El modelo ¡®antiBukele¡¯ funciona en Costa Rica

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Tal vez fue probar la marihuana y la coca¨ªna a los 12 a?os. Puede que fueran los abusos de su madre y el hambre que pasaron sus cuatro hermanos desde peque?os o los golpes de su exmarido. Erenia Cerdas no consigue identificar el primer paso de su vida que se torci¨®. Lo que tiene claro es que engancharse al crack cuando apenas ten¨ªa 21 le arrebat¨® las riendas de su vida. Todo lo que vino despu¨¦s pas¨® en autom¨¢tico. Incluso aceptar llevar unas maderas a la c¨¢rcel de Cocor¨ª, en el centro de Costa Rica, sin saber que iban cargadas de hierba. Esto, sin embargo, es lo mejor que le pudo haber pasado.

Para entonces viv¨ªa en la calle y ped¨ªa dinero para consumir. Hab¨ªa pasado por 16 centros de rehabilitaci¨®n y hac¨ªa ya 10 a?os que le hab¨ªan quitado la custodia de sus tres hijos, dos gemelos que hoy tienen 19 a?os y un tercero, de 17. ¡°Mi vida fueron centros y drogas, centros y drogas¡±, reconoce a pies de las ruinas de Cartago, una imponente iglesia que qued¨® a medio hacer tras el terremoto Santa M¨®nica hace m¨¢s de un siglo. A finales de noviembre de 2021, un amigo llam¨® a Cerdas y le pidi¨® el favor de llevar a la prisi¨®n ¡°algunas mercanc¨ªas para las artesan¨ªas¡± que hac¨ªan los presos. A esta mujer de 38 a?os no le import¨® ayudarle. Al llegar, una oficial meti¨® un punz¨®n en las maderas y cayeron varios paquetitos con marihuana.

Minutos despu¨¦s de que la detuvieran, sonaron todas las alarmas y una balacera: hab¨ªan pillado un cargamento mucho mayor. ¡°Me usaron de gancho [cabeza de turco] para que pasara otro¡±, narra a¨²n decepcionada.

La sospecha de que hab¨ªa sido enga?ada, su condici¨®n de habitante de calle y la adicci¨®n fueron claves para que la abogada de oficio pidiera que el caso de Cerdas no se llevara por justicia ordinaria. Un delito como este antes de 2013 le habr¨ªa costado entre ocho y diez a?os de c¨¢rcel. Sin embargo, desde entonces, existe una suerte de asterisco en el c¨®digo penal, conocido como 77 bis, que rebaja la pena de tres a ocho a?os cuando la part¨ªcipe del delito es una mujer en condiciones de vulnerabilidad, tiene personas bajo su cuidado o es anciana.

Esta rebaja permite tambi¨¦n al juez la opci¨®n de derivar el caso a cualquier medida alternativa a la prisi¨®n; la m¨¢s transgresora es la justicia restaurativa, que evita que la acusada ponga un pie en la c¨¢rcel y le da un espacio para hablar tanto a las v¨ªctimas como a los victimarios. Rita Porras, psic¨®loga cl¨ªnica de la Unidad de Proyectos de Prevenci¨®n del Instituto Costarricense de Drogas, comenta que para las personas usuarias es muy positivo saber que existe en el aparato judicial un procedimiento que permite ¡°segundas oportunidades¡± para reparar el da?o causado a las personas y la comunidad. ¡°A fin de cuentas, la situaci¨®n de estas mujeres es fruto de un vac¨ªo del Estado¡±, explica Zhuyem Molina, jueza, exdefensora p¨²blica en Costa Rica y una de las redactoras de la ley de justicia restaurativa. ¡°La respuesta del Estado no puede ser castigarlas por haber sido pobres¡±.

La justicia restaurativa es una mirada diferente desde la ra¨ªz. Si bien la justicia punitiva se basa en el castigo y el aislamiento, esta opci¨®n en el modelo costarricense plantea hablar de conflictos, no de delitos, y de reparaci¨®n, no de condena. As¨ª, la ley de justicia restaurativa aprobada en 2018 y apoyada a?o tras a?o sin importar los cambios de Gobiernos, establece un plan de varias sesiones entre el juez, el fiscal, psic¨®logos, trabajadores sociales, v¨ªctima (o sociedad civil que represente a la parte ofendida) y el ofensor. Los requisitos son tres: que sea el primer delito cometido, con una pena menor -excluyendo los casos de violencia contra la mujer- y que todas las partes quieran resolverlo de esta manera. En un mes, seg¨²n estipula la norma, se tiene que llegar a un acuerdo sobre c¨®mo puede ser reparado el da?o.

