La Corte IDH condena a Per¨² por violar los derechos de 80 personas contaminadas por metales pesados

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Ochenta ciudadanos de la sierra central del Per¨² respiran con un poco de alivio desde hoy. Adultos que desde ni?os han sufrido c¨®licos severos, erupciones en la piel, dolores de cabeza, diarreas incontenibles, bronquitis, sordera y agotamiento permanente. Estos s¨ªntomas se han agravado con el tiempo por llevar en la sangre alt¨ªsimos niveles de plomo, cadmio y ars¨¦nico, entre otros metales pesados, por ser v¨ªctimas durante d¨¦cadas del complejo metal¨²rgico La Oroya, en la regi¨®n Jun¨ªn, y de la negligencia de las autoridades por remediar los da?os.

A trav¨¦s de una audiencia virtual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conden¨® al Estado peruano al hallarlo culpable de violar m¨²ltiples derechos de esta comunidad: a un medio ambiente sano, a la salud, la integridad personal, la vida, la protecci¨®n especial de la ni?ez, el acceso a la informaci¨®n, la participaci¨®n pol¨ªtica, las garant¨ªas judiciales y a la protecci¨®n judicial. Se trata de un fallo hist¨®rico para una localidad que en 2011 fue nombrada como la segunda ciudad m¨¢s contaminada del mundo, de acuerdo a un an¨¢lisis del Instituto Blacksmith (actualmente Pure Earth), una ONG estadounidense de esp¨ªritu conservacionista.

La sentencia supone un gran paso en la b¨²squeda del resarcimiento de las 80 v¨ªctimas, quienes tras la desidia de la justicia peruana llevaron el caso a instancias internacionales en el 2006, con el acompa?amiento y asesor¨ªa de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Asociaci¨®n Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida), adem¨¢s de la organizaci¨®n Earthjustice. Si bien en octubre de 2021 la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableci¨® la responsabilidad del Estado peruano, faltaba la sentencia y el pronunciamiento de la Corte IDH, ambas instituciones supranacionales y de car¨¢cter vinculante.

El fallo es claro en se?alar distintas acciones que debe tomar el Gobierno a modo de reparaci¨®n: la obligaci¨®n de investigar los hechos y sancionar a los responsables de los actos de hostigamiento contra los defensores del medio ambiente; realizar un diagn¨®stico para determinar el estado de la contaminaci¨®n del aire, el agua y el suelo en La Oroya, el cual deber¨¢ incluir un plan de remediaci¨®n y un sistema de monitoreo; brindar atenci¨®n m¨¦dica especializada y terapias psicol¨®gicas y psiqui¨¢tricas gratuitas a los afectados; desarrollar un plan de compensaci¨®n ambiental con el prop¨®sito de recuperar el ecosistema y garantizar que las operaciones mineras o metal¨²rgicas se basen en los principios rectores sobre derechos humanos y medio ambiente.

A ello se suma un plan de reubicaci¨®n para los ciudadanos de La Oroya que deseen mudarse a otra localidad y un pago efectivo con ciertos matices: 15.000 d¨®lares por concepto de da?os inmateriales, monto que se incrementa a 25.000 d¨®lares en el caso de ni?os, mujeres y ancianos. La reparaci¨®n tambi¨¦n crece a 30.000 d¨®lares respecto a dos casos espec¨ªficos de personas que fallecieron por enfermedades adquiridas por la contaminaci¨®n. En cuanto a otros seis fallecidos, sus familiares recibir¨¢n la indemnizaci¨®n.

El tribunal sostiene que el ¡°Estado incumpli¨® con su deber de regulaci¨®n y fiscalizaci¨®n de las actividades del Complejo Metal¨²rgico La Oroya¡±. ¡°La contaminaci¨®n del aire ha superado considerablemente los respectivos lineamientos de la calidad del aire establecidos en la legislaci¨®n nacional peruana y ha producido la presencia de metales en la sangre de la poblaci¨®n¡±, a?ade. En 1922 la empresa norteamericana Cerro de Pasco Cooper Corporation oper¨® en el lugar. A?os despu¨¦s, entre 1997 y 2009, pas¨® a manos de la tambi¨¦n estadounidense Doe Run del Grupo Renco. Desde entonces, se encuentra inactiva.

¡°Hace 20 a?os, cuando inici¨® esta lucha, yo iba con mi pancarta que dec¨ªa que la salud de los ni?os vale m¨¢s que el oro. Nunca desistimos, ahora estoy muy alegre con la decisi¨®n de la Corte¡±, expresa una de las v¨ªctimas de La Oroya. Otra afectada, Yolanda Zurita, es m¨¢s cauta, evidenciando su escepticismo: ¡°Lo que esperamos ahora es que se implemente la sentencia. Que el Estado cumpla por primera vez con sus obligaciones y que garantice nuestros derechos como defensores ambientales. El cumplimiento de la sentencia es lo m¨ªnimo que esperamos de un Estado comprometido con la garant¨ªa de los derechos de sus ciudadanos¡±.

Las organizaciones que se encargaron de la defensa de los 80 ciudadanos de La Oroya tambi¨¦n se pronunciaron. Liliana ?vila, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de Aida, destaca la magnitud del fallo: ¡°Es un avance muy importante y un precedente clave para la justicia ambiental en Am¨¦rica Latina¡±. Por su parte, Christian Huaylinos, coordinador del ¨¢rea legal de Aprodeh, tambi¨¦n valor¨® la sentencia de la Corte IDH. ¡°Fija los par¨¢metros de la obligaci¨®n estatal de regular, fiscalizar y remediar los efectos de la contaminaci¨®n ambiental. Es adem¨¢s una gran satisfacci¨®n por la gran lucha de dos d¨¦cadas de parte de las v¨ªctimas¡±, finaliza.