A la descentralizaci¨®n se le aparece Cristo, pero los gobernadores quieren milagros

Los gobernadores y alcaldes del pa¨ªs han logrado m¨¢s en un Gobierno de izquierda que en los gobiernos de derecha. Mientras el pa¨ªs permanece inmerso en el debate sobre la existencia del software esp¨ªa Pegasus, la guerra no cede y la fuerza p¨²blica contraataca a las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo, y en Cali se realiza con ¨¦xito la COP16, en el Senado de la Rep¨²blica se aprob¨®, en sexto debate, el proyecto de acto legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones (SGP).

No se trata de una noticia al margen, sino de una de hondo calado econ¨®mico, pol¨ªtico y social, porque implica cambios en la relaci¨®n del Estado central con las autoridades territoriales, el futuro de la financiaci¨®n de la salud, la educaci¨®n, el agua potable, el saneamiento b¨¢sico, la estabilidad del presupuesto nacional y la consolidaci¨®n de la democracia.

Se busca, en esencia, cumplir el mandato de la Constituci¨®n de 1991 de que Colombia sea una rep¨²blica unitaria, descentralizada y con autonom¨ªa territorial, y avanzar hacia la meta de reorganizar la naci¨®n para que las entidades territoriales tengan un verdadero control sobre el destino de sus regiones, est¨¦n en capacidad de brindar una soluci¨®n a los graves problemas sociales que las afectan y apalancar el desarrollo, el bienestar y, en esencia, contribuir a la superaci¨®n de la guerra y la consolidaci¨®n de la paz total.

La reforma aprobada por mayor¨ªa, el pasado 29 de octubre, fue iniciativa del senador caldense Guido Echeverry, y tuvo como ponente a su hom¨®logo Ariel ?vila, de la Alianza Verde. En la C¨¢mara de Representantes el ponente es el congresista liberal del Putumayo, Carlos Ardila.

Llegar al texto aprobado signific¨® un fuerte pulso en el interior del Gobierno nacional entre el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y sus colegas de Hacienda y Planeaci¨®n Nacional. Finalmente, el presidente Gustavo Petro aval¨® la propuesta cuando entendi¨® que esta ten¨ªa mayor¨ªas y que era mejor pasar a la historia como el gran impulsor de la descentralizaci¨®n, y no como un anticristo que desautorizaba a su ministro del Interior. En la pelea se escucharon las voces de los fundamentalistas de la regla fiscal, que defienden el statu quo, rechazan el cambio y ven en cada espacio ganado por los territorios una amenaza al bogotacentrismo que ha imperado en los ¨²ltimos cien a?os.

La reforma al SGP, que modifica los art¨ªculos 356 y 357 de la Constituci¨®n, cambiar¨¢ la f¨®rmula de asignaci¨®n de transferencias a las regiones, que pasar¨¢n del 27% de los Ingresos Corrientes de la Naci¨®n, ICN, al 39,5%, lo que estar¨¢ ligado a la expedici¨®n de una nueva Ley de Competencias.

El gran debate que se abre es cu¨¢les competencias estar¨¢n dispuestos a aceptar los gobernadores y alcaldes, cuando ya est¨¢n de por s¨ª recargados de las responsabilidades que les han venido colgando a lo largo de los a?os, muchas imposibles de cumplir.

Esa Ley de Competencias implicar¨¢, entonces, una enorme transformaci¨®n en la relaci¨®n centro-periferia, agotada por las din¨¢micas sociales, y una reorganizaci¨®n del Estado, lo que desde ya anuncia un gran pulso pol¨ªtico para garantizar el equilibrio fiscal sin caer en las trampas del inmovilismo del Estado que promueven los ortodoxos de la regla fiscal. Tambi¨¦n demandar¨¢ un enorme proceso de fortalecimiento de las capacidades de ejecuci¨®n de las autoridades territoriales, de por s¨ª satanizadas por el Estado central, para que no se vean sobrepasadas por los ingresos sin posibilidad de ejecutar. Y, adem¨¢s, significar¨¢ un esfuerzo adicional de las autoridades de control.

La reforma al SGP est¨¢ a dos debates en la C¨¢mara de Representantes de ser mandato constitucional, y comenzar¨ªa a aplicarse en 2027. Los actuales gobernadores no se beneficiar¨ªan de la nueva norma. Est¨¢n sembrando para sus sucesores, quienes llegar¨¢n a gobernar con otras funciones, m¨¢s recursos y mayor responsabilidad en su manejo, pero, sobre todo, con menos excusas para obtener resultados.