En el caso de Cerdas, la resoluci¨®n consisti¨® en estar internada en un centro de desintoxicaci¨®n siete meses y atender durante dos a?os un grupo de apoyo para exadictos y servicio a la comunidad. ¡°Yo eleg¨ª la Fundaci¨®n G¨¦nesis, que es cristoc¨¦ntrica, porque sal¨ª de este hueco solo gracias a la mano de Dios¡±, dice. Ahora mismo lidera un equipo para los reci¨¦n llegados y ha vuelto a vivir con el menor de sus hijos. ¡°Siempre quise cambiar mi vida y dejar las drogas. Lo intent¨¦ 16 veces, pero no sab¨ªa c¨®mo hacerlo. No ten¨ªa a nadie que me ayudara¡±, explica.

Esta medida es, adem¨¢s, una apuesta clara a incorporar la perspectiva de g¨¦nero en los tribunales. En Am¨¦rica Latina, entre el 50 y el 70% de las mujeres presas est¨¢n en c¨¢rcel por delitos de microtr¨¢fico. ¡°Cuando haces una radiograf¨ªa de quienes est¨¢n dentro, te das cuenta de que el da?o a la sociedad es mucho mayor si las encierras, porque son cabezas de hogar, madres solteras, mujeres vulnerables... Y los c¨ªrculos de criminalidad suelen repetirse en sus familias si se pasa hambre¡±, explica Coletta Youngers, asesora principal en la ONG americana de derechos humanos WOLA. ¡°No son personas peligrosas que tengas que alejar de la sociedad¡±. Proyectos como estos son apoyados por el Programa de Cooperaci¨®n entre Am¨¦rica Latina, el Caribe y la Uni¨®n Europeaen materia de pol¨ªtica de drogas (Copolad).

¡°Esto no es mano blanda ni impunidad¡±

Pero los sectores m¨¢s conservadores no lo ven de la misma forma. La apuesta por alternativas a la c¨¢rcel son diametralmente opuestas a los discursos de presidentes vecinos como el salvadore?o Nayib Bukele, quien ha basado toda su pol¨ªtica de seguridad en encerrar a cualquier sospechoso de estar vinculado a las pandillas, hasta tener la mayor tasa de encarcelamiento del mundo. Su discurso se ha levantado como la panacea y ha servido de inspiraci¨®n para otros sectores en Ecuador, Honduras o Colombia, hasta calar en la sociedad que vincula seguridad con pol¨ªticas de ¡°mano dura¡±.

Celia Medrano, reconocida defensora de los derechos humanos, recuerda los intentos de llevar una ley como la costarricense a El Salvador en el caso de mujeres que eran forzadas a introducir droga por pandilleros, en 2014: ¡°Hicimos un trabajo enorme, pero nunca logramos hacer que el Ministerio P¨²blico entendiese la diferencia entre una mujer que lo hace bajo la extorsi¨®n y la que no. Nunca conseguimos un enfoque diferencial. Hoy en d¨ªa, plantear algo as¨ª es absolutamente impensable ya que la l¨®gica del pa¨ªs es la contraria a la de ¡®eres libre hasta que se demuestre lo contrario¡±. ¡°Hay muchos detractores a¨²n. Tambi¨¦n en Costa Rica¡±, lamenta Teodoro Berm¨²dez, fiscal que trabaja con esta modalidad desde 2014. ¡°Algunos piensan que esto es alcahueter¨ªa. A lo nuevo siempre se le tiene miedo¡±.

Jovanna Calder¨®n Altamirano, jefa de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, coincide y considera que las cr¨ªticas al proceso restaurativo vienen desde el desconocimiento del modelo y de este creciente ¡°populismo punitivo¡±: ¡°La gente cree que estos procesos son muy permisivos y que buscan beneficiar al imputado. Y no es as¨ª, esto no es mano blanda ni impunidad. Se trata de procesos con mucho control y seguimiento y de una responsabilidad activa para reparar el da?o causado¡±.

Solo en 2022 se cerraron 2.379 casos por justicia restaurativa, con un 98% de satisfacci¨®n de todas las partes. ¡°No es un modelo abolicionista ni quiere terminar con la prisionalizaci¨®n¡±, a?ade. Pero matiza: ¡°Se puede abordar cualquier tipo de conflicto por justicia restaurativa con el personal cualificado, los recursos necesarios y siempre que exista voluntad en ambas partes¡±. Incluidos, seg¨²n Calder¨®n, los delitos de violencia de g¨¦nero, que fueron excluidos del primer proyecto de ley por la presi¨®n del movimiento feminista. ¡°La sociedad costarricense no ten¨ªa la madurez suficiente para entender que esta es una ley muy vanguardista¡±.

