El tal¨®n de Aquiles del plan para Airbnb en Madrid

Durante un tiempo ha sido f¨¢cil localizar las viviendas de uso tur¨ªstico en Madrid: algunas ten¨ªan una placa en la puerta o un mostrador en el vest¨ªbulo del edificio, otros hab¨ªan puesto una taquilla para que los inquilinos recogieran y devolvieran las llaves.

Ahora que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han aprobado normas regulando el fen¨®meno de las viviendas tur¨ªsticas, los infractores no van a ponerlo tan f¨¢cil. Otras ciudades europeas que pusieron l¨ªmites antes que Madrid a los alquileres en plataformas online como Airbnb llevan a?os enfrascadas en un costoso juego del rat¨®n y el gato para perseguir esta ilegalidad. Su frustraci¨®n com¨²n: la opacidad de unas plataformas que no comparten buena parte de los datos sobre sus usuarios.

Las plataformas no revelan el n¨²mero de viviendas de alquiler tur¨ªstico ofertadas y tampoco es posible conocer la ubicaci¨®n exacta de cada vivienda (por ejemplo en la p¨¢gina web de Airbnb no aparece la direcci¨®n sino un punto en el mapa con un margen de error de 150 metros).

En Madrid, el Ayuntamiento estima que hay entre 10.000 y 12.000, pero otros han aportado otras cifras. El grupo opositor PSOE eleva el c¨¢lculo a 15.000 y la consultora AirDNA estima que hay 20.093 con base en t¨¦cnicas de rastreo de datos online. Cuando ha dado datos, Airbnb ha sido ambiguo, refiri¨¦ndose al n¨²mero de familias beneficiadas pero no a las viviendas en oferta. La empresa estadounidense inform¨® el mes pasado que en Madrid ¡°m¨¢s de 10.700 familias comparten su hogar¡±.

La falta de transparencia ha dificultado las tareas de detecci¨®n, por lo que las ciudades han tenido que contratar a un ej¨¦rcito de inspectores. La ciudad de Madrid acaba de doblar su plantilla de inspectores hasta los 40 y a ellos se suma el trabajo parcial de otros diez empleados, seg¨²n el Ayuntamiento. La Comunidad ha contratado a ocho inspectores este a?o para ampliar su plantilla hasta un total de 15. En total Madrid tiene menos funcionarios que Barcelona. Solo la ciudad de Barcelona emplea a unas 100 personas total o parcialmente en esta labor, seg¨²n fuentes del Consistorio catal¨¢n.

Estos obst¨¢culos han motivado una alianza de 11 grandes ciudades europeas, entre ellas Madrid, que busca presionar a la Comisi¨®n Europea para que obligue a las plataformas a compartir sus datos. Las compa?¨ªas se han amparado durante a?os en la interpretaci¨®n que la Comisi¨®n Europea y los tribunales han hecho de la Directiva de Comercio Electr¨®nico, que exime a los servicios digitales de monitorizar lo que sucede en sus webs.

Las plataformas dicen que son meros tablones de anuncios online, pero las ciudades rebaten que bajo ese ¡°velo¡± est¨¢n ejerciendo una actividad econ¨®mica con ¨¢nimo de lucro y por tanto no cabe la exenci¨®n, seg¨²n el concejal de Turismo de Barcelona, Agust¨ª Colom. Barcelona, donde hay un cupo de 9.675 licencias para viviendas de uso tur¨ªstico, es una de las ciudades que m¨¢s mano dura ha ejercido sobre este nuevo mercado. Por la falta de colaboraci¨®n, Barcelona mult¨® en 2016 con 600.000 euros a Airbnb y a HomeAway, otra plataforma popular. Las dos empresas recurrieron la sanci¨®n y el asunto sigue en los tribunales.

Tras a?os de disputa, la ciudad catalana y las compa?¨ªas han llegado a acuerdos que el gobierno municipal considera satisfactorios pero no id¨®neos.

