¡°Al Estado le sobran los presos¡±: por cada persona detenida hay cinco mujeres condenadas a cuidarlo

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Luc¨ªa Alvarado trabajaba en las labores de su casa en Ciudad de M¨¦xico. Giselle Amador era ministra de Salud de Costa Rica. Martha ¡ªnombre ficticio para proteger su identidad¡ª era peluquera en un barrio ecuatoriano. Todas hablan en pasado de sus empleos porque la encarcelaci¨®n de Mario, Luis y Carlos, respectivamente, las convirtieron a la fuerza en investigadoras, abogadas y defensoras de derechos humanos. Ninguna conoc¨ªa las leyes o los derechos de sus familiares. Antes de las detenciones, tambi¨¦n cre¨ªan en el Estado. Ya no. ¡°Al Estado le sobran los presos. A ellos solo los cuidamos nosotras; sus madres, sus hermanas, sus hijas¡±, explica por videollamada Martha. Su hijo Carlos ¡ªun nombre que ha escogido tambi¨¦n para resguardar su identidad¡ª fue uno de los 118 asesinados en la masacre del 28 de septiembre de 2021 en la Penitenciar¨ªa del Litoral en Guayaquil, tras ser condenado a cuatro a?os y medio por robar un celular.

Carlos, de 19 a?os, estaba terminando de estudiar barber¨ªa y acababa de ser pap¨¢ hac¨ªa tres meses. Despu¨¦s de la pandemia, echaron del trabajo a Martha y las deudas de la familia superaban los 600 d¨®lares, un monto que no pod¨ªan asumir. ¡°No justifico lo que hizo, pero las consecuencias fueron terrible para todos¡±, explica la madre. ¡°Econ¨®micamente fue imposible, me toc¨® hacerme cargo de mi nuera y mi nieta, la deuda, el diagn¨®stico de c¨¢ncer de mi mam¨¢¡­ Y, claro, hacerme cargo de ¨¦l¡±. Adem¨¢s de los costos de ir y venir a la c¨¢rcel, Martha cuenta que tuvo que vender tel¨¦fonos, televisores y todos los electrodom¨¦sticos de la casa para poder pagar las extorsiones desde dentro de la c¨¢rcel. ¡°Pagaba para que no durmiera en el piso o para garantizarle la protecci¨®n. Ni s¨¦ cu¨¢nto se me fue en eso¡±. Como ella, el 87% de las mujeres cuidadoras asegura no haber podido llegar a fin de mes tras la detenci¨®n de sus seres queridos, seg¨²n un informe de RIMUF, la Red Internacional de Mujeres Familiares de personas detenidas. La mayor¨ªa de los presos varones (el 75%) eran cabezas de familia.

En la ma?ana del 28 de septiembre, Martha se enter¨® de que su hijo fue uno de los asesinados en las puertas de la prisi¨®n de Guayaquil. Otra madre que tambi¨¦n se acerc¨® a la c¨¢rcel buscando informaci¨®n sobre la balacera, logr¨® contactarse con su hijo mediante una videollamada. Martha le pidi¨® que hiciera un paneo con la c¨¢mara y vio a Carlos sin vida boca abajo en su celda. ¡°No hay consuelo alguno. Pero al menos a m¨ª me lo entregaron entero. Hubo mujeres que dieron sepultura apenas de algunas partes del cuerpo de sus ni?os. ?ramos un pu?ado de madres destrozadas por la noticia¡±.

Las mujeres cuidando son la norma. Representan, al menos, el 80% de las que visitan a sus familiares en prisi¨®n. ¡°Es asombroso darse cuenta de que cuando la mujer es la que est¨¢ presa, o la visitan sus madres y hermanas, o no va nadie. Los hombres no suelen encargarse de ello¡±, narra Alvarado, integrante de la organizaci¨®n. Seg¨²n RIMUF, por cada persona presa, hay una red de apoyo de cinco mujeres alrededor.

La extorsi¨®n que denuncian tambi¨¦n es una constante. La sobrepoblaci¨®n es una de las principales causas de un sistema penitenciario fallido. En las dos ¨²ltimas d¨¦cadas, la poblaci¨®n carcelaria en Am¨¦rica Latina y el Caribe se ha disparado un 120%, mientras que en el resto del mundo s¨®lo ha aumentado un 24%. Pero en el continente latinoamericano, estas cifras no han supuesto un aumento significativo en la inversi¨®n.

C¨¢rceles abarrotadas, Estados que invierten poco en un enfoque restaurativo y un creciente poder de pandillas y grupos armados son las razones por las que la corrupci¨®n se cuela entre los barrotes de las c¨¢rceles. ¡°Adem¨¢s del descontrol por el hacinamiento¡±, explica Alvarado, ¡°existe una tendencia a ignorar a los que est¨¢n privados de libertad. Y el ¨²nico derecho que se les anula es el de la libre circulaci¨®n. Todos los dem¨¢s, el trabajo, la sanidad, la educaci¨®n... siguen siendo derechos. Pero en la c¨¢rcel pareciera que no existen¡±. Lo sabe por experiencia. Su hermano Mario fue torturado en la c¨¢rcel tras ser detenido arbitrariamente por el supuesto tr¨¢fico de 19 toneladas de hero¨ªna durante un turno de trabajo en el aeropuerto que nunca cubri¨®. Era 2007 y M¨¦xico estaba en plena guerra contra las drogas, pero para Luc¨ªa Alvarado, nada ten¨ªa sentido: ¡°Era tan claro ver que no atendi¨® ese vuelo que pensamos que se solucionar¨ªa en cuesti¨®n de horas. Pero pas¨® siete a?os en la c¨¢rcel¡±.

