Los peritos de los ERE enfrentan sus visiones opuestas

Duelo de expertos en el arranque de la pericial del juicio del caso ERE. Los peritos de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE) han ratificado este mi¨¦rcoles que las transferencias de financiaci¨®n para pagar los ERE fraudulentos de la Junta de Andaluc¨ªa se usaron "indebidamente" e "ilegalmente" para pagar las ayudas sociolaborales, mientras que los peritos de las defensas han discrepado y defendido su legalidad como m¨¦todo para abonar ayuda desde una Administraci¨®n.

?ngel Turri¨®n, jefe del equipo de la IGAE que desde diciembre del 2013 ha emitido, por orden judicial, "275 informes con 3.899 p¨¢ginas y 22.855 anexos" sobre los 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis repartidos por el Gobierno andaluz del 2001 al 2010, ha llegado a asegurar que las transferencias se usaron "indebidamente, y por qu¨¦ no decirlo, ilegalmente".

Desde hoy, el juicio de la pieza pol¨ªtica del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -acusados de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n por el "procedimiento espec¨ªfico" usado para conceder y pagar esas ayudas- ha entrado en una nueva fase centrada en la prueba pericial, con la comparecencia de nueve catedr¨¢ticos en Derecho Administrativo y Hacienda P¨²blica que han elaborado diversos informes de parte, todos ratificados hoy.

Las discrepancias entre los peritos de la IGAE (junto a Turri¨®n comparecen sus colegas Rosar¨ªa Mar¨ªa Hern¨¢ndez y Eduardo Villaseca) y los de las defensas se han puesto de manifiesto con las primeras preguntas del fiscal.

Seg¨²n los expertos estatales la clasificaci¨®n econ¨®mica de un cr¨¦dito determina a qu¨¦ se destina, y las transferencias de financiaci¨®n a la agencia p¨²blica IDEA para pagar ayudas dadas por la Direcci¨®n General de Trabajo se usaron "en contra de lo que dice la ley".

Sin embargo, Juan Zornoza -autor junto a Miguel ?ngel Mart¨ªnez de un informe pericial encargado por la defensa del expresidente Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n- ha replicado que "la clasificaci¨®n econ¨®mica" de una partida "indica la naturaleza econ¨®mica del gasto, no necesariamente su finalidad" y en este caso s¨®lo distingu¨ªa entre transferencias de capital y corrientes pero "ni el destino ni la cuant¨ªa".

El dictamen de la IGAE es la pieza clave para las acusaciones, cuyas conclusiones se sustentan "en textos normativos o en los documentos facilitados" por el juzgado sin "ning¨²n juicio de valor", han defendido sus autores.

A esas conclusiones replicaron varios acusados con informes encargados a los peritos Juan Zornoza y Miguel ?ngel Mart¨ªnez (por la defensa de Gri?¨¢n), Juan Ramallo (por Magdalena ?lvarez), Jos¨¦ Ignacio L¨®pez (por Antonio Fern¨¢ndez) y Juan Antonio Carrillo y Juan de Dios Jim¨¦nez (por Carmen Mart¨ªnez Aguayo).

Las discrepancias entre unos y otros no han tardado en aparecer, por cuanto al contrario que la IGAE, los peritos de la defensa sostienen que la clasificaci¨®n econ¨®mica de un gasto no determina su finalidad.

"Eso no es cierto", ha asegurado el perito estatal ?ngel Zurri¨®n, para quien el destino de un cr¨¦dito "est¨¢ definido de manera taxativa" en las ¨®rdenes de la Consejer¨ªa de Hacienda que fijan las instrucciones para elaborar los presupuestos de la Junta y a ese destino se tienen que ajustar pues "si no se podr¨ªan pagar gastos de personal con cr¨¦ditos para la construcci¨®n de carreteras".

El catedr¨¢tico Zornoza le replic¨® que es la Ley de Presupuestos la que fija la finalidad de los cr¨¦ditos y no la orden de elaboraci¨®n pues "pretender lo contrario es decir que se puede imponer al Parlamento destinar el Presupuesto a lo que diga una consejer¨ªa" (Hacienda).

Turri¨®n ha aclarado que "obviamente los cr¨¦ditos hay que ejecutarlos seg¨²n se hayan consignado en los Presupuestos pero eso es cuando ya est¨¢n aprobados" y ha insistido en que se aprueba un Proyecto de Ley elaborado seg¨²n las instrucciones de las ¨®rdenes de Hacienda.