El Poder Judicial pide cuentas a la Xunta de los medios que puso para apoyar a De Lara

Tan solo un d¨ªa despu¨¦s de que acudiese a Madrid la juez de Lugo Pilar de Lara para declarar ante sus superiores por el expediente abierto por "retrasos injustificados", el Consejo General del Poder Judicial decidi¨® enviar una misiva destinada a la Direcci¨®n Xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia. El mayor ¨®rgano de poder de los jueces requiere a este departamento que depende del vicepresidente Alfonso Rueda, mano derecha de Alberto N¨²?ez Feij¨®o, que informe sobre los medios humanos y materiales facilitados a De Lara para dar salida a sus macrocausas.

Por preguntar, el promotor de acci¨®n disciplinaria que instruye el expediente a la magistrada incluso pregunta por la seguridad que ofrece Minerva, el programa inform¨¢tico que se est¨¢ utilizando en los juzgados, a la hora de digerir sumarios tan sensibles como los de las operaciones Carioca y Pok¨¦mon. La gran mayor¨ªa de las causas que desbordan actualmente el juzgado de Instrucci¨®n 1 de Lugo implican a pol¨ªticos y expol¨ªticos y dos de ellas salpican a miembros del PP, la Pok¨¦mon y la C¨®ndor.

En el oficio remitido a la Xunta, el promotor de acci¨®n disciplinaria pregunta "qu¨¦ personal ha sido nombrado y destinado al juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Lugo, como refuerzo, en los ¨²ltimos cinco a?os" (a lo largo de 2012 se levant¨® el secreto sumarial de la Pok¨¦mon, que puso fin a bastantes carreras pol¨ªticas en Galicia). El escrito exige, adem¨¢s, que la Direcci¨®n Xeral de Xustiza "precise" la "experiencia" de estos trabajadores. Pilar de Lara asegur¨® el pasado d¨ªa 21 al CGPJ que el Gobierno gallego no colabora con el juzgado para paliar los problemas de personal. Explic¨®, entre otros muchos pormenores, que las bajas no se cubren o se hace con mucha demora, y que se nombran funcionarios sin cualificaci¨®n en materia jur¨ªdica.

Tras una inspecci¨®n en 2013, el propio CGPJ propuso nombrar cuatro funcionarios con experiencia para atender los tr¨¢mites ordinarios del juzgado mientras De Lara instruyese los casos Carioca y Pok¨¦mon, y tambi¨¦n solicitaba la creaci¨®n de un juzgado bis de refuerzo. Pero lo que seg¨²n la defensa de la magistrada ocurri¨® fue que varios meses despu¨¦s la Xunta solo nombr¨® una funcionaria interina. Esta, tal y como recoge otra inspecci¨®n en 2015, ten¨ªa una "cualificaci¨®n muy baja" para aquel puesto. Posteriormente, la trabajadora estuvo enferma unos 15 meses sin que, seg¨²n la declaraci¨®n del d¨ªa 21, Xustiza cubriese su vacante. La plaza de otro funcionario en comisi¨®n de servicio estuvo igualmente sin cubrir un a?o, y cuando se ocup¨® fue por una licenciada en qu¨ªmicas.

El promotor del expediente, el magistrado Ricardo Conde, tambi¨¦n se interesa por "qu¨¦ medios materiales, al margen de los ordinarios, se han prestado" a De Lara "en atenci¨®n a su volumen de trabajo" y "qu¨¦ peticiones ha recibido" la Xunta "para reforzar dicho ¨®rgano judicial, ya sea con medios personales, ya con medios materiales, y qui¨¦nes las han formulado". En su declaraci¨®n ante el promotor y el fiscal del expediente disciplinario, la juez denunci¨® la situaci¨®n de "abandono" que supuestamente padece su departamento y entreg¨® documentaci¨®n que demuestra las veces que ha reclamado medios a la Direcci¨®n Xeral de Xustiza.

Tambi¨¦n explic¨® los problemas con los que se encuentran d¨ªa a d¨ªa los funcionarios para escanear, digitalizar, almacenar o entregar a las partes los archivos que componen los sumarios porque la maquinaria est¨¢ obsoleta y los ordenadores no tienen la capacidad que requieren las macrocausas. Para la digitalizaci¨®n en exclusiva de la Carioca y la Pok¨¦mon, tras llegar a un acuerdo la Xunta puso a disposici¨®n del juzgado un funcionario pero de forma intermitente; el resto de las grandes operaciones que investiga Instrucci¨®n n¨²mero 1 fueron asumidas por el personal que trabaja a las ¨®rdenes de De Lara.

Por ¨²ltimo, la Direcci¨®n Xeral de Xustiza debe responder "si existe alg¨²n pronunciamiento por parte de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos que afecte al sistema procesal (Minerva) utilizado por dicha Administraci¨®n Auton¨®mica como soporte para la tramitaci¨®n de los expedientes judiciales en los juzgados y tribunales de su respectivo ¨¢mbito". El gobierno de los jueces quiere que la Xunta precise si hubo denuncias y cu¨¢les fueron las causas, ya que durante la instrucci¨®n de la Operaci¨®n Carioca desaparecieron archivos. En 2017 se detectaron errores del programa en los principales juzgados de Galicia y la Administraci¨®n gallega tuvo que reinstalar una versi¨®n diferente del Minerva. El sindicato CSIF denunci¨® que un fallo en la aplicaci¨®n daba acceso al contenido ¨ªntegro de cualquier proceso a cualquier juez, letrado de la Administraci¨®n de Justicia o funcionario, y adem¨¢s permit¨ªa modificar contenidos de las resoluciones y las declaraciones.

El pr¨®ximo paso que dar¨¢ el promotor de la acci¨®n disciplinaria abierta a la magistrada de Lugo ser¨¢ tomar declaraci¨®n a la Letrado de Administraci¨®n de Justicia (LAJ) que trabaja en Instrucci¨®n n¨²mero 1. Este interrogatorio por v¨ªdeoconferencia estaba previsto para el pasado d¨ªa 21, pero se aplaz¨® para el jueves 29 a las 11 porque la declaraci¨®n de Pilar de Lara, prevista para solo una hora, se extendi¨® tres horas y media. Ricardo Conde ha reclamado a la LAJ una copia ¨ªntegra de los se?alamientos fijados por el juzgado desde 2017. El CGPJ pretende comprobar si, tal y como informaron los inspectores, existe "dejadez" por parte de la magistrada o se mantienen inactivos sin justificaci¨®n algunos macrosumarios durante largos periodos de tiempo.