Torturas y muertes violentas en prisi¨®n: la CIDH exige el fin del estado de excepci¨®n en El Salvador

Detenciones sistem¨¢ticas sin pruebas, personas que, tras ser liberadas por orden judicial, son arrestadas de nuevo al cruzar las puertas del penal, celdas atestadas sin apenas agua y comida, palizas de los custodios, descargas el¨¦ctricas, muertes en la c¨¢rcel por estrangulamiento, abortos por falta de atenci¨®n m¨¦dica. El informe de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el estado de excepci¨®n en El Salvador, lanzado este mi¨¦rcoles, describe la pol¨ªtica estrella del popular presidente Nayib Bukele como represiva, indiscriminada y contraria a los convenios internacionales. E incluye testimonios aterradores que contradicen el relato oficial de la mano dura que trajo paz a todo un pa¨ªs y solo castiga a los culpables.

¡°(En la c¨¢rcel) vi abortos por falta de asistencia m¨¦dica¡±, dijo en marzo de 2023 a la CIDH una detenida que obtuvo la libertad provisional. ¡°(A otra interna) se le revent¨® el ap¨¦ndice, la sacaron al hospital, pero cuando le hicieron la cirug¨ªa no se dieron cuenta que llevaba cuatro meses de embarazo. La volvieron a sacar por complicaciones, se dieron cuenta de su embarazo y le tuvieron que hacer un legrado. Yo no s¨¦ c¨®mo qued¨® embarazada, si llevaba m¨¢s (de ese) tiempo detenida¡±, relat¨®.

Las 157 p¨¢ginas del documento ahondan en una cadena de abusos que inicia en los criterios arbitrarios de captura y deriva en torturas y tratos inhumanos en prisi¨®n. La Comisi¨®n habla de un ¡°presunto patr¨®n de ilegalidades y arbitrariedades en las detenciones¡±, justificadas a menudo en denuncias an¨®nimas al tel¨¦fono que el Gobierno de El Salvador cre¨® para ello, o en vagos informes policiales, y en las que la CIDH identifica ¡°el uso de criterios discriminatorios (...) basados en las caracter¨ªsticas personales o socioecon¨®micas de la persona¡±. Organizaciones locales de sociedad civil han denunciado en varias ocasiones que el estado de excepci¨®n de Bukele se ceba con los habitantes de comunidades marginales, las mismas que por dos d¨¦cadas sufrieron la violencia de las temibles pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. El informe lo confirma, y denuncia tambi¨¦n la normalizaci¨®n de los allanamientos sin orden judicial, siempre en viviendas en barrios pobres.

La comisi¨®n retrata un sistema de justicia colapsado y deshumanizado, en el que la inauguraci¨®n del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la c¨¢rcel bandera del Gobierno salvadore?o, no mitig¨® el hacinamiento, disparado por la oleada de detenciones; en el que presos son trasladados sin previo aviso y, por d¨ªas o semanas, se oculta a las familias su paradero; en el que las personas encarceladas, incluso las que a¨²n no han sido juzgadas, llevan a?os sin derecho a recibir visitas; y en el que se celebran audiencias judiciales masivas ante jueces sin rostro -una pr¨¢ctica condenada por la Corte Interamericana- y con un abogado de oficio para 500 acusados.

El informe incluye testimonios de abogados defensores a los que el juez limita el tiempo de palabra a cinco minutos, o el de detenidos que acudieron a audiencias grupales virtuales, frente a una pantalla, sin saber a¨²n por qu¨¦ fueron detenidos, sin hablar antes con un abogado, y representados por defensores p¨²blicos saturados o negligentes, que les instruyen no hablar m¨¢s que para decir ¡°presente¡± cuando se pronuncia su nombre. Seg¨²n datos entregados por el mismo Gobierno salvadore?o, el 80% de los detenidos bajo el r¨¦gimen de excepci¨®n no cuenta con abogado privado.

Tras hacer una amplia descripci¨®n del da?o que las pandillas, las terribles Mara Salvatrucha y Barrio 18, hicieron por d¨¦cadas a la sociedad salvadore?a, la CIDH reconoce el derecho del Estado a recurrir a medidas extraordinarias para combatir a estos grupos. Pero enseguida denuncia que las reformas penales aprobadas por El Salvador incluyen ¡°aspectos contrarios al marco jur¨ªdico interamericano¡±, y concluye que el conjunto de medidas del r¨¦gimen de excepci¨®n, gracias al cual Bukele ha encarcelado a m¨¢s de 80.000 personas desde marzo de 2022, ¡°revelan la opci¨®n por un modelo de pol¨ªtica criminal enfocado en medidas altamente represivas, con la suspensi¨®n de derechos y garant¨ªas, y al cual se a¨²nan denuncias de violaciones sistem¨¢ticas y generalizadas de derechos humanos¡±.

