El PP exige conocer el coste de Madrid Central en su recurso ante la Justicia

El grupo municipal popular present¨® el pasado 22 de octubre un recurso contencioso administrativo para anular la Ordenanza de Movilidad Sostenible, en la que se enmarca Madrid Central, el ¨¢rea de tr¨¢fico restringido que entra en vigor el 30 de noviembre. En el texto que registr¨® ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el grupo que encabeza Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez Almeida pide como medida cautelar la paralizaci¨®n de la ordenanza y se?ala la "gravedad" que supone aprobar la normativa sin memoria econ¨®mica o informe de viabilidad. Fuentes del tribunal consideran que la respuesta a su demanda no llegar¨¢ hasta despu¨¦s del puente del 1 de noviembre, informa Aurora Intxausti.

"La Ordenanza de Movilidad Sostenible incorpora una memoria de an¨¢lisis normativo donde se desarolla el impacto en diversos ¨¢mbitos, tambi¨¦n el econ¨®mico" aseguran fuentes del ?rea de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento. "Se realiz¨® seg¨²n la normativa aplicable", a?aden.

El PP subraya que la puesta en marcha de las medidas contempladas en la ordenanza, en vigor desde el pasado 24 de octubre, requiere "la implantaci¨®n de nuevos dispositivos tecnol¨®gicos o procedimientos sistem¨¢ticos de control de detecci¨®n de infracciones", como c¨¢maras y radares, y "la colocaci¨®n de una nueva se?alizaci¨®n tanto vertical como horizontal". En los aparcamientos municipales tambi¨¦n est¨¢ previsto que se instalen sistemas inform¨¢ticos para informar en tiempo real sobre la ocupaci¨®n de plazas. Los populares consideran que estas medidas supondr¨¢n "un importante esfuerzo econ¨®mico".

En el recurso, el PP municipal cita las memorias de impacto normativo del Ayuntamiento, en las que se menciona que el despliegue de la ordenanza "no supone gasto alguno directamente" pero "exige gastos p¨²blicos tanto en materia de personal (Polic¨ªa Municipal, Agentes de Movilidad, t¨¦cnicos municipales en materias tan diversas como la planificaci¨®n viaria y del transporte, del Centro de gesti¨®n de la Movilidad, entre otros colectivos del personal municipal); como en recursos materiales (sem¨¢foros, se?alizaci¨®n, balizamiento, radares, foto-rojos, espiras, c¨¢maras, entre otros); tecnol¨®gicos (IAM y contratas externas como medios del CGM) y de servicios (contratas del SER y sus controladores y parqu¨ªmetros, personal de las contratas externas de tecnolog¨ªas del tr¨¢fico, entre otros)¡±.

El partido de Almeida considera "imprescindible realizar una memoria econ¨®mica" y denuncia "la gravedad" que supone aprobar la ordenanza sin la misma. Es necesario, argumenta, para acreditar "la legalidad" y aportar la "seguridad jur¨ªdica necesaria en las cuentas" del Ayuntamiento.

El texto menciona un acuerdo de la Junta de Gobierno de septiembre en el que se autoriza un contrato para un sistema de paneles de mensaje variable en las entradas a Madrid Central, con un gasto plurianual de 1.625.005. Para ellos, este ejemplo "pone de relieve la ingente cantidad de dinero p¨²blico y presupuesto" que se va a destinar a la ordenanza.

La concejal del ?rea de Movilidad, In¨¦s Saban¨¦s, asegur¨® en entrevista con este diario que el recurso "no tiene viabilidad". "Se est¨¢ elevando el nivel de tensi¨®n poniendo en riesgo los elementos b¨¢sicos que sustentan esa ordenanza, que son la lucha contra la contaminaci¨®n y la mejora del espacio p¨²blico de la ciudad", a?adi¨®.