La JEP imputa a seis excomandantes de las FARC por el reclutamiento forzado de al menos 18.677 ni?os

La Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional creado en los acuerdos de paz de 2016, ha imputado a seis antiguos comandantes de las extintas FARC por el reclutamiento forzado de al menos 18.677 ni?os entre 1971 y 2016. Este jueves, los magistrados han le¨ªdo en una rueda de prensa un comunicado en el que se?alan que muchas de las v¨ªctimas fueron sometidas a torturas, violaciones y abortos forzados. Todo ocurri¨® con el aval de los altos cargos de la entonces guerrilla, pese a las prohibiciones que constaban en los reglamentos internos. ¡°Conocieron directamente el curso de los hechos determinados y no tomaron las medidas requeridas para prevenir, contener y sancionar los cr¨ªmenes de guerra¡±, se lee en el texto.

Los seis imputados en el llamado macrocaso 07 son Rodrigo Londo?o, conocido en la guerra como Timochenko; Jaime Alberto Parra, quien tuvo el alias El M¨¦dico; Milton Toncel, m¨¢s conocido como Joaqu¨ªn G¨®mez; Pastor Alape; Pablo Catatumbo, hoy senador; y Juli¨¢n Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada y tambi¨¦n senador. El Tribunal de Paz explic¨® que en los testimonios de m¨¢s de 1000 v¨ªctimas ¡ªque suman 906 horas de grabaciones¡ª no hay pruebas de que alguno de ellos hubiera dado ¨®rdenes directas para cometer estos abusos ni de que los hubieran perpetrado ellos mismos. Sin embargo, estaban al tanto de lo que ocurr¨ªa. La magistrada Catalina D¨ªaz ha enfatizado que diferentes v¨ªctimas contaron que los comandantes las vieron cuando eran menores de 15 a?os. ¡°En una ocasi¨®n, el comandante les reparte biberones a los comandantes medios como una forma de aleccionarlos sobre el reclutamiento de menores de 15 a?os. Esos comandantes medios se mueren de la risa¡±, ha relatado la funcionaria.

El reclutamiento forzado de ni?os y adolescentes ocurri¨® en todo el pa¨ªs, salvo en el departamento insular de San Andr¨¦s, Providencia y Santa Catalina. El 30% de los reclutados ten¨ªan 14 a?os o menos, aunque las normas internas prohib¨ªan el reclutamiento de menores de 15 a?os. Hubo tres modalidades principales de reclutamiento: la amenaza o uso de la fuerza en una mayor¨ªa de los casos (57%); los enga?os, como las promesas de acceder a estudios o de reencontrarse con familiares (28%); y la persuasi¨®n o el convencimiento ideol¨®gico (15%). Los m¨¢s afectados fueron los pueblos ind¨ªgenas: de las 9.854 v¨ªctimas que participan directamente del macrocaso, 8.903 pertenecen a cinco comunidades. Un enorme 90% en un pa¨ªs en el que, seg¨²n los datos oficiales, la poblaci¨®n ind¨ªgena representa el 4,3% del total.

En su decisi¨®n, la JEP enfatiza que no hubo ninguna consideraci¨®n a las condiciones f¨ªsicas o psicol¨®gicas de los ni?os. Se les asignaron las mismas tareas que a los dem¨¢s y se les aplic¨® el mismo r¨¦gimen disciplinario; fueron sometidos ¡°a las mismas reglas que los adultos y a profundas asimetr¨ªas de poder¡±. Todo esto deriv¨®, en algunos casos, en homicidios e incluso suicidios. A largo plazo, los abusos y ¡°la exposici¨®n permanente a la muerte¡± produjeron afectaciones que se extendieron a la vida adulta.

La violencia reproductiva tiene un apartado especial. Hay registros de anticoncepci¨®n forzada, aborto forzado y malos tratos derivados de estos procedimientos. Tambi¨¦n hay casos de asesinatos y desaparici¨®n de hijos e hijas reci¨¦n nacidos. ¡°Esta violencia tuvo como prop¨®sito evitar que la maternidad o paternidad representara una disminuci¨®n de integrantes del grupo o generara riesgos para su seguridad¡±, se lee en el comunicado. Asimismo, hay un punto espec¨ªfico para referirse a los cr¨ªmenes contra los ni?os LGBT. ¡°Sufrieron fusilamientos, amenazas de muerte, sanciones correctivas, violencia sexual correctiva y otros tratos crueles que incluyeron la obligaci¨®n de ocultar su identidad o diversidad sexual o de g¨¦nero¡±, ha a?adido la JEP.

El tribunal ha se?alado que el Estado no visibiliz¨® la condici¨®n de v¨ªctimas de los ni?os que salieron de la guerrilla y que los estigmatiz¨® por haber integrado las FARC. Seg¨²n ha comentado la magistrada Lily Rueda, la JEP estudia la posibilidad de abrir una investigaci¨®n conjunta entre este macrocaso y el 08, sobre delitos cometidos por la fuerza p¨²blica, agentes del Estado en asociaci¨®n con paramilitares o terceros civiles.

La respuesta de los imputados

Los imputados han reconocido sus cr¨ªmenes en un comunicado, publicado poco despu¨¦s de la rueda de prensa. ¡°Reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, as¨ª como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas FARC-EP. Estos hechos no debieron haber ocurrido¡±, se lee en el texto, que lleva la firma de los seis excomandantes. No obstante, han matizado que esperar¨¢n antes de dar una respuesta formal. ¡°En cuanto nos sea notificado procesalmente, nos concentraremos con nuestro equipo de defensa en el estudio y revisi¨®n de este importante asunto¡±, han comentado.

La imputaci¨®n ha reabierto las tensiones entre los excombatientes y la JEP, que enfrenta cada vez m¨¢s cr¨ªticas por no haber emitido ninguna sentencia tras m¨¢s de seis a?os de trabajo. En su comunicado, los antiguos cabecillas reiteran sus cuestionamientos: ¡°Los jueces han dispuesto de manera excesiva de tiempo y recursos investigando hechos cuya ocurrencia hemos admitido desde las negociaciones de paz. Hemos renunciado expresamente a la presunci¨®n de inocencia sobre lo ya reconocido, en beneficio de las v¨ªctimas. El ¨²nico obst¨¢culo es que la JEP a¨²n no aprueba un reconocimiento ¨²nico y la agrupaci¨®n de todos los hechos dispersos (...). El pueblo colombiano y las v¨ªctimas necesitan decisiones prontas¡±.

Una vez sean notificados, los acusados tienen 30 d¨ªas h¨¢biles para reconocer los hechos de manera formal. Si lo hacen, como han insinuado, seguir¨ªa una audiencia p¨²blica de reconocimiento de verdad y luego una sentencia del Tribunal. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha recordado este mi¨¦rcoles que, para evitar la prisi¨®n y acceder a penas de cinco a ocho a?os en proyectos restaurativos, no solo deber¨¢n admitir sus responsabilidades, sino tambi¨¦n aportar a la verdad y dialogar con las v¨ªctimas. Pero todo esto depende de la voluntad pol¨ªtica del Ejecutivo de dise?ar y ejecutar los programas necesarios. ¡°De nada sirven las aceptaciones y la verdad, si no tenemos v¨ªas restaurativas¡±, ha declarado el magistrado.