Torturas y muertes en custodia

¡°Algunos compa?eros se murieron en Mariona, en el sector 6. Uno grit¨® emergencia y era un muchacho que se convulsionaba. El custodio, cuando llegaba, les pegaba con la punta de la bota en las costillas y , si todav¨ªa respirabas, te dejaban en la celda¡±, relat¨® a la CIDH un detenido liberado con medidas sustitutivas. Otros testigos describen violaciones sexuales cometidas por los guardas, con total impunidad, frente a decenas de presos aterrorizados. ¡°Tuve la mala an¨¦cdota de ver c¨®mo violaban a un muchacho ah¨ª, pero nadie hac¨ªa nada porque si dec¨ªas algo eras el siguiente¡±, dice uno de ellos.

Organizaciones de derechos humanos locales e internacionales llevan dos a?os difundiendo testimonios de torturas y muertes en prisi¨®n, portada a menudo en algunos medios de comunicaci¨®n de El Salvador a los que Bukele acusa de ser oposici¨®n. Un reciente informe de la organizaci¨®n Cristosal, publicado a inicios de julio, asegura que entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2024 murieron en las prisiones salvadore?as al menos 261 personas adultas y cuatro ni?as y ni?os encarcelados con sus madres. Uno de ellos ten¨ªa solo cinco meses de edad.

El Gobierno salvadore?o, mientras, niega las torturas y afirma que cualquier muerte en c¨¢rceles se debi¨® a causas naturales. El pasado 12 de julio, en audiencia ante la CIDH, la canciller Alexandra Hill dijo que El Salvador est¨¢ ¡°cumpliendo con todos los est¨¢ndares internacionales de privaci¨®n de libertad¡±. El Gobierno alega que la Fiscal¨ªa, en manos de un fiscal impuesto por Bukele en 2021, no ha recibido denuncias por ese tipo de casos. Hace una semana el comisionado presidencial para los Derechos Humanos, Andr¨¦s Guzm¨¢n, dijo en una entrevista con el peri¨®dico El Faro que no conoce el n¨²mero de personas muertas en las c¨¢rceles, ni lo considera ¡°dentro de los radares de violaci¨®n de Derechos Humanos¡±. Admiti¨® tambi¨¦n que, en m¨¢s de un a?o en el cargo, no se ha reunido con ninguna de las personas que han denunciado en p¨²blico haber sufrido o presenciado torturas.

Frente a la postura oficial, la CIDH habla de muertes no investigadas y de autopsias cuyos resultados no se quiere entregar a las familias de los presos fallecidos, y recuerda en el informe que ¡°existe una presunci¨®n de responsabilidad del Estado por las muertes, lesiones o deterioros en la salud de una persona privada de libertad¡± mientras no exista una explicaci¨®n satisfactoria y convincente.

La Comisi¨®n se pregunta adem¨¢s por qu¨¦ El Salvador mantiene la suspensi¨®n de derechos y garant¨ªas si las pandillas est¨¢n pr¨¢cticamente desarticuladas y el pa¨ªs tiene hoy, como el mismo Gobierno se ha ocupado de publicitar, uno de los niveles de homicidios m¨¢s bajos del continente. En su respuesta a la CIDH, incluida en el informe, el Estado argument¨® que ¡°la desintegraci¨®n de estos grupos no ha conllevado una reducci¨®n inmediata o instant¨¢nea de su capacidad de causar da?o¡±, pero la Comisi¨®n insiste en que no existen razones objetivas para que, por ejemplo, los salvadore?os no tengan desde marzo de 2022 derecho a la privacidad de las comunicaciones, y exige en sus recomendaciones el fin del estado de excepci¨®n.

¡°Ante pruebas abundantes de graves y sistem¨¢ticas violaciones de derechos humanos en El Salvador, el Estado no investiga los abusos ni protege los derechos de la ciudadan¨ªa¡±, denuncia Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal. ¡°M¨¢s bien se dedica a encubrir, intimidar y deslegitimar la voz de las v¨ªctimas y el trabajo t¨¦cnico de las organizaciones de derechos humanos¡±. Seg¨²n ¨¦l, las conclusiones y recomendaciones del informe de la CIDH ¡°validan la verdad de las v¨ªctimas y defienden la premisa de que sin derechos no hay seguridad¡±.

Tensi¨®n en la CIDH

El informe sobre el estado de excepci¨®n en El Salvador se ha publicado con cuatro meses de atraso sobre lo previsto y exhibe en sus p¨¢ginas finales las fracturas internas de la CIDH, cada vez m¨¢s afectada por las divisiones que tambi¨¦n desgastan a la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA). Si a fines de 2023, con la anterior composici¨®n de la comisi¨®n, el primer borrador del documento se aprob¨® por unanimidad, su versi¨®n final lo ha hecho por mayor¨ªa de cuatro contra tres e incluye el voto razonado de dos comisionados que ponen en duda el rigor del documento y acusan a la propia CIDH de sesgo y falta de imparcialidad.