Para Amador, las extorsiones suceden con permiso de los funcionarios. ¡°Y los abogados que quieren llevar tu caso tambi¨¦n piden miles de d¨®lares por debajo de la mesa para, supuestamente, conseguir mejores resultados. Todo es un negocio¡±. A su hijo Luis lo condenaron a 8 a?os y 4 meses por la siembra de cannabis, junto a cuatro amigos, un delito contra la salud p¨²blica en Costa Rica. Meses antes de la detenci¨®n, el presidente Carlos Alvarado pidi¨® su dimisi¨®n sin darle m¨¢s explicaciones. ¡°Yo estaba ¡®incomodando¡¯ como ministra de Salud porque no ced¨ª con las tabacaleras ni con las farmace¨²ticas¡±, argumenta. ¡°Esa fue la excusa que encontraron para ir contra m¨ª. Y en el camino perd¨ª todos mis ahorros; m¨¢s de 60.000 d¨®lares. Se me fue la salud en ello...¡±.

¡°Viv¨ªa por y para ¨¦l¡±

Las consecuencias de la c¨¢rcel son m¨²ltiples y no solo afectan a los presos; se extienden e impactan directamente en la salud, la econom¨ªa y la psicolog¨ªa de las familias. Luc¨ªa Alvarado reconoce que ¡°no recuerda cu¨¢ndo fue la ¨²ltima vez que hizo algo¡± por ella misma. ¡°Mi vida se convirti¨® en ser la encargada de que mi hermano saliera de la c¨¢rcel. Viv¨ªa por y para ¨¦l¡±. Martha lo describe como si su vida se hubiera acabado. Y, para Amador, fue necesaria la terapia ¡°para volver a salir a la calle¡± sin sentirse se?alada por la sociedad. El 85% de las mujeres encuestadas por RIMUF manifest¨® una deteriorada salud mental con episodios frecuentes de estr¨¦s, agobio y tristeza. El mismo porcentaje que reconoce haber sufrido un trato p¨¦simo o malo de los funcionarios de prisiones que engloban desde vej¨¢menes y abusos sexuales en los controles de seguridad en las visitas hasta amenazas.

¡°Las tareas de cuidado no son una elecci¨®n sino un efecto de dos procesos contempor¨¢neos, que se refuerzan mutuamente: la sociedad patriarcal y la prisionizaci¨®n¡±, se lee en el estudio realizado con 188 familiares de ocho pa¨ªses. Actualmente, existen 1,5 millones de personas privadas de libertad en las prisiones de la regi¨®n. Adem¨¢s de las pobres infraestructuras, existe un d¨¦ficit en la cobertura de servicios b¨¢sicos en el sistema penitenciario: casi el 60% de la poblaci¨®n privada de libertad no cuenta con una cama; el 29% no tiene acceso a servicios de salud; y el 28% no tiene acceso a bienes b¨¢sicos como agua y jab¨®n, de acuerdo a datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Uno de cada tres presos no tiene una sentencia

En Am¨¦rica Latina y el Caribe, el porcentaje de personas privadas de la libertad sin sentencia es de 36%, bajo una figura de prisi¨®n preventiva. De acuerdo con la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la aplicaci¨®n de esta medida es uno de los problemas m¨¢s graves y extendidos que enfrentan los pa¨ªses de la regi¨®n, ya que contraviene el derecho a la presunci¨®n de inocencia y afecta principalmente a familias que viven en situaci¨®n de pobreza, migrantes y mujeres. Nathalie Alvarado, coordinadora del Cl¨²ster de Seguridad Ciudadana y Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asegura que el hacinamiento al que conlleva la prisi¨®n preventiva genera ¡°condiciones inhumanas en las c¨¢rceles, m¨¢s violencia y victimizaci¨®n, y menos oportunidades de rehabilitaci¨®n¡±. Este problema, dice, ha llevado a que pa¨ªses como Chile implementen la Ley Say¨¦n, que establece medidas alternativas y limita el uso de esta figura legal para mujeres embarazadas o que tengan hijos menores de dos a?os. ¡°Las personas acusadas que no son puestas en libertad antes del juicio tienen menos probabilidades de preparar una defensa adecuada y m¨¢s probabilidades de recibir una sentencia privativa de libertad, obtener sentencias m¨¢s largas y declararse culpables¡±, zanja.

Para Alvarado, esta es la primera medida a erradicar en el continente. La otra clave es la aplicaci¨®n de la perspectiva de g¨¦nero en los tribunales, que da cuenta de c¨®mo el peso de las detenciones recae sobre las mujeres y los ni?os a cargo. ¡°El Estado tiene que encontrar la forma de garantizar que las familias tengan un sustento, ya sea con subvenciones o promoviendo el empleo dentro de las c¨¢rceles e ingresando los salarios a estas mujeres cabeza de familias¡±. Y concluye: ¡°Hay que pensar en soluciones para que no seamos las mujeres y las ni?as tambi¨¦n las encarceladas¡±.