Los mitos de la jurisdicci¨®n agraria: no hay expropiaci¨®n expr¨¦s ni se pone en riesgo la propiedad privada

La jurisdicci¨®n agraria y rural pactada en el Acuerdo de Paz de 2016 e impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro est¨¢ cada vez m¨¢s cerca de volverse realidad. Sin embargo, en su ¨²ltimo tr¨¢mite legislativo, la oposici¨®n pol¨ªtica y algunos gremios de grandes propietarios de tierra han insistido en que el proyecto de ley que determina las reglas para el funcionamiento de la nueva jurisdicci¨®n abre la puerta para la expropiaci¨®n expr¨¦s y pone en riesgo la propiedad privada. Esos fantasmas han estado presentes desde hace un a?o, cuando el Congreso reform¨® la Constituci¨®n para crear la nueva jurisdicci¨®n, pero visto en detalle el texto que debatir¨¢ la Comisi¨®n Primera del Senado no plantea modificar las condiciones actuales en las que el Estado puede expropiar la tierra. Tan solo, en algunos casos, permite que el Ejecutivo tome una decisi¨®n y un juez la revise despu¨¦s, cuando hoy esos procesos los hace directamente un juez.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democr¨¢tico, fue una de las primeras en agitar el fantasma de la supuesta expropiaci¨®n expr¨¦s. En un video para sus redes sociales, Valencia, que tendr¨¢ un papel clave durante la discusi¨®n en el Senado, le dice a sus seguidores. ¡°Te van a poder expropiar (...) no puede ser que el Estado decida qui¨¦n tiene derecho a la propiedad privada y qui¨¦n no¡±. Valencia afirma que ¡°va a ser la Agencia Nacional de Tierras la que en un proceso administrativo r¨¢pido te quite la finca. Luego vas a tener que ir a la jurisdicci¨®n para recuperarla y podr¨¢n pasar muchos a?os antes de que la recuperes¡±. Esa narrativa de cat¨¢strofe, que busca generar miedo en los ciudadanos y que han usado distintos miembros de la oposici¨®n, est¨¢ lejos de la realidad.

1. Las expropiaciones agrarias a¨²n deber¨ªan pasar por un juez

Hoy en d¨ªa, la ley establece que, para las zonas urbanas, las alcald¨ªas pueden decidir qu¨¦ tierras necesita expropiar para crear bienes p¨²blicos como parques o v¨ªas, sin necesidad de la intervenci¨®n de un juez. Por ejemplo, si en Bogot¨¢ se va a construir un tramo del metro o del transmilenio, el derecho urbano le da la potestad al alcalde de obligar a los propietarios de terrenos por los que pasar¨¢ la obra a venderle al Estado. Eso, sin que haya un juicio de por medio. Sin embargo, en el derecho agrario, el que aplica para las ¨¢reas rurales, no ocurre lo mismo. Quien decide qu¨¦ se puede expropiar, y a qu¨¦ precio, es un juez. La ley de la jurisdicci¨®n agraria no plantea cambiar ese arreglo, aunque la Constituci¨®n permitir¨ªa que se hiciera por v¨ªa administrativa.

M¨®nica Parada, una de las abogadas del Ministerio de Agricultura que ha estado al frente del dise?o de la jurisdicci¨®n agraria, lo explica de forma sencilla. ¡°Se mantiene la fase judicial obligatoria para la expropiaci¨®n en lo agrario¡±, dice en di¨¢logo con EL PA?S. De acuerdo con la investigadora, cuando entre en marcha la nueva jurisdicci¨®n (si el Legislativo aprueba la ley en los cuatro debates necesarios) ser¨¢n los jueces agrarios los que decidan en qu¨¦ casos el Estado puede expropiar la tierra rural.

El art¨ªculo 9 del proyecto de ley establece las competencias de los tribunales agrarios y rurales en primera instancia, empezando por las expropiaciones o compras forzosas agrarias. Parada explica que la ¨²nica modificaci¨®n es que ya no ser¨¢ un juez ordinario el encargado de zanjar el debate, sino uno especializado, de la nueva jurisdicci¨®n.

La abogada del Ministerio de Agricultura explica, adem¨¢s, que esta expropiaci¨®n no significa que el Estado quite un bien sin pagar nada a cambio, sino que es una compra forzosa, en la que el Estado paga la tierra con dineros p¨²blicos. ¡°Se ha viralizado que en la expropiaci¨®n se paga a valor catastral. No es cierto, se paga a valor comercial. Es un proceso largo y costoso, afirma. Es un tr¨¢mite semejante al que se hace, de nuevo, en las ciudades.