Seg¨²n el acuerdo del pasado verano con Airbnb, los anunciantes deben rellenar en la web un campo con su n¨²mero de licencia, junto a las fotos de la vivienda. Los t¨¦cnicos barceloneses verifican los n¨²meros y la compa?¨ªa elimina una vez al mes a los infractores. Colom dice que la tarea de polic¨ªa deber¨ªa corresponder a la plataforma, impidiendo la inscripci¨®n con car¨¢cter previo a quien no tenga licencia. En todo caso cree que el modelo barcelon¨¦s es un caso de ¨¦xito.

Airbnb asegura que siempre ha tenido voluntad de trabajar con las autoridades. La empresa estadounidense dice que ha llegado a acuerdos con m¨¢s de 500 gobiernos en todo el mundo.

¡°Actualmente est¨¢n teniendo lugar conversaciones con m¨¢s de 100 gobiernos a todos los niveles solo en Europa¡±, dicen fuentes de la compa?¨ªa.

Los cr¨ªticos se?alan que las plataformas no tienen inter¨¦s en revelar sus datos porque eliminar a los infractores reduce su cifra de negocio y porque supondr¨ªa un da?o a su imagen al revelar que hay m¨¢s operadores profesionales de los esperados. ¡°Desde su origen, las plataformas han vendido una imagen de ayuda a particulares para tener unos ingresos extra a fin de mes¡±, dice Yolanda Mart¨ªnez, abogada que asesora al grupo de ciudades europeas.

La tarea de los inspectores es detectivesca. En Barcelona un equipo de ¡°visualizadores¡± recorre las calles para cotejar las fotos anunciadas en la plataforma. Tambi¨¦n son ¨²tiles las denuncias de vecinos y la labor de la polic¨ªa.

¡°Es una tarea que consume mucho tiempo y que no es 100% efectiva¡±, dicen fuentes municipales de ?msterdam, la ciudad holandesa que ha liderado junto con Barcelona los esfuerzos europeos. ?msterdam emplea entre 50 y 60 personas a la labor.

Los l¨ªmites en las ciudades europeas

Las ciudades han introducido distintos tipos de l¨ªmites. La opci¨®n por un m¨¢ximo de d¨ªas es un requisito en Par¨ªs, que permite 120 d¨ªas, o ?msterdam, 30. Pero las autoridades de estas ciudades tienen una ardua tarea para demostrar que un propietario ha excedido ese l¨ªmite, seg¨²n admiten las fuentes del Ayuntamiento de ?msterdam.

En Madrid, Ayuntamiento y Comunidad han aprobado en solo dos semanas dos nuevas normas que requerir¨¢n un fuerte control. La ciudad ha prohibido alquilar pisos a turistas en el centro, y la regi¨®n ha establecido para todos el cumplimiento de una serie de requisitos de idoneidad para garantizar la calidad y la seguridad.

El Ayuntamiento ya inici¨® las inspecciones en agosto despu¨¦s de aprobar una moratoria de licencias a principios del a?o pasado. En los primeros seis meses orden¨® el cese de 502 pisos tur¨ªsticos.

El concejal madrile?o Calvo defiende que el plan de Madrid funcionar¨¢ a¨²n sin acuerdo con Airbnb. ¡°En su d¨ªa nos ofrecieron un acuerdo pero no lo aceptamos porque son un sujeto interesado¡±, le dice a este peri¨®dico.

Madrid tiene una desventaja a?adida. El Ayuntamiento no tiene potestad para imponer multas, a diferencia de Barcelona, que tiene cedida la competencia para sancionar e impone elevadas multas de hasta 60.000 euros.

El gobierno de la ciudad de Madrid solo puede ordenar el cierre del piso tur¨ªstico, pero la sanci¨®n depende de la Comunidad y la colaboraci¨®n se antoja dif¨ªcil ya que ambas administraciones han mostrado sus discrepancias sobre el tema.

En Barcelona, el concejal de Turismo cree que las multas han sido clave. ¡°Son multas grandes que han tenido un efecto disuasorio¡±, dice Colom.