Exmilitares condenados por cr¨ªmenes en la dictadura de Pinochet piden ¡°conmiseraci¨®n¡± para los rangos inferiores

Un d¨ªa despu¨¦s de que Chile conmemorara los 50 a?os del golpe de Estado de 1973 contra el presidente Salvador Allende, y que deriv¨® en una dictadura de 17 a?os por la que a¨²n hay m¨¢s de 1.000 personas desaparecidas, un grupo de 27 exoficiales de las Fuerzas Armadas condenados por delitos como homicidios, secuestros, desapariciones y torturas, han reconocido que sus acciones ¡°produjeron violaciones a los derechos humanos¡±. Lo han hecho a trav¨¦s de una carta enviada al diputado de la extrema derecha Gonzalo de la Carrera, en la que, adem¨¢s, pidieron ¡°conmiseraci¨®n al poder pol¨ªtico y judicial¡± para ¡°suboficiales, clases, soldados y empleados civiles¡± que est¨¢n en prisi¨®n para puedan estar junto a sus familias. Endosaron a sus superiores la responsabilidad en las ¨®rdenes impartidas.

¡°Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entend¨ªamos en esa ¨¦poca, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias. A no dudar, ello fue reflejo de una formaci¨®n que daba m¨¢s importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensi¨®n y no como justificaci¨®n¡±, dice la misiva que ley¨® en el Congreso de la Carrera. ¡°Hemos esperado 33 a?os [desde que 1990 volvi¨® la democracia a Chile] para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus ¨®rdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos. A partir de ello, venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del p¨¢vido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las ¨®rdenes que impartieron a sus subordinados¡±.

La carta fue suscrita por 27 de los 134 militares en retiro que cumplen condena en la c¨¢rcel de Punta Peuco, un penal especial ubicado en la comuna de Tit Til, a 44 kil¨®metros de Santiago, que fue creado en 1995 durante la presidencia del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) para albergar solo a violadores de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Entre los firmantes del documento se encuentran el mayor en retiro Carlos Herrera Jim¨¦nez, autor del crimen del dirigente sindical Tucapel Jim¨¦nez -uno de los m¨¢s importantes l¨ªderes de la oposici¨®n a la dictadura- perpetrado en 1982 y el del carpintero Juan Alegr¨ªa en 1983, cometido para encubrir el asesinato de Jim¨¦nez. Tambi¨¦n el brigadier Jos¨¦ Zara y el exagente Cristoph Willeke, quienes cumplen una sentencia por el homicidio del excomandante en jefe del Ej¨¦rcito Carlos Prats y de su esposa Sof¨ªa Cutbhert: murieron cuando la DINA, la polic¨ªa secreta de Pinochet, puso una bomba en su autom¨®vil en Buenos Aires, en 1974.

Seg¨²n los 27 militares, los suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles que est¨¢n en la c¨¢rcel son ¡°el eslab¨®n m¨¢s bajo y m¨¢s d¨¦bil de la cadena de mando¡± y hoy tienen ¡°como ¨²nico futuro terminar sus d¨ªas en prisi¨®n por cumplir las ¨®rdenes de sus mandos, seg¨²n lo consagraba la legislaci¨®n militar vigente¡±.

Seg¨²n informaci¨®n de la carta, de los 134 internos, 76 son oficiales y 56 suboficiales, soldados, conscriptos y empleados civiles. De ellos, el 80% tiene m¨¢s de 70 a?os.

Tras la divulgaci¨®n de la carta, el ministro de Justicia Luis Cordero, quien impulsa el Plan de B¨²squeda de m¨¢s de 1.000 desaparecidos que el Gobierno de izquierdas del presidente Gabriel Boric lanz¨® en la v¨ªspera de la conmemoraci¨®n de los 50 a?os de golpe, dijo que lo positivo de la misiva es que ¡°se reconocen violaciones a los derechos humanos¡±, pero que, algunos de quienes la suscriben ¡°las han negado en el pasado¡±.

Cordero destac¨® que la carta deja en evidencia que hay exuniformados que disponen de informaci¨®n sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, por lo que ¡°quiz¨¢ puede ser el inicio¡± para que comiencen a entregarla a los tribunales. ¡°Ser¨ªa muy relevante para el pa¨ªs, para los familiares, que nos dijeran d¨®nde est¨¢n¡±. Pero, ante la petici¨®n de ¡°conmiseraci¨®n¡± y una eventual petici¨®n de indultos, dijo que ¡°la doctrina del Gobierno es que los delitos de lesa humanidad no son indultables¡±.

En ese mismo sentido se refiri¨® la diputada por Convergencia Social, el partido de Boric, Lorena Fries, quien adem¨¢s fue subsecretaria de derechos humanos del Gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2016). ¡°Frente a cr¨ªmenes de lesa humanidad lo que corresponde es investigar y sancionar proporcionalmente al da?o, por lo tanto no cabr¨ªan beneficios para ellos en la medida que no cumplan las penas. Peor aun cuando no han cooperado con la justicia y no se han arrepentido nunca de su accionar¡±, dijo. ¡°Efectivamente, los altos mandos dan ¨®rdenes y los que est¨¢n m¨¢s abajo ejecutan, pero eso no quiere decir que ellos sean inocentes¡±, agreg¨®.

Los otros intentos de Herrera Jim¨¦nez

Una de las firmas que destaca en la carta es la del mayor en retiro Carlos Herrera Jim¨¦nez. Sin embargo, no es primera vez que emite una declaraci¨®n en este tono. Entre 1999 y 2000, cuando cumpl¨ªa en Punta Peuco su primera de las tres condenas a las que han sido sentenciado, en este caso el homicidio del transportista Mario Fern¨¢ndez en 1987, ya hab¨ªa manifestado que los altos mandos deb¨ªan responder por las ¨®rdenes impartidas.

Herrera, quien fue parte de la CNI, el organismo que reemplaz¨® a la DINA en 1977, adem¨¢s confes¨® su participaci¨®n en los cr¨ªmenes de Tucapel Jim¨¦nez y Juan Alegr¨ªa ante el juez que investigaba el caso, Sergio Mu?oz, quien hoy es ministro de la Corte Suprema. Entonces lo hizo con miras a que se le rebajara la condena por el asesinato del carpintero, que fue a cadena perpetua.

En el caso del asesinato de Juan Alegr¨ªa, a quien los agentes de Pinochet cortaron las venas de sus manos para simular un suicidio y dejaron al lado de su cad¨¢ver una carta en la que se inculpaba del asesinato de Tucapel Jim¨¦nez, Herrera solo entreg¨® a la justicia los nombres de los oficiales de su mismo grado, pero omiti¨® el de uno de los autores -que tambi¨¦n est¨¢ sentenciado- que era de menor rango.

Durante la dictadura de Pinochet, entre 1973 y 1990, m¨¢s de 3.000 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer. De ellas, de 1.092 todav¨ªa no se conoce su paradero. La no entrega de informaci¨®n de parte de las Fuerzas Armadas ha sido un problema clave durante 50 a?os para el esclarecimiento de sus casos y la b¨²squeda de sus familiares. Adem¨¢s, en 1978 Pinochet orden¨® el desentierro de cientos de cuerpos para ocultarlos y evitar que los hechores fueran juzgados a futuro. Fue la llamada operaci¨®n retiro de televisores.