jaramillo es similar al que se ha producido a lo largo de La Guajira, no solo con Colectora, sino con los otros proyectos relacionados con el desarrollo e¨®lico. Eso se debe a que el Gobierno, en los papeles, tiene reconocidas a autoridades tradicionales que no son las ancestrales, y que son con quienes les dicen a las empresas que deben negociar cuando, efectivamente, no pueden decidir sobre el territorio.

¡°Estas dos autoridades suelen estar en conflicto, ya que la autoridad tradicional se percibe como una imposici¨®n del Gobierno, lo que contraviene el art¨ªculo 13 del Convenio 169 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo, que establece que los ¡°gobiernos deber¨¢n respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relaci¨®n con las tierras o territorios¡±, resume Jos¨¦ Antonio Vega, del Stockholm Environment Institute en un art¨ªculo cient¨ªfico que escribi¨® sobre el proceso de Colectora en la revista Energy Research & Social Science, en el 2022.

Ante esto, el grupo GEB aclar¨® que, efectivamente, para este caso, el ¡°proceso de consulta previa se realiz¨® con las autoridades de la comunidad reconocidas y registradas por la Direcci¨®n de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, que hace esos procesos luego de que la misma comunidad los valida en el marco de su autogobierno¡±, pues ellos deben mantenerse al margen de lo que el Gobierno les indica. Adem¨¢s, Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, explic¨® que parte del problema es que el Estado no estudi¨® con antelaci¨®n c¨®mo estos proyectos afectar¨ªan el territorio. ¡°Se requer¨ªa de much¨ªsimo trabajo previo de informar, educar, identificar comunidades, determinar linderos y zonas de influencia, como un proyecto global para toda la regi¨®n¡±, aclar¨®. ¡°Se necesitaba de una estrategia que hiciese factible unas intervenciones tan importantes con impactos tan nuevos para la regi¨®n¡±.

La siguiente pregunta que tanto la empresa como las comunidades se hacen, es qu¨¦ pasar¨¢ si no se llega a un acuerdo con la comunidad restante. ?C¨®mo evitar que cedan por la presi¨®n de que son las ¨²nicas sin firmas acuerdo? En su documento sobre las consultas de Colectora, Vega tambi¨¦n apunta a que se pueden dar algunos vicios a la hora de garantizar que estas sean justas, como el desbalance de conocimiento sobre el proyecto y la presi¨®n para aceptar las negociaciones. ¡°A las comunidades que no quieren el proyecto, a veces se les dice que no tendr¨¢n compensaci¨®n, pero de todas formas el proyecto seguir¨¢¡±, se?ala uno de los testimonios que recolect¨® durante su investigaci¨®n.