Se trata del comisionado colombiano Carlos Bernal, relator de pa¨ªs para El Salvador, y del guatemalteco Stuardo Ral¨®n, ambos alineados en el sector m¨¢s conservador de la comisi¨®n. En su voto razonado sugieren una posible vulneraci¨®n del derecho de defensa del Estado salvadore?o e insin¨²an un conflicto de inter¨¦s por la ¡°existencia de un mismo financiador tanto para la comisi¨®n como para organizaciones de la sociedad civil referenciadas en el informe¡±, en alusi¨®n velada a la organizaci¨®n filantr¨®pica Open Society Foundations, fundada por el magnate George Soros, centro de las teor¨ªas conspirativas de la derecha hemisf¨¦rica.

En otro voto razonado concurrente, los comisionados Jos¨¦ Luis Caballero y Andrea Pochak responden a los anteriores justificando la metodolog¨ªa y la dureza del informe, que vinculan a la deriva autoritaria de Bukele, que controla los tres poderes del Estado, ha anulado toda oposici¨®n pol¨ªtica y se reeligi¨® en febrero pese a que la Constituci¨®n salvadore?a lo proh¨ªbe: ¡°La suspensi¨®n de garant¨ªas carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democr¨¢tico¡±, dicen. ¡°La CIDH ha dejado en claro que el estado de excepci¨®n prolongado m¨¢s all¨¢ de la estricta atenci¨®n de la emergencia genera concentraci¨®n de poder y atenta contra el Estado de derecho¡±.

Caballero y Pochak critican a sus pares por no haber hecho sus cr¨ªticas durante el proceso de elaboraci¨®n del informe, cuya primera versi¨®n apoyaron. Insisten, adem¨¢s, en que la comisi¨®n lleva desde noviembre de 2022 solicitando al Gobierno de El Salvador, sin suerte, que autorice una visita de trabajo al pa¨ªs con el fin de comprobar sobre el terreno el estado de los derechos humanos en el pa¨ªs.

¡°La expresi¨®n p¨²blica de estas diferencias debilita a la comisi¨®n¡±, dice Katya Salazar, directora de la Fundaci¨®n para el Debido Proceso, con sede en Washington. ¡°Sobre todo en un tema incuestionable como este, porque as¨ª como nadie puede cuestionar que la seguridad ha mejorado en El Salvador, nadie puede negar que la mayor¨ªa de medidas implementadas violan el derecho internacional y est¨¢n afectando la vida y la integridad de much¨ªsimas personas, tanto dentro de las c¨¢rceles como fuera¡±.

El mi¨¦rcoles por la tarde, horas despu¨¦s de que se hiciera p¨²blico el informe de la CIDH, El Salvador lo atac¨® a trav¨¦s de un comunicado, en el que insiste en el impacto que el estado de excepci¨®n ha tenido en la ¡°protecci¨®n de la vida de los salvadore?os¡± y usa el voto razonado de Bernal y Ral¨®n para cuestionar de forma expl¨ªcita la imparcialidad de la Comisi¨®n Interamericana. ¡°La menci¨®n de un financiador com¨²n entre la CIDH y algunas de las organizaciones citadas en el informe (¡­) pone en duda la transparencia y objetividad del documento¡±, dice el escrito.

El Gobierno de Nayib Bukele destaca que el informe no haya sido aprobado por unanimidad y sigue el camino marcado por los comisionados disidentes al decir que la comisi¨®n ¡°no ha proporcionado una explicaci¨®n satisfactoria de c¨®mo se seleccionan sus fuentes, testigos, procesos de entrevista y selecci¨®n, ni ha demostrado de manera clara que sus decisiones est¨¦n libres de influencias externas¡±. El comunicado llega a exigir cambios en los procedimientos internos del organismo: ¡°Sin esas reformas, su capacidad para proteger los derechos humanos en las Am¨¦ricas seguir¨¢ siendo cuestionada¡±, advierte.

La divisi¨®n de criterios y los atrasos del documento son un ¨¦xito de la labor diplom¨¢tica del Gobierno de Bukele, que respondi¨® al primer borrador de la CIDH con su propio informe de 134 p¨¢ginas y 124 anexos, y prolong¨® por meses el intercambio de notas diplom¨¢ticas con alegatos de que la comisi¨®n utiliza fuentes de informaci¨®n sesgadas. La popularidad del presidente salvadore?o en el continente hace adem¨¢s, seg¨²n lamentan miembros de la CIDH en privado, que ning¨²n pa¨ªs de la OEA quiera pagar el precio que supondr¨ªa liderar la denuncia de sus abusos de poder. La comisi¨®n siente que, en este tema, no tiene respaldo pol¨ªtico.

Esa popularidad de Bukele se nutre, en parte, de la propia crueldad de su estado de excepci¨®n. La salvadore?a es una sociedad herida que, mientras espera justicia, disfruta de la venganza. En septiembre del a?o pasado, en el desfile por el mes de la independencia organizado por los salvadore?os en Nueva York, la carroza principal, engalanada con globos de colores y que transportaba a las reinas de cada barrio con sus coronas y vestidos de quincea?era, era una recreaci¨®n orgullosa de la c¨¢rcel m¨¢s grande del continente, el CECOT.

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