Josu Izaguirre: ocho a?os sin tregua

Lleg¨® en 2006 procedente de Lugo y desde entonces no ha parado. Es como si, antes de Josu Izaguirre, ?lava fuera el pa¨ªs de Alicia y, despu¨¦s, una cueva de Ali Baba en la que una parte, selecta, de la clase dirigente se ha pasado de la raya buscando el beneficio propio en vez del p¨²blico. El fiscal jefe de ?lava, doctor en Derecho, especializado en las leyes que regulan la econom¨ªa social, euskaldun y padre de dos hijos, Josu Izaguirre (San Sebasti¨¢n, 1964) lleva ocho a?os sin quitar la lupa sobre los casos de presunta corrupci¨®n que afectan a la provincia, aunque la falta de medios y la propia limitaci¨®n humana para desdoblarse, hayan provocado que se quedaran por el camino otras denuncias o informes que quiz¨¢s tambi¨¦n eran susceptibles de someterse al microscopio de la justicia.

En ese cap¨ªtulo de presuntas irregularidades que no han tenido una fiscalizaci¨®n del Ministerio P¨²blico ¡ªde momento¡ª est¨¢n la contrata de la limpieza de Vitoria que firm¨® la corporaci¨®n del PP con Fomento de Construcciones y Contratas ¡ªque van a renovar¡ª, o el ¨²ltimo caso que tras la comisi¨®n de investigaci¨®n municipal fue trasladado al Tribunal de Cuentas y que ese organismo ha devuelto a la actualidad al citar a la corporaci¨®n que en 2007 dirig¨ªa el ahora ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para que explique el pr¨®ximo d¨ªa 5, por qu¨¦ firmaron un contrato cuyo coste iba a ser casi tres veces superior al importe de compra del local.

Lleg¨® de Lugo dejando tras de s¨ª un proceso que gener¨® una gran redada en la provincia gallega contra al expresidente de la Diputaci¨®n lucense y correligionario de Manuel Fraga, Francisco Chaparro, por presunta malversaci¨®n, y desde entonces no ha tenido ning¨²n miramiento con la relevancia social ni pol¨ªtica de los protagonistas de cada historia. Ese caso se ha cerrado el pasado enero con un carpetazo y sin consecuencias penales para Chaparro, al pactar la nueva fiscal¨ªa con los imputados.

El objetivo que verbaliz¨® nada m¨¢s aceptar la responsabilidad, es decir, trabajar por ¡°una pol¨ªtica de puertas abiertas¡± hacia abajo con los ciudadanos y hacia arriba para evitar zonas de sombra, le ha llevado a transitar por toda la provincia provocando las cr¨ªticas de todos los partidos: primero del PP, luego del PSE, y finalmente del PNV. ?l respond¨ªa: ¡°No hago caso de las cr¨ªticas que vienen de los pol¨ªticos; tampoco de sus alabanzas¡±.

Investig¨® el estramb¨®tico caso del supuesto fraude arqueol¨®gico en las excavaciones de Iru?a-Veleia, que se complic¨® con tres querellas contra el arque¨®logo de aquella empresa, Eliseo Gil, y que poco a poco fueron decayendo, aunque Gil dej¨® de explotar el yacimiento.

Imput¨® en Vitoria al exconcejal de Urbanismo del PP Jorge Ibarrondo y al director del departamento Ant¨®n S¨¢enz de Santamar¨ªa, por presuntas irregularidades en sendas promociones de chal¨¦s. Ibarrondo fue acusado por todos los partidos de la oposici¨®n de incurrir en irregularidades en la tramitaci¨®n de licencias en dos urbanizaciones. El exedil fue condenado por el Juzgado de Primera Instancia de Vitoria a siete meses de inhabilitaci¨®n y el pago de 9.000 euros de multa, pero la Audiencia alavesa le absolvi¨® en segunda instancia en 2010.

Inici¨® un procedimiento contra el responsable de la empresa municipal Ensanche 21, Alfredo Piris, un hombre pr¨®ximo al PSE. El Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 3 de Vitoria le imput¨® por un presunto delito contra la Administraci¨®n p¨²blica en el proceso de venta de los suelos que acogen, entre otras, la ciudad deportiva del Baskonia ¡ªBAKH¡ª y la sede de la Caja Vital. Un tri¨¢ngulo urban¨ªstico que afectaba a las empresas del presidente del Baskonia, Josean Querejeta. La audiencia ratific¨® el sobreseimiento de la causa al no apreciar intento de fraude en las actuaciones.

Y tambi¨¦n se meti¨® de lleno contra otro presunto delito urban¨ªstico en Labastida, al imputar a cinco personas, dos de ellos los antiguos alcaldes del PP de la localidad. Les acusaba de alterar el precio de las cosas, fraude y varios delitos m¨¢s en el proyecto de un campo de golf con una urbanizaci¨®n. La jueza de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Vitoria archiv¨® la causa al ¡°no existir indicios suficientes¡± de los cinco delitos que les imputaba la Fiscal¨ªa.

Ahora, tras la querella contra seis empresarios por el caso del coche el¨¦ctrico, una trama de empresas pegadas al PNV que fundi¨® 18 millones de dinero p¨²blico, investiga junto al juez Roberto Ramos, el macro caso De Miguel, una presunta trama de corrupci¨®n urban¨ªstica con 24 imputados, entre ellos relevante ex cargos del PNV alav¨¦s. Cinco a?os despu¨¦s, el caso pende del cierre de la instrucci¨®n.