Se espera que al terminar 2024 el presidente Petro sancione la nueva f¨®rmula del SGP, lo que significar¨¢, tambi¨¦n, un fortalecimiento de su relaci¨®n de confianza con las autoridades regionales, muchas de las cuales votaron en su contra en 2022 y se encuentran en campa?a de cara a 2026, por candidatos de derecha.

Lo trascendental de lo que est¨¢ ocurriendo es que esta decisi¨®n significa un enorme pulso a favor de las autoridades territoriales ¨Dgobernadores y alcaldes¨D que, de cara al proceso electoral en ciernes, han logrado mostrar su capacidad de convocatoria, poder negociador y voluntad de incidir en las grandes decisiones del Congreso, moviendo a sus congresistas, imponi¨¦ndose al ministro de Hacienda y alineando a su favor al Gobierno nacional.

Colombia hist¨®ricamente ha ido a paso de tortuga en el tema de la descentralizaci¨®n. Las cuentas de los t¨¦cnicos sobre el monto que el Estado central ha dejado de transferirle a las regiones, desde la promulgaci¨®n de la Constituci¨®n, con los recortes y contrarreformas de 2001 y 2007, alcanza la exorbitante suma de 380 billones de pesos. Con la f¨®rmula vigente de transferencias, existe una desfinanciaci¨®n de 24 billones de pesos.

No hay duda de que una vez se apruebe y promulgue la reforma del SGP, la descentralizaci¨®n dar¨¢ un gran salto. Ello, sin embargo, no va en contrav¨ªa de la iniciativa del referendo que impulsa el gobernador de Antioquia, Andr¨¦s Juli¨¢n Rend¨®n ¨Ddeclarado opositor del presidente Petro¨D, que busca reformar el art¨ªculo 298 de la Constituci¨®n, para que los gobernadores tengan mayor autonom¨ªa e injerencia en el manejo de los impuestos que recaudan.

Para los m¨¢s optimistas, Colombia est¨¢ dando pasos seguros hacia el fin del hipercentralismo y madurando para asumir con seriedad el debate sobre la viabilidad del establecimiento de un sistema federal, como lo han impulsado de tiempo atr¨¢s importantes l¨ªderes nacionales y regionales, entre quienes se cuenta el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo. Tambi¨¦n consideran que hay espacio para pensar en la adopci¨®n de un sistema de regiones, como lo ha impulsado el exconstituyente y gobernador del Atl¨¢ntico, Eduardo Verano. Para los m¨¢s esc¨¦pticos, lo logrado es apenas un gran paso, porque a¨²n queda mucho camino para recorrer en un pa¨ªs en el que el centralismo bogotano siempre ha sabido recuperar los espacios y burlar los reclamos de autonom¨ªa de las regiones.

Lo logrado hasta ahora deja varias lecciones. Una importante es que el acuerdo nacional se abre paso y los partidos pol¨ªticos pueden zanjar diferencias y trabajar unidos con el Gobierno nacional por una agenda com¨²n de profundas reformas.

Es evidente que los gobernadores y alcaldes han ganado una importante batalla en el Congreso y se sienten listos para exigir m¨¢s. Ellos quieren milagros. El pr¨®ximo campo de medici¨®n de fuerzas y demostraci¨®n de poder es el proyecto de ley de competencias que elaborar¨¢ el ministro Cristo unos meses antes de que se cumpla la profec¨ªa de su renuncia para lanzarse a una nueva aventura presidencial. Cu¨¢ntos gobernadores y alcaldes agradecer¨¢n a Cristo en las urnas este milagro de so?ar con m¨¢s recursos y nuevas competencias, nadie lo sabe.

Lo que s¨ª es cierto es que ahora se hace mucho m¨¢s necesario el fortalecimiento de la agenda de lucha contra la corrupci¨®n, en el que se consoliden las veedur¨ªas ciudadanas y la fiscalizaci¨®n de los medios, y el fortalecimiento de las ¨ªas, para impedir que los nuevos recursos asignados se conviertan en una trampa para las autoridades regionales, muchas de las cuales no terminan sus per¨ªodos por caer en la tentaci¨®n de la contrataci¨®n indebida y las malas influencias.

La mayor competencia de estas autoridades ser¨¢ impedir que la corrupci¨®n mate la descentralizaci¨®n, y un nuevo gobierno regrese el p¨¦ndulo a la recentralizaci¨®n.