2. Que la Agencia Nacional de Tierras, no los jueces, pueda recuperar los bald¨ªos y extinguir el dominio de las tierras no pone en riesgo la propiedad privada

En su ¨²ltima columna, el dirigente ganadero Jos¨¦ F¨¦lix Lafaurie, esposo de la senadora uribista Mar¨ªa Fernanda Cabal, critic¨® el proyecto de ley con argumentos jur¨ªdicos complejos, que se refieren ya no a la figura jur¨ªdica de la expropiaci¨®n, sino a otros caminos por los que el due?o de una tierra puede perder esa propiedad. ¡°Aunque los ministros digan lo contrario, el proyecto representa una amenaza real a la propiedad privada de la tierra, al derogar de un plumazo la fase judicial del proceso de extinci¨®n administrativa de dominio, y tambi¨¦n de expropiaci¨®n, dejando al arbitrio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la decisi¨®n de cierre, con el ¨²nico recurso del engorroso procedimiento de la acci¨®n de nulidad¡±, se lee. Esa afirmaci¨®n, retomada por varios medios de comunicaci¨®n nacionales, mezcla tres figuras legales distintas: la expropiaci¨®n por utilidad p¨²blica, que seguir¨¢ en manos de los jueces, la extinci¨®n de dominio ¡ªque permite al Estado hacerse a la propiedad de tierras, en largos procesos judiciales¡ª y la protecci¨®n de los bald¨ªos, que legalmente son de la Naci¨®n, pero en muchas ocasiones han sido apropiados por particulares.

El temor de Lafaurie a que se afecte la propiedad privada se concentra en las dos ¨²ltimas figuras. Sobre ellas, el proyecto plantea que la ANT pueda ser quien recupera directamente los bald¨ªos y extinga el dominio de las tierras que son mal utilizadas o que violan su funci¨®n ecol¨®gica. Jorge Bedoya, presidente del gremio Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) ha sido otro de los mayores cr¨ªticos del proyecto, justo por ese cambio. ¡°Se le est¨¢n quitando las garant¨ªas judiciales a los procesos agrarios. Es como si la Fiscal¨ªa investigara, acusara y decidiera la suerte en un proceso penal de cualquier ciudadano. El Congreso no puede cometer el error de acompa?ar al Gobierno en esa parte¡±, dijo Bedoya en una audiencia p¨²blica que se realiz¨® esta semana en la Comisi¨®n Primera. ¡°La SAC nunca se ha referido a la expropiaci¨®n expr¨¦s, lo que hemos hablado es de la fase judicial para los procesos agrarios¡±, insisti¨® Bedoya.

En efecto, ese es el cambio m¨¢s sustancial del proyecto, pero no es algo novedoso en el pa¨ªs. Entre 1994 y 2017, las entidades predecesoras de la ANT, y que como ella eran parte del Ejecutivo, eran las que tomaban las decisiones que quitaban la propiedad de bald¨ªos indebidamente apropiados o de tierras que no cumplieran con su funci¨®n social o ecol¨®gica. Sin embargo, en 2017 un decreto derivado del proceso de paz estableci¨® que las decisiones finales relacionadas con los bald¨ªos y con los procesos de extinci¨®n de dominio las tomar¨ªa un juez. Ese modelo, sin embargo, no ha funcionado. ¡°En la vigencia de este nuevo dise?o institucional no se avanz¨® en ninguna demanda, ni en ning¨²n proceso agrario. Fue inocuo y le quit¨® la fuerza a la ANT, el fondo de tierras qued¨® casi vac¨ªo¡±, explica la abogada del Ministerio, M¨®nica Parada.

Por eso, la ley del Plan de Desarrollo del Gobierno Petro devolvi¨® estas dos funciones a la ANT. Durante dos a?os (2023 y 2024), el Estado recuper¨® 135.000 hect¨¢reas. Sin embargo, hace pocas semanas la Corte Constitucional tumb¨® esa ley por problemas en su tr¨¢mite y, por lo tanto, de nuevo son los jueces los que deciden esos dos asuntos. ¡°La ley de jurisdicci¨®n agraria s¨ª busca devolverle esas facultades a la Agencia. Eso est¨¢ expl¨ªcito¡±, aclara Parada. Pero, a diferencia de Bedoya, se?ala que con ello no se amenaza la propiedad privada: ¡°La recuperaci¨®n de los bald¨ªos se hace cuando son ocupados de manera indebida, como lo dice la ley, y los procesos de extinci¨®n de dominio solo aplican cuando se incumple la funci¨®n social de la propiedad o cuando se destinan los predios para actividades il¨ªcitas¡°. Y, sobre todo, es sencillamente regresar a lo que ocurri¨® en 2023 y buena parte de 2024, cuando dif¨ªcilmente se puede decir que estuviera en riesgo la propiedad privada.

El senador de la Alianza Verde Ariel ?vila, presidente de la Comisi¨®n Primera, afirma que lo l¨®gico es que el Congreso le d¨¦ el visto bueno a esta ley que simplemente aterriza a la pr¨¢ctica la reforma constitucional que ya se aprob¨® hace un a?o. ¡°No veo ning¨²n art¨ªculo que ponga en riesgo la propiedad privada, lo que esta ley pretende es reglamentar algo que ya pas¨® en el Congreso. Adem¨¢s, es necesaria para poder resolver los litigios de propiedad y tenencia de la tierra en Colombia¡±, dice ?vila en conversaci¨®n con EL PA?S. Con ¨¦l coincide Parada. ¡°Lo que queremos es que haya jueces fuertes para que protejan los derechos de propiedad de todo el mundo, no solo de los grandes terratenientes, sino de los peque?os propietarios que nunca han tenido acceso a la justicia¡±.