Cuando el alquiler se dispara un 68%

¡°Tu contrato de arrendamiento vence el 14 de septiembre, pero queremos que te quedes con nosotros¡±. Las agradables palabras que encabezaban el burofax se convirtieron en una pesadilla para Ana P¨¦rez. Lazora, el fondo de inversi¨®n al que pertenece la casa en la que vive, le pide un alquiler mensual de 1.050 euros, un 68% m¨¢s de lo que paga ahora (625). Las viviendas, situadas en la calle de Juan Gris de San Sebasti¨¢n de los Reyes, dejaron de estar protegidas en 2016, por lo que la empresa puede pedir por ellas el precio que estime oportuno.

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P¨¦rez tendr¨¢ que decidir en los pr¨®ximos d¨ªas si accede a las nuevas condiciones y se queda a vivir en la Dehesa Vieja, una urbanizaci¨®n de nuevo desarrollo que colinda con el casco urbano. El edificio se encuentra junto al Hospital Infanta Sof¨ªa, cuenta con 156 viviendas (la mayor¨ªa vac¨ªas), zonas ajardinadas y una piscina comunitaria. Hay otras 36 familias afectadas que se resisten a abandonar su hogar, pero tambi¨¦n a pagar ¡°cantidades abusivas¡±.

Las viviendas, de dos y tres habitaciones, corresponden al Plan Regional de Vivienda 2005-2008. Las primeras llaves se entregaron en 2006, en un acto con gran boato al que asisti¨® Esperanza Aguirre (PP), entonces presidenta regional. Entre las afortunadas estaba Elena Posada, una de las primeras inquilinas del bloque. ¡°Cumpl¨ªamos los requisitos y nos dieron el piso¡±, cuenta la mujer, de 48 a?os. Posada pagaba un alquiler de 350 euros, comunidad incluida, por un piso de dos habitaciones.

Las cosas comenzaron a cambiar cuando, en diciembre de 2008, desembarc¨® en sus vidas Lazora. Este fondo, propietario de otros 50 bloques en Espa?a, compr¨® las viviendas despu¨¦s de que quebrara su anterior due?o, Levantina Explotaciones Residenciales. ¡°Tengo un hijo, hemos echado ra¨ªces en el barrio y no nos queremos marchar. He firmado tres contratos: en el primero me aumentaron el precio a 550 euros y, en 2016, a 600¡±, explica Posada. Le dieron tambi¨¦n la posibilidad de comprar, pero ella desisti¨® porque los 250.000 euros que le ped¨ªan por la casa superaban sus posibilidades. Apenas lo hicieron un par de inquilinos.

Las viviendas fueron construidas por un consorcio entre el Ayuntamiento y la Comunidad, que las vendi¨® a Levantina. La duraci¨®n del r¨¦gimen de protecci¨®n se fij¨® en 10 a?os seg¨²n un decreto de 2005. El periodo finaliz¨® en junio de 2016. Cuando ocurri¨®, las 87 familias que viv¨ªan de alquiler en el bloque se encontraron en un laberinto. La mayor¨ªa de ellas se marcharon al no aceptar el incremento del precio. Entre ellas Eva Pacheco, de 43 a?os: ¡°Nos explicaron que las viviendas eran ya de propiedad privada y que los precios que se pagaban no eran competitivos¡±.

Ruth M¨¦lida, otra de las afectadas, denuncia: ¡°Nadie nos advirti¨® de que las casas dejar¨ªan de estar protegidas. Iniciamos un proyecto de vida que ahora no podemos continuar. Las personas no caducamos en 10 a?os¡±. Su contrato finaliz¨® el mes pasado, as¨ª que desde agosto reside en la vivienda sin contrato porque rehus¨® pagar la subida: de 600 a 999 euros. ¡°Es legal, pero no moral¡±, insiste. La mujer, que tiene dos hijos peque?os, sostiene que todas las familias a las que se les acaba el contrato son objeto de ¡°un desahucio silencioso¡± y que las Administraciones ¡°no hacen nada¡± por evitarlo. Y a?ade: ¡°Este problema es fruto del robo del suelo p¨²blico¡±.

El Ayuntamiento (gobernado por PSOE y Ganemos) admite que se ha reunido en varias ocasiones con Lazora. ¡°Le hemos instado a llegar a acuerdos con los afectados, pero mantiene una postura enconada. No disponemos de herramientas legales para hacer frente a las demandas de los vecinos¡±, subraya un portavoz municipal. La empresa prefiere negociar directamente con cada cliente. Dice que lo hace ofreci¨¦ndoles ¡°ofertas inferiores al precio de mercado¡± y ¡°las m¨¢s beneficiosas¡± para cada caso concreto.

¡°Cuando fui a negociar quisieron que firmara unas cl¨¢usulas abusivas sin que ning¨²n abogado viese el contrato¡±, se?ala M¨¦lida, de 41 a?os. Rafael Garc¨ªa, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), reconoce que la petici¨®n de Lazora es legal, aunque ¡°abusiva¡±. Dos inmobiliarias de la localidad consultadas por este peri¨®dico reconocen que el precio actual ¡°es surrealista porque no hay oferta de alquiler suficiente¡±, pero que la petici¨®n del fondo inmobiliario ¡°estar¨ªa dentro de lo que marca hoy el mercado¡±.