El juez imputa a los cargos de la Xunta acusados de acoso inmobiliario a una anciana

La secretaria xeral t¨¦cnica y de Patrimonio de la Conseller¨ªa de Facenda, Socorro Mart¨ªn Hierro, y el subdirector de este mismo departamento de la Xunta, Pablo Jacobo Moure, contra quienes se querell¨® la Fiscal¨ªa por supuesto acoso inmobiliario a una anciana, han sido citados como investigados por el titular del Juzgado de Instrucci¨®n 2 de Ourense. Ambos altos cargos deber¨¢n comparecer ante el juez el pr¨®ximo 19 de noviembre. El magistrado ha llamado a declarar como testigos a la anciana, Lucila V¨¢zquez y a otro inquilino. Atendiendo la petici¨®n de la Fiscal¨ªa de que se cite a la mujer ¡°a la mayor urgencia¡± dada su ¡°muy avanzada edad y enfermedad¡± , el juez la convoca para el 28 de noviembre y cita al otro inquilino el 4 de diciembre.

El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, acusa a los dos altos funcionarios investigados de intentar presionar a Lucila V¨¢zquez para que desaloje la vivienda, propiedad de la Xunta desde 2001, suprimiendo todos los servicios de mantenimiento del inmueble hasta el punto de que, sostiene, su estado actual ¡°se puede calificar de lamentable insalubre¡±.

El ¨²ltimo servicio suprimido y determinante para que la anciana, que vive en un cuarto piso, hubiese tenido que abandonar su vivienda y acudir a un hotel, ha sido el del ascensor. Lleva desde el pasado enero clausurado.

La renuncia al mantenimiento de las zonas comunes del edificio por parte del casero (la Administraci¨®n auton¨®mica) se produjo, seg¨²n consta en la querella del ministerio p¨²blico, despu¨¦s de que el propio Gobierno gallego intentase desahuciar a la anciana por v¨ªa judicial sin conseguirlo: tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial ante la que posteriormente recurri¨® la Xunta, negaron el desahucio por entender que la inquilina estaba al d¨ªa en sus pagos y el contrato estaba vigente.

Seg¨²n el escrito de la Fiscal¨ªa, la Xunta pretend¨ªa dejar expedito el edificio de su propiedad considerando que los dos cargos querellados ¡°personalmente entend¨ªan como intolerable¡± que los gastos de mantenimiento fuesen ¡°de un importe notablemente superior al de las rentas de alquiler¡±, de 25,26 euros en el caso de la anciana y de 74,97 euros en el de otro inquilino.

No obstante, la mujer, que tiene serias dudas de que el inmueble cumpla con la normativa de agua y luz ya que sostiene que hace a?os que no se realizan inspecciones, advierte de que jam¨¢s se ha negado a una subida del precio de alquiler y asegura que desde es propietaria, la Xunta no ha revisado nunca la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.

El inmueble, construido en los a?os 60 por la C¨¢mara de la Propiedad destinadoa trabajadores de ese organismo (Lucila V¨¢zquez se subrog¨® al alquiler del que era titular su esposo cuando este falleci¨®) pas¨® a manos de la Xunta en el a?o 2001. El Gobierno gallego lleva desde entonces intentado el desalojo con el objetivo, seg¨²n ha reconocido a este diario, de ¡°rehabilitar y dar nuevos usos administrativos¡± al edificio con el objetivo de ¡°reducir el gasto en alquileres¡± de sus dependencias en Ourense.

En cuanto tuvo conocimiento de la querella de la Fiscal¨ªa, el presidente auton¨®mico, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, mostr¨® su completo respaldo a los cargos investigados judicialmente y ampar¨® sus actuaciones en este caso destacando ¡°su absoluto rigor en sus decisiones¡± y precisando que ambos ¡°son honorables¡±.

El Fiscal no ha actuado contra el conselleiro de Facenda, Valeriano Mart¨ªnez, dado que en el momento de redactar la querella no consideraba que hubiese conocido o amparado las actuaciones de los altos funcionarios de su departamento. No obstante, Mart¨ªnez ha avalado estos d¨ªas p¨²blicamente a los funcionarios y ha apelado, como Feij¨®o, al ¡°bien superior¡± del ahorro que supondr¨ªa para la Xunta destinar el inmueble a sus oficinas en Ourense.

El conselleiro asegur¨®, adem¨¢s, que los dos inquilinos hab¨ªan sido ¡°contactados personalmente¡± y que se les hab¨ªa ofrecido un ¡°alquiler equivalente¡± o una ¡°idemnizaci¨®n correspondiente¡±. Lucila V¨¢zquez asegura que con ella no lo han hecho. Y el fiscal jefe de Ourense secunda su versi¨®n.

Consta en la querella que en octubre de 2013 los cargos de la Xunta comunicaron a la anciana ¡°la intenci¨®n de la conseller¨ªa de dar por extinguida la relaci¨®n jur¨ªdica solicitando que de forma voluntaria desaloje la vivienda¡± en un plazo de dos meses. ¡°Est¨¢ intimidaci¨®n se hizo sin se?alar ninguna contraprestaci¨®n, indemnizaci¨®n o solicitud de acuerdo¡±, sostiene el fiscal. Y a?ade que, igualmente, ¡°no se se?al¨® el acuerdo, orden, disposici¨®n, o acto administrativo de cualquier tipo que amparase la intimidaci¨®n¡±.

Dado que no se produjo el abandono de la vivienda, la Xuta recurri¨® en 2015 a un desahucio por v¨ªa judicial que le result¨® igualmente infructuoso: la Justicia respald¨® a la inquilina.

En noviembre de 2017 los altos funcionarios enviaron a los dos inquilinos del inmueble un escrito pidi¨¦ndoles que indicasen las condiciones bajo las que estar¨ªan dispuestos a abandonar los pisos si bien, paralelamente, insist¨ªan en reclamar el desahucio a la Asesor¨ªa Jur¨ªdica ¡°pese a conocer la sentencia contraria al mismo¡±, sostiene el fiscal. Dos meses despu¨¦s, el pasado enero, la Xunta anunci¨® ¡°deficiencias muy graves¡± en el ascensor que no ha reparado hasta la fecha.