La CIDH instala un grupo de expertos para esclarecer el asesinato de la activista Berta C¨¢ceres
El Gobierno hondure?o ha aceptado el trabajo de estos expertos que determinar¨¢n la autor¨ªa intelectual y los delitos conexos tras el asesinato de la ambientalista


La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha informado este viernes de que instalar¨¢ en Honduras un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes(GIEI) para investigar la autor¨ªa intelectual y los delitos conexos tras el asesinato de la ambientalista Berta C¨¢ceres, ocurrido en marzo de 2016. La creaci¨®n de este grupo es resultado de un acuerdo entre la CIDH, el Estado hondure?o, el Consejo C¨ªvico de Organizaciones Populares Ind¨ªgenas de Honduras (COPINH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Se trata de un importante avance en un pa¨ªs carcomido por la violencia y la impunidad. El acuerdo, adem¨¢s, establece que los expertos propondr¨¢n un plan de reparaci¨®n integral para las comunidades afectadas por la violencia perpetrada a ra¨ªz de la instalaci¨®n del Proyecto Hidroel¨¦ctrico ¡°Agua Zarca¡±, al que se opon¨ªa C¨¢ceres. ¡°Estas experiencias de grupos de expertos han sido muy efectivas en la investigaci¨®n de graves violaciones de derechos humanos, como ocurri¨® en M¨¦xico, en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa¡±, dice Claudia Paz y Paz, directora de CEJIL en Centroam¨¦rica y M¨¦xico.
Este es el cuarto grupos de expertos que se instala en Am¨¦rica Latina para esclarecer graves violaciones a los derechos humanos. Adem¨¢s del de M¨¦xico, tambi¨¦n hubo uno en Nicaragua para determinar la autor¨ªa de decenas de muertes ocurridas durante las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega en 2018. Ortega orden¨®, meses despu¨¦s, la expulsi¨®n de los expertos de la CIDH. En el caso de Honduras, el GIEI proporcionar¨¢ asistencia t¨¦cnica en la investigaci¨®n sobre la autor¨ªa intelectual y otros delitos relacionados con el asesinato de C¨¢ceres. ¡°Sabemos de que, gracias al enorme esfuerzo de la familia, de las organizaciones de derechos humanos, el caso ha avanzado. Este grupo va a sentar sin duda un precedente respecto al pleno esclarecimiento de este hecho. Entender qu¨¦ intereses, sobre todo intereses econ¨®micos o pol¨ªticos, estaban detr¨¢s del asesinato. Ser¨¢ un precedente para la regi¨®n y para Latinoam¨¦rica, porque los asesinatos de personas defensoras, de mujeres defensoras, quedan en la impunidad¡±, afirma Paz y Paz.
La ambientalista y l¨ªder ind¨ªgena fue asesinada en su casa en marzo de 2016, a pesar de que la CIDH hab¨ªa obligado al Gobierno en 2009 a brindarle protecci¨®n policial. El asesinato de C¨¢ceres se sum¨® a la lista de homicidios y actos de violencia contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en Honduras, uno de los pa¨ªses m¨¢s violentos del mundo para los activistas. Un informe de Naciones Unidas publicado en marzo pasado afirma que los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas aumentaron durante 2023, con unas 561 personas v¨ªctimas de agresi¨®n y al menos 15 defensores y dos reporteros asesinados. Un tribunal hondure?o conden¨® en noviembre de 2018 a siete personas relacionadas con el asesinato de C¨¢ceres. Entre los condenados est¨¢n los tres sicarios que dispararon contra la ambientalista, tres exmilitares y dos trabajadores vinculados a la empresa Desarrollos Energ¨¦ticos S.A. (DESA), que construir¨ªa la presa hidroel¨¦ctrica a la que la ecologista se opon¨ªa. Castillo fue condenado en 2021 tras ser se?alado como uno de los autores intelectuales del asesinato. La Fiscal¨ªa afirm¨® en su acusaci¨®n que el entonces presidente ejecutivo de DESA pidi¨® al jefe de seguridad de la empresa, el militar retirado Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. Bustillo acudi¨® a un viejo amigo del Ej¨¦rcito, el mayor Mariano D¨ªaz Ch¨¢vez, instructor de la Polic¨ªa Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Se les pag¨® hasta 2.200 d¨®lares para cometer el crimen.
La creaci¨®n del grupo de expertos, si bien celebrada por las organizaciones de derechos humanos, tambi¨¦n crea dudas sobre si el Gobierno hondure?o dar¨¢ todas las condiciones para que pueda hacer su trabajo. ¡°Es indispensable que se le facilite a este grupo todo el acceso a los expedientes, a la informaci¨®n, traslados con seguridad, acceso a todas las fuentes posibles para que ayuden esclarecer el caso, porque de eso depende mucho el ¨¦xito del trabajo del grupo¡±, recomienda Paz y Paz. ¡°Es una situaci¨®n excepcional, porque el grupo llega con la voluntad, el consentimiento, la invitaci¨®n del Estado de Honduras. Por eso esperamos que cuente con toda la colaboraci¨®n, por supuesto, de las autoridades del el Poder Ejecutivo, de la Fiscal¨ªa, que es con la que m¨¢s de cerca van a trabajar para poder avanzar en las investigaciones, y del poder judicial, si fuera necesario¡±, agrega la defensora de derechos humanos.
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