Una ley que, adem¨¢s, est¨¢ teniendo grandes resultados, ya que solo el 4% de los imputados volvieron a reincidir durante los dos a?os de monitoreo que realiza el Poder Judicial. En Colombia, el porcentaje de los presos que vuelven a la c¨¢rcel por un nuevo delito es del 36%. En Chile, del 52,9% y en M¨¦xico ronda el 60% en delitos de robo. Estos procesos de abordaje psicosociales son, adem¨¢s, mucho m¨¢s r¨¢pidos (entre uno y tres meses) y un 86% m¨¢s econ¨®micos que los casos ordinarios, seg¨²n el Poder Judicial.

Cindy Torres Ortiz, 33 a?os, es parte de ese 96% de reinsertados de Costa Rica. No se le pasa por la cabeza volver a introducir droga a la c¨¢rcel ni volver con el exnovio que, desde prisi¨®n, la obligaba a que lo hiciera semanalmente durante un a?o. ¡°Yo estaba muy enamorada, ¨¦l tomaba las decisiones y yo solo aceptaba. No era un negocio para m¨ª, no me dejaba trabajar para otra persona. Era su empleada¡±, explica esta madre de tres hijos. ¡°Cuando me pillaron, sent¨ª alivio. Quer¨ªa que se acabara¡±, reconoce. Ahora Torres lleva pr¨¢cticamente cinco a?os sin consumir y se gradu¨® de bachiller.

¡°Seguir pensando que la c¨¢rcel es la soluci¨®n a todos nuestros problemas es un desastre para Am¨¦rica Latina¡±, dice Luis Andr¨¦s Fajardo, vicedefensor de Colombia. En las dos ¨²ltimas d¨¦cadas, la poblaci¨®n carcelaria en Am¨¦rica Latina y el Caribe se ha disparado un 120%, mientras que en el resto del mundo s¨®lo ha aumentado un 24%. Aqu¨ª, adem¨¢s, una de cada tres personas encarcelada no tiene a¨²n sentencia. ¡°Lo interesante del proceso es el rol activo del victimario y que se pregunta qu¨¦ quiere la v¨ªctima¡±, explica Fajardo.

Esa fue la pregunta que ten¨ªan en mente los primeros precursores de esta modalidad del derecho penal, que surgi¨® a mediados de los 70 en Canad¨¢, con una fuerte mirada a c¨®mo resuelven conflictos las comunidades ind¨ªgenas: sin castigo y con el horizonte puesto en la reinserci¨®n. La justicia restaurativa tambi¨¦n fue clave en los procesos de paz de Sud¨¢frica, Irlanda del Norte y Espa?a.

¡°Yo no tuve esa oportunidad y estoy pagando las consecuencias¡±

La historia de Berta Robles (nombre ficticio) no permiti¨® segundas oportunidades. Esta nicarag¨¹ense de ojos y cabello azabache recibe a Am¨¦rica Futura en una sala de la C¨¢rcel Vilma Curling Rivera a finales de octubre con las manos sudorosas y la mirada esquiva. Est¨¢ sentada en una silla de pl¨¢stico a pocos metros de la celda en la que duerme con otras 25 mujeres desde hace cuatro a?os. Respira hondo y trata de rebobinar.

Lleva m¨¢s de 20 a?os viviendo sin papeles en Costa Rica y haciendo malabares para pagar los gastos de sus cinco hijos desde que se divorci¨®. Se dedic¨® a la prostituci¨®n, pero los 16 d¨®lares por cliente que recib¨ªa no alcanzaban ni para el arriendo. ¡°No quer¨ªa seguir en ese lugar¡±, cuenta. Por eso, cuando una colega le habl¨® de lo ¡°f¨¢cil¡± que era meter droga en la c¨¢rcel, accedi¨®. Las manos sudorosas la delataron frente a las guardias de seguridad. ¡°Yo no estaba hecha para eso, se dieron cuenta enseguida¡±, lamenta.

La primera vez que la pillaron, le dieron la opci¨®n de irse en libertad con unas medidas alternativas, diferentes a los procesos restaurativos. No hubo c¨ªrculo de palabra ni b¨²squeda de reparaci¨®n, sino conmutaci¨®n de pena por servicio a la comunidad. La deuda que le dej¨® la decomisi¨®n de la droga la oblig¨® a intentarlo una vez m¨¢s. La ¨²ltima. En abril de 2019 la condenaron a seis a?os de c¨¢rcel. ¡°Yo no tuve otra oportunidad. Estoy pagando las consecuencias¡±, dice Robles antes de un largo silencio. Ni consejos sobre noviazgo, ni graduaciones, ni cumplea?os de sus hijos. Dice que se lo ha perdido todo. El d¨ªa a d¨ªa pasa lento. Estudia, trabaja, va a todas las actividades que le proponen y pasa el tiempo justo con las dem¨¢s compa?eras de celda. ¡°Solo quiero salir de aqu¨ª, la c¨¢rcel no es el mejor lugar para cambiar¡±.