Obligada a dejar su casa y vivir en un hotel tras el acoso inmobiliario de la Xunta

Hace ya varios meses que Lucila V¨¢zquez ¡ªuna anciana ourensana a la que la Xunta de Galicia, su casero, lleva 17 a?os intentando desalojar del piso en el que vive desde 1963¡ª se ha trasladado a un hotel. Los infructuosos intentos del Gobierno gallego por desahuciarla judicialmente culminaron con la supresi¨®n de la limpieza, iluminaci¨®n y mantenimiento del inmueble y, finalmente, del servicio del ascensor. Incapaz de subir y bajar las escaleras a diario, la inquilina, que ronda los 90 a?os, acab¨® confin¨¢ndose en el piso. Devastada por el encierro y tras sufrir una ca¨ªda, se traslad¨® a un hotel. Ahora, el ministerio p¨²blico se querella contra dos cargos del Ejecutivo presidido por Alberto N¨²?ez Feij¨®o (PP): la secretaria general t¨¦cnica y de Patrimonio de la Conseller¨ªa de Facenda, Socorro Mart¨ªn Hierro, y su subdirector, Pablo Jacobo Moure. Los acusa de acoso inmobiliario.

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Lucila V¨¢zquez suspira por regresar al piso, en el que ha vivido m¨¢s de medio siglo, en un c¨¦ntrico edificio de Ourense propiedad del Gobierno auton¨®mico, que lo quiere libre para trasladar a ¨¦l oficinas administrativas. Pero, de momento, se gasta la pensi¨®n pagando un hotel: se estaba muriendo en vida sin poder salir a la calle desde que, tras fracasar en el intento por desalojarla por v¨ªa judicial, la Xunta abandon¨® el mantenimiento del inmueble suprimiendo la limpieza de las zonas comunes y, el pasado enero, el servicio de ascensor. Esa fue la puntilla. Un ca¨ªda sufrida en verano le rompi¨® la cadera. Acab¨® traslad¨¢ndose a un hotel.

A¨²n reconociendo el Ejecutivo auton¨®mico el pasado mayo a este diario su intenci¨®n de "rehabilitar y dar nuevos usos administrativos" al edificio con el objetivo de "reducir el gasto en alquileres" de sus dependencias en Ourense, neg¨® que la clausura del ascensor obedeciese a un "intento de forzar una salida del inmueble o causar molestias" a la anciana.

La Xunta achac¨® la supresi¨®n del ascensor a unas "deficiencias t¨¦cnicas detectadas por la empresa responsable de la inspecci¨®n" en aquel momento. Transcurridos cinco meses, no han sido solventadas.

La inquilina tiene sus dudas de que el edificio cumpla con la normativa de agua y luz ya que sostiene que lleva a?os sin pasar inspecciones. "Es cierto que el alquiler es de renta baja, pero lo es porque el propietario no se molest¨® nunca en revisar la Ley de Arrendamietos Urbanos de 1994", sostiene.

La Fiscal¨ªa entiende que la mencionada actuaci¨®n de la Xunta constituye acoso inmobiliario. Asegura que con el objetivo de disponer del inmueble los cargos del Ejecutivo gallego est¨¢n utilizando con la inquilina "medidas de compulsi¨®n irregulares y no amparadas en Derecho, con dejaci¨®n consciente y manifiesta de las obligaciones que, como propietarios-arrendadores cuya representaci¨®n ostentaban, ten¨ªan", seg¨²n consta en la querella firmada por el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado.

El ministerio p¨²blico, que sostiene que la supresi¨®n de los servicios b¨¢sicos del edificio, convertido en "insalubre", se produce tras fracasar en el desahucio judicial, alude al intento de la Xunta de "forzar y doblegar" la voluntad de la anciana para que abandonara el piso o aceptara un acuerdo "sin especificar" y que "de antemano sab¨ªa que no iba a ser concretado ni aceptado porque habr¨ªa de ser con condiciones peores que la situaci¨®n actual".