La deuda de Uruguay con las mujeres entra en la agenda de un a?o electoral

Uruguay arranca el a?o electoral con una nutrida lista de asignaturas pendientes para avanzar hacia la igualdad de g¨¦nero y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. En el pa¨ªs sudamericano, de 3,4 millones de habitantes, se registra una de las tasas de femicidios m¨¢s altas del continente, las mujeres electas en 2019 representaban solo el 19% del Parlamento y la educaci¨®n sexual integral lejos est¨¢ de aplicarse cabalmente. Estos son algunos de los aspectos cr¨ªticos que aborda un reciente informe del Comit¨¦ de la ONU para la Eliminaci¨®n de la Discriminaci¨®n contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingl¨¦s), que exhorta al Estado uruguayo a superar las barreras que impiden poner en pr¨¢ctica las leyes en favor de la igualdad aprobadas desde 2016, cuando la CEDAW emiti¨® su evaluaci¨®n anterior sobre Uruguay.

Entre las reformas legislativas hechas desde entonces, el informe destaca la aprobaci¨®n en 2017 de la ley 19.850 sobre violencia hacia las mujeres basada en g¨¦nero. Uruguay, seg¨²n la CEPAL, es el tercer pa¨ªs de Am¨¦rica Latina ¡ªjunto a El Salvador¡ª con la tasa m¨¢s alta de femicidios (1,6 cada 100.000 mujeres), solo por detr¨¢s de Rep¨²blica Dominicana (2,9) y Honduras (6). De acuerdo con el estudio El feminicidio en Uruguay, entre 2001 y 2022 se identificaron 615 casos en territorio uruguayo; en 2022 hubo 37 feminicidios y 38.251 denuncias por violencia de g¨¦nero. Este flagelo motiv¨® que en 2019 el Gobierno de turno declarara el ¡°estado de emergencia nacional¡±, que en los hechos no tuvo mayor impacto, seg¨²n coinciden las organizaciones sociales y feministas.

Frente a este panorama, el comit¨¦ de expertos de la ONU exhorta al Estado uruguayo a aumentar los recursos humanos, t¨¦cnicos y financieros para la ¡°aplicaci¨®n estricta¡± de la ley de 2017. El informe, emitido a fines de octubre pasado, destaca la instalaci¨®n de dos juzgados especializados en violencia de g¨¦nero en el noroeste y sureste del pa¨ªs, pero observa ¡°largas demoras¡± en establecer ¨®rganos similares en el resto del territorio. Tambi¨¦n resalta la creaci¨®n de una l¨ªnea telef¨®nica de ayuda contra la violencia de g¨¦nero las 24 horas y el aumento en un 50% del presupuesto asignado al sistema de respuesta del Instituto Nacional de las Mujeres. Por otro lado, denuncia las m¨²ltiples insuficiencias que persisten en la prevenci¨®n de este delito, la atenci¨®n a las v¨ªctimas y el acceso a la justicia.

¡°El informe est¨¢ alineado con lo que las organizaciones feministas y los movimientos sociales demandamos al Estado desde hace tiempo, como la asignaci¨®n de presupuesto y la adopci¨®n de medidas concretas, para que las leyes que tenemos, que son muy buenas, no se queden solo en el papel¡±, dice a EL PA?S Helena Su¨¢rez Val, activista e investigadora uruguaya, autora del sitio web Feminicidio Uruguay. Su¨¢rez valora positivamente que la ONU se pronuncie en ese sentido, pero duda de que la situaci¨®n vaya a cambiar en el corto plazo, porque la igualdad entre hombres y mujeres ¡°est¨¢ por fuera del centro de las discusiones pol¨ªticas en Uruguay¡±. ¡°Empieza la campa?a electoral y el tema no est¨¢ jerarquizado¡±, dice en alusi¨®n a las elecciones generales de octubre de 2024.

La investigadora considera que la sociedad uruguaya va a la zaga de lo planteado en la ley integral sobre violencia de g¨¦nero, cuando generalmente son las leyes las que recogen el cambio social. ¡°Para eliminar la violencia por razones de g¨¦nero se requieren cambios culturales estructurales, en los que la educaci¨®n es clave¡±, sostiene. Y se pregunta: ¡°?Cu¨¢nto estamos haciendo por preparar a las personas para una vida social igualitaria?¡±. Asimismo, insiste en la necesidad de que las leyes locales se traduzcan en medidas reales sostenidas por presupuestos que est¨¦n a la altura de la gravedad del tema. ¡°Para lograrlo¡±, asegura, ¡°es necesario que haya mujeres feministas y hombres con esa perspectiva en lugares de toma de decisi¨®n¡±.

