Costa Rica retoma el viejo anhelo de la miner¨ªa de oro para evitar la explotaci¨®n ilegal

El Gobierno de Rodrigo Chaves ha abierto un nuevo cap¨ªtulo a la larga historia de tentaci¨®n de Costa Rica por desarrollar la miner¨ªa de oro a cielo abierto en yacimientos ubicados al norte de este pa¨ªs centroamericano de tradici¨®n ambientalista. El Ejecutivo propone un plan para regularizar la extracci¨®n a gran escala y desplazar a los mineros ilegales que en la ¨²ltima d¨¦cada han sacado el metal de manera contaminante en esa zona fronteriza con Nicaragua y ante altas sospechas de que una parte de ese oro se exporta ¡°lavado¡± mediante procedimientos que se valen de la ¨²nica mina permitida en el pa¨ªs.

Mediante una reforma a la ley vigente en la que se proh¨ªbe la miner¨ªa a cielo abierto, el Gobierno propone explotar el oro con subastas que deparen al Estado central el 5% de las ganancias. No es ya el 2%, como hab¨ªa criticado el presidente Chaves semanas atr¨¢s al reprochar tambi¨¦n la oposici¨®n de grupos ambientalistas que en 2010 lograron la anulaci¨®n de un primer contrato otorgado en 2001 a la compa?¨ªa canadiense Industrias Infinito para extraer el mineral de esa finca llamada Crucitas, ubicada en el distrito Cutris, del municipio norte?o san Carlos. Entre a?os de pol¨¦micas y reclamos internacionales por una indemnizaci¨®n que se descart¨® finalmente en julio, los territorios abandonados los aprovecharon en tiempos recientes grupos de mineros ilegales que cruzan desde Nicaragua, quienes extraen el oro con el uso masivo de qu¨ªmicos contaminantes y con trastornos en la seguridad de esa regi¨®n.

Una parte de ese oro entra a Nicaragua por caminos informales, pero otra parte se legitima en Costa Rica y hace que la cifra de exportaci¨®n llegue a 7.600 kilos en los ¨²ltimos siete a?os, por un valor de $152 millones, seg¨²n una investigaci¨®n publicada en septiembre por el peri¨®dico La Voz de Guanacaste en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigaci¨®n Period¨ªstica (CLIP) e Interferencia de Radios de la Universidad de Costa Rica (UCR). Las sospechas apuntan a la extracci¨®n ilegal en Crucitas y el transporte del material como contrabando hacia una mina legal en un municipio llamado Abangares, a 225 kil¨®metros, donde trabajadores artesanales se mezclan con otros operadores que ayudan a convertir el metal en materia de un negocio l¨ªcito en manos de pocas empresas que luego lo exportan en barras por el aeropuerto internacional.

Mientras tanto, en Crucitas y alrededores la contaminaci¨®n alcanzaba el acueducto comunal y un ambiente de violencia e inseguridad se instal¨® alrededor de la econom¨ªa sucia del oro, sin que numerosos operativos policiales en los ¨²ltimos a?os hubiera podido frenar esta actividad ni los trasiegos hacia Abangares. Hubo investigaciones judiciales, enfrentamientos armados con heridos entre trabajadores de explotaciones informales y polic¨ªas, captura de decenas de ellos y reforzamiento de la vigilancia policial con un alto costo para el Estado, seg¨²n el Ministerio de Seguridad. Nada ha logrado vencer hasta ahora a los mineros ilegales y la respuesta del Gobierno no va por erradicar esa explotaci¨®n, sino por impulsarla de manera regulada a pesar del probable impacto ambiental.

¡°Nuestro oro se lo est¨¢n robando con t¨¦cnicas que contaminan con mercurio y generan un gran da?o. Esa riqueza debe quedar en San Carlos y en Costa Rica, y no en otros pa¨ªses como Nicaragua¡±, dijo en comunicado de prensa la ministra de Presidencia, Laura Fern¨¢ndez, al explicar el lunes la propuesta a los diputados de otras bancadas, quienes deber¨¢n discutir los detalles para una eventual reforma a la ley vigente. El planteamiento se elabor¨® con especialistas en geolog¨ªa y miner¨ªa y pretende la explotaci¨®n ¡°resguardando el medioambiente aplicando buenas pr¨¢cticas¡±, seg¨²n el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, que tambi¨¦n es proclive a hacer que el pa¨ªs entre en la exploraci¨®n de petr¨®leo y gas natural.

¡°El proyecto del Gobierno es m¨¢s de lo mismo. Entregar nuestros recursos a cambio de solo un 5% de ganancias y toda la destrucci¨®n ambiental. Es claudicar: como no podemos defender el ambiente, vamos a permitir la destrucci¨®n de manera legal¡±, critic¨® en sus redes sociales el exdiputado de izquierda Edgardo Araya, abogado que lider¨® el proceso legal en 2010 hasta lograr la anulaci¨®n de la primera concesi¨®n. ¡°?Toda la destrucci¨®n que va a quedar cuando las empresas se vayan, qui¨¦n las va a pagar ?Con ese 5%? Es lo que ha pasado en el resto de pa¨ªses de Latinoam¨¦rica¡±, critic¨® Araya, quien propone otro tipo de actividades productivas en esas 900 hect¨¢reas y alrededores.

Atr¨¢s qued¨® la investigaci¨®n penal contra el expresidente ?scar Arias por supuesta prevaricaci¨®n al emitir un decreto en favor de la concesi¨®n minera durante su gobierno entre 2006-2010. Tambi¨¦n las caminatas que desde San Jos¨¦ hasta la frontera norte hicieron grupos ambientalistas en contra de la explotaci¨®n de Crucitas, as¨ª como el reclamo de la compa?¨ªa Infinito por 400 millones de d¨®lares como compensaci¨®n por haber perdido el negocio extractivo. En duda est¨¢ la continuidad de la explotaci¨®n ilegal y tambi¨¦n posibilidad del Gobierno de concretar el proyecto con una respuesta favorable de una Asamblea Legislativa que, aunque dominada por partidos de oposici¨®n, tambi¨¦n aloja intenciones mineras.