Denuncias de amenazas de muerte y sospechas de narcotr¨¢fico: la tensi¨®n pol¨ªtica arrecia en Costa Rica

¡°Vamos a caerle a balazos a la Asamblea Legislativa con AR-15 y vamos a matarla a usted en su despacho y nos meteremos a la sala de congreso a bombear plomo, somos 50 y nos echaremos a Sof¨ªa Guill¨¦n y los del PLN y FA¡±, ley¨® la diputada costarricense de oposici¨®n Andrea ?lvarez este lunes al abrir su correo electr¨®nico y comprobar que no est¨¢ exenta de las amenazas denunciadas en las ¨²ltimas semanas contra otros legisladores y el fiscal general, Carlo D¨ªaz, en un ambiente de tensiones pol¨ªticas con el Gobierno de Rodrigo Chaves.

Sof¨ªa Guill¨¦n es otra legisladora que ha denunciado supuestos nexos del Poder Ejecutivo con grupos del narcotr¨¢fico. El FA es Frente Amplio, una peque?a pero combativa bancada opositora de izquierda, a la que pertenece Guill¨¦n y otros diputados que acusan a Chaves de liderar un ¡°narcogobierno¡±, de casos de corrupci¨®n y de abuso de poder, entre otros delitos mencionados dentro de los 50 expedientes penales que tramita la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica con ¨¦l como sospechoso.

El PLN es el Partido Liberaci¨®n Nacional, la fuerza pol¨ªtica m¨¢s tradicional de Costa Rica y, por tanto, el blanco frecuente del mandatario desde la campa?a electoral del 2022. Ah¨ª milita ?lvarez, que viene de un mundo pol¨ªtico opuesto a Guill¨¦n, aunque la escalada de polarizaci¨®n pol¨ªtica las ha colocado de un mismo lado, el de los detractores del presidente Chaves y tambi¨¦n el de las v¨ªctimas de fuertes descalificativos del mandatario y de su gente, as¨ª como destinatarias de la violencia verbal que como nunca antes inunda la discusi¨®n p¨²blica en Costa Rica, pasada la mitad del cuatrienio de Rodrigo Chaves con su gobierno ¡°revolucionario¡± contra las ¨¦lites y la institucionalidad tradicional.

?lvarez y Guill¨¦n fueron s¨®lo las ¨²ltimas figuras pol¨ªticas que han denunciado supuestas amenazas de muerte, pero la lista alcanza al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, a Carlo D¨ªaz, a otro diputado del FA que denuncia destrucci¨®n de bosques, a dirigentes comunitario que le proveen informaci¨®n y a una representante sindical que forma parte de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), quien acuerpa los cuestionamientos por supuestos actos de corrupci¨®n que propicia el Gobierno en esa entidad estatal descentralizada que se encarga de administrar la red de hospitales y cl¨ªnicas. Este mi¨¦rcoles se conoci¨® que tambi¨¦n ha recibido mensajes de amenaza la contralora general de la Rep¨²blica, Marta Acosta, se?alada por Chaves como adversaria de sus proyectos de infraestructura y motivo de una accidentada propuesta del Ejecutivo de convocar un referendo nacional para ponerle l¨ªmites a las potestades.

Tambi¨¦n en redes sociales han circulado contenidos que suponen amenazas contra al menos dos periodistas cr¨ªticos del Gobierno que cumplen con un rasgo com¨²n: todos han sido criticados por Chaves en p¨²blico con fuertes calificativos por distintas razones y atribuyen a su influencia tales mensajes intimidatorios. Pese a investigaciones judiciales en curso, no hay a¨²n pruebas de qui¨¦nes dirigen las amenazas denunciadas y en sectores afines a Chaves m¨¢s bien descalifican esos reportes, pues se?alan que podr¨ªan ser s¨®lo formas de presentarse como v¨ªctimas.

El entorno pol¨ªtico, sin embargo, abona el terreno para los mensajes hostiles. El mandatario mismo fue objeto de un comentario de una usuaria de redes sociales que en mayo public¨® ¡°esto amerita un francotirador¡±, en referencia a una frase de Chaves en que relativizaba la conservaci¨®n ambiental. La mujer es hija de un magistrado y era funcionaria de la sede en San Jos¨¦ de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; aunque renunci¨® de inmediato, el caso ya estaba en los titulares y lo ha usado en varias ocasiones el presidente para decir que hay sectores tradicionales que lo quieren muerto por ser ¨¦l - suele repetir - quien ha logrado un despertar de la poblaci¨®n contra las ¨¦lites pol¨ªticas y econ¨®micas. Seg¨²n las encuestas, m¨¢s de la mitad de la ciudadan¨ªa apoya a Chaves, quien lleg¨® al Gobierno en 2022 y la ley lo obliga a dejarlo en 2026, aunque no descarta postularse para diputado para prolongar su liderazgo pol¨ªtico de choque contra el sistema pol¨ªtico tradicional.

Chaves ha llamado ¡°idiotas¡± a diputados y ha atribuido al Fiscal General ¡°matoner¨ªa¡±, ¡°revanchismo¡± y servilismo con las ¨¦lites, sin faltar dedicatorias para magistrados del Poder Judicial. Su verbo mordiente va contra jerarcas que escapan a su control presidencial y tampoco han faltado respuestas altisonantes desde las bancadas opositoras, al margen de acciones que tambi¨¦n aumentan el enojo de Chaves. Las dos ¨²ltimas son de octubre: abrir una comisi¨®n investigadora sobre la CCSS, objeto de causas penales que obligaron a suspender a la presidente ejecutiva, una ficha de confianza del mandatario, y ordenar una investigaci¨®n sobre supuestos nexos del Gobierno con grupos del narcotr¨¢fico internacional.