La baja participaci¨®n pol¨ªtica de las mujeres en puestos clave del Estado uruguayo, pese a contar con una ley de cuotas desde 2009, es otro de los aspectos en que la CEDAW hace hincapi¨¦. Como resultado de los comicios generales de 2019, las mujeres electas senadoras y diputadas representaban solo el 19,2 % del Parlamento; dos mujeres fueron nombradas ministras en un total de 14 ministerios y dos mujeres pasaron a ocupar el cargo de intendentas (alcaldesas) en un pa¨ªs con 19 departamentos. Estos indicadores ¡°son muy malos¡±, dice a EL PA?S la polit¨®loga Ver¨®nica P¨¦rez, al tiempo que los avances legislativos para que mejoren ¡°son muy lentos o inexistentes¡±. ¡°La mayor¨ªa de los pa¨ªses de Am¨¦rica Latina votaron leyes de paridad. Uruguay no lo ha hecho y es dif¨ªcil que lo haga¡±, sostiene.

Para la polit¨®loga, este nivel de participaci¨®n pol¨ªtica de las mujeres ¡°no se condice con otros avances que ha hecho Uruguay en otras ¨¢reas¡±, y cita como ejemplo la ley que despenaliz¨® el aborto en 2012 y lo coloc¨® a la vanguardia en Am¨¦rica Latina. Pa¨ªses como Argentina, M¨¦xico, Costa Rica tienen Parlamentos paritarios o cuasi paritarios, tal y como lo remienda la CEDAW. ?Por qu¨¦ es tan dif¨ªcil votar una ley de paridad en Uruguay? ¡°No es f¨¢cil porque estas leyes tienen que ser votadas por quienes se van a ver ?perjudicados? por ellas. Habr¨¢ hombres que tendr¨¢n que dejar su lugar a las mujeres¡±, dice. Adem¨¢s, explica que para aprobar una norma de este tipo en Uruguay se requieren mayor¨ªas especiales en ambas c¨¢maras legislativas. ¡°Eso lo hace a¨²n m¨¢s dif¨ªcil¡±, apunta.

Uruguay tampoco saca buena nota en materia educativa, seg¨²n se desprende del informe de la CEDAW. En ese apartado los expertos de la ONU critican la falta de aplicaci¨®n del Programa de Educaci¨®n Sexual de 2006 y el hecho de que esta disciplina no sea obligatoria en los planes de estudios. ¡°Uruguay ha sido muy reticente a incorporar la Educaci¨®n Sexual Integral en la ense?anza formal¡±, dice a este peri¨®dico la psic¨®loga Alejandra L¨®pez G¨®mez. Durante los 15 a?os de los gobiernos progresistas (2005-2020), detalla la especialista, se avanz¨® de manera sostenida en la implementaci¨®n de esta formaci¨®n, pero con dosis de baja intensidad, una estructura l¨¢bil y magro presupuesto. ¡°Con el cambio de Gobierno [en 2020 asumi¨® una coalici¨®n de centroderecha], la educaci¨®n sexual pas¨® a ser una actividad optativa en la ense?anza media. Un ¨¢rea prescindible¡±, afirma.

En sinton¨ªa con los expertos de la CEDAW, L¨®pez sigue con preocupaci¨®n este proceso, dado que la Educaci¨®n Sexual Integral es considerada un derecho humano que contribuye ¡ªentre otras cuestiones¡ª a la reducci¨®n de situaciones adversas, como la violencia en la pareja, seg¨²n recoge un informe de la ONU del que L¨®pez es coautora. ¡°La agenda de derechos exige estar alerta porque los riesgos de retroceso siempre est¨¢n. Se necesitan pol¨ªticas p¨²blicas sostenidas, una ciudadan¨ªa activa y producci¨®n de conocimiento basado en evidencia¡±, resume. Como sus colegas, L¨®pez espera que el informe de la CEDAW contribuya a que Uruguay asegure los mecanismos necesarios para que las pol¨ªticas consagradas en el marco normativo sean accesibles para toda la poblaci¨®n.

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