Barcelona multar¨¢ a los propietarios que acosen a los inquilinos
El Ayuntamiento y las entidades denuncian la primera docena de casos
Ha tenido que pasar m¨¢s de una d¨¦cada, desde que entr¨® en vigor la Ley del Derecho a la Vivienda, para que las entidades y el Ayuntamiento de Barcelona hayan ca¨ªdo en la cuenta de que uno de sus art¨ªculos permite demandar por la v¨ªa administrativa y multar los casos de mobbing o acoso inmobiliario: el asedio que algunos propietarios practican con sus inquilinos con el objetivo de echarles de casa. Una pr¨¢ctica ahora frecuente en Barcelona, sobre todo en edificios comprados por inversores que quieren vaciarlos de vecinos para rehabilitar los pisos y alquilarlos o venderlos por un precio m¨¢s elevado. Y que si se denuncia por la v¨ªa penal es muy lenta y dif¨ªcil de probar.
La nueva v¨ªa, que puede terminar con multas de entre 90.000 y 900.000 euros, fue un anuncio casi simult¨¢neo. Primero, a las once de la ma?ana de hoy, de las entidades que luchan por el derecho a la vivienda (la PAH, el Sindicato de Inquilinos o el Observatorio DESC). Y a la una, del Ayuntamiento de Barcelona. "Basta ya de casos de asedio inmobiliario en Barcelona que practican todo tipo de propietarios, fondos buitres, inversores o propietarios particulares y que afectan sobre todo a personas mayores con rentas antiguas", manifest¨® una de las portavoces del Sindicato de Inquilinos, Marta Ill.
"Acoso hasta l¨ªmites insostenibles"
Falta de mantenimiento de las zonas comunes e instalaciones, portales siempre abiertos, ladrones, toxic¨®manos entrando y saliendo, contratos de alquiler fraudulentos, viviendas sin c¨¦dulas de habitabilidad... Es el rosario de malas pr¨¢cticas que hoy denunciaron que sufren vecinos de barrios como El Raval, Sant Antoni o el Eixample. Como los del n¨²mero 103 de la calle del Carme, siete vecinos, una con renta antigua, que desde que su edificio fue comprado por un inversor viven "una situaci¨®n de acoso que ha llegado a l¨ªmites insostenibles", en palabras de Pau Barjoan. Su caso es uno de los que tanto el Ayuntamiento, de oficio, como los propios vecinos han denunciado ya. Tambi¨¦n lo han hecho los vecinos del n¨²mero 92 de la calle de Floridablanca, que vinculan la propiedad de su finca con la familia propietaria de la famosa cl¨ªnica Francis de belleza, a quien acusan de "dejadez". O los del 151 de la calle de Enten?a, junto a la antigua c¨¢rcel Modelo, que llevan un a?o de acoso para que se marchen. En este caso, Juan G¨®mez, el ¨²nico vecino con contrato indefinido, denunci¨® la pasividad del Ayuntamiento: "No solo es la LAU, tambi¨¦n la Colau", afirm¨® ironizando con el nombre de la alcaldesa.
Desde el Observatorio DESC, Guillem Domingo record¨® que las administraciones tambi¨¦n tardaron en aplicar otra de las posibilidades de la Ley del Derecho a la Vivienda, como son las multas a grandes tenedores por tener viviendas vac¨ªas. Ahora son el art¨ªculo 45 y la disposici¨®n 123.2.A quienes describen el asedio (y apuntan a la obligaci¨®n de las administraciones de averiguar qu¨¦ ocurre y actuar) y el r¨¦gimen sancionador (con multas de entre 90.000 y 900.000 euros si se trata de una infracci¨®n muy grave). "La administraci¨®n no puede decidir si act¨²a o sanciona, est¨¢ obligada", celebr¨® Domingo. "Nosotros nos hemos puesto unas gafas nuevas y hemos visto algo que hasta ahora no hab¨ªamos visto, ahora esperamos que se las ponga la administraci¨®n", dijo.
Por parte de la PAH, Luc¨ªa Delgado lanz¨® tres mensajes: "A los vecinos asediados para que visibilicen los casos y denuncien; al Ayuntamiento para que ponga recursos y su compromiso; y a los fondos buitre, de que basta de impunidad".
El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Josep Maria Montaner, explic¨® que el consistorio ha detectado pr¨¢cticas de asedio inmobiliario en diez de los 70 edificios que tiene contabilizados porque han sido comprados por inversores, "sobre todo fondos internacionales y socimis". El consistorio ha abierto diligencias en cuatro casos y en uno, el proceso sancionador, Desde el ¨¢rea de Derechos de Ciudadan¨ªa, el concejal y abogado Jaume Asens advirti¨®: "Comenzamos una ofensiva administrativa contra las pr¨¢cticas mafiosas de fondos que pretenden alterar la convivencia de la ciudad". "Queremos mandar un mensaje claro a los fondos que asedian nuestra ciudad de que no permitiremos sus pr¨¢cticas".
Asens explic¨®, adem¨¢s, que en el caso de las demandas con el paraguas de la Ley del Derecho a la Vivienda, "la carga de la prueba se invierte y es el propietario quien tiene que demostrar que no existe". Por ejemplo, si no hubiera hecho obras de mantenimiento, tendr¨ªa que demostrar que las ha hecho. El concejal tambi¨¦n apunt¨® que el consistorio no renuncia a la v¨ªa penal, pero explic¨® que "tiene sus l¨ªmites y es el ¨²ltimo recurso, porque las exigencias probatorias son mucho mayores". Asens ha reconocido tambi¨¦n que van tarde en la aplicaci¨®n de esta f¨®rmula legal, ha explicado que el Ayuntamento quer¨ªa tener el aval de los servicios jur¨ªdicos y ha animado a las v¨ªctimas de asedio a denunciar.
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