¡°Va a llegar el momento de pasarles la factura¡±, fue la frase que pronunci¨® la principal vocera oficialista en el Congreso, Pilar Cisneros, y que inquiet¨® a otros legisladores en el actual contexto de amenazas. El enfado del Ejecutivo obedece a los se?alamientos de que Chaves preside un ¡°narcogobierno¡±, como insisten la legisladora Guill¨¦n y otros sectores por decisiones del Ministerio de Seguridad. Denuncian que se est¨¢ favoreciendo la expansi¨®n de bandas de crimen organizado que han echado ra¨ªces y causaron en 2023 un r¨¦cord de homicidios en 2023 en el pa¨ªs que hasta hace poco se jactaba de ser el m¨¢s seguro de Centroam¨¦rica.

Las sospechas de las bancadas opositoras apuntan a denuncias period¨ªsticas como la del 2023 en el peri¨®dico mexicano El Universal, que basado en testimonios an¨®nimos report¨® un supuesto di¨¢logo entre autoridades gubernamentales costarricenses y l¨ªderes criminales asociados a los c¨¢rteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generaci¨®n. Los diputados tambi¨¦n se basaron en una publicaci¨®n reciente de The New York Times, que cit¨® informes de inteligencia estadounidenses para se?alar a Costa Rica como uno de los principales puntos de transbordo de coca¨ªna hacia Estados Unidos y Europa, pues los traficantes aprovechan grandes extensiones de bosques con d¨¦bil vigilancia policial. Tambi¨¦n reprochan las limitaciones al presupuesto de cuerpos policiales y decisiones estrat¨¦gicas que podr¨ªan facilitar la operaci¨®n de las bandas criminales, sus acciones violentas, su trasiego de drogas y la circulaci¨®n de millones de d¨®lares que se filtran en la econom¨ªa.

El Gobierno ha acabado por reconocer la crisis de criminalidad, pero m¨¢s bien culpa al Poder Judicial y a los partidos que dominan el Legislativo por no reformar ni aplicar las leyes de manera suficiente. Las acusaciones sobre presuntos nexos con narcotraficantes, sin embargo, llevaron al Ejecutivo a acudir a la embajadora de Estados Unidos, Cynthia Telles, para difundir palabras de respaldo a las acciones en seguridad, y a producir tambi¨¦n un video que inquiet¨® a diputados por considerarlo un desplante autoritario ajeno a este pa¨ªs sin ej¨¦rcito. Se trata del ministro de Seguridad, Mario Zamora, rodeado de jefes policiales grabados por tomas a¨¦reas interpelando directamente a legisladores y exigi¨¦ndoles ¡°respetar el uniforme¡± de los cuerpos de seguridad. Fue ¡°una penosa puesta en escena de los jefes de los cuerpos de seguridad del pa¨ªs dirigi¨¦ndose en un tono desmesurado a nuestros congresistas por haber hecho uso de su derecho constitucional al control pol¨ªtico (...) Si Costa Rica tuviese Fuerzas Armadas ya las habr¨ªan enviado a tomar por asalto nuestras instituciones republicanas¡±, coment¨® en sus redes sociales la expresidenta Laura Chinchilla, quien en su gobierno (2010-2014), tuvo como ministro al mismo Zamora.

Un grupo de 20 diputados (un tercio del Congreso) acus¨® este mi¨¦rcoles ante la Fiscal¨ªa General a Chaves de delitos de instigaci¨®n p¨²blica y propaganda contra el orden constitucional, adem¨¢s de obstaculizar a autoridades judiciales.

Alejandro Molina, investigador del Observatorio de la Pol¨ªtica Nacional en la Universidad de Costa Rica (UCR), subraya el car¨¢cter in¨¦dito de la hostilidad ret¨®rica en volumen y en intensidad, con la particularidad de que trasciende a las instituciones y a la discusi¨®n pol¨ªtica en las redes sociales. ¡°Esta conflictividad repercute tambi¨¦n en lo social y m¨¢s a¨²n en el contexto actual de alta incidencia del crimen organizado¡±, dijo a EL PA?S. Record¨® tambi¨¦n el llamado del presidente Chaves a un posible alzamiento popular para responder a las acciones del Poder Judicial que considera abusivas. ¡°Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar como sociedad¡±, dijo el presidente en septiembre sin m¨¢s detalles al referirse a posibles acciones contra el Poder Judicial.

Mientras tanto, el crimen organizado afianza su poder, los homicidios apenas se han reducido 4% frente a los primeros 10 meses del 2023 y la violencia se manifiesta todos los d¨ªas. Esta semana las autoridades confirmaron ataques con un fusil AK47 contra la casa de un polic¨ªa judicial en un municipio de la regi¨®n caribe?a, cerca de otro poblado donde dos j¨®venes dispararon contra una patrulla de la Fuerza P¨²blica. ¡°En Estado revuelto, ganancia del narcotr¨¢fico¡±, dijo en una radio el director del Organismo de Investigaci¨®n Judicial (OIJ), Randall Z¨²?iga, que semanas atr¨¢s tambi¨¦n reproch¨® el discurso de Chaves en que acab¨® acusando a operadores judiciales estar sometidos a intereses pol¨ªticos y econ¨®micos.