Los jueces de la Corte Suprema que tienen contra las cuerdas al sistema privado de salud en Chile

La tercera sala de la Corte Suprema chilena, que preside el influyente juez Sergio Mu?oz, es considerada el tribunal m¨¢s preponderante de Chile, y sus sentencias suelen dar dolores de cabeza a las autoridades de Gobierno y empresarios. Al tratar materias constitucionales debe analizar temas clave para la ciudadan¨ªa. Por ejemplo, causas sobre derecho a la salud, medioambiente, demandas por falta de seguridad, libertades p¨²blicas y, entre otras, libre competencia. Varios de sus fallos suelen levantar pasiones, a favor y en contra, y provocar sendos debates jur¨ªdicos que se plasman en editoriales, cartas y columnas en los diarios chilenos. Precisamente, este ha sido el caso de la sentencia que emiti¨® el 30 de noviembre de 2022, que ha puesto en jaque a las isapres, las aseguradoras del sistema privado de salud, al ordenarles devolver a sus afiliados cobros en exceso que el Gobierno del presidente de izquierdas Gabriel Boric, calcula en unos $1.400 millones de d¨®lares. Es un monto que, seg¨²n la industria, no podr¨¢ solventar, advirtiendo su posible final, lo que podr¨ªa dejar a la deriva a tres millones de cotizantes de sectores medios y altos del pa¨ªs sudamericano.

La tercera sala es presidida por el juez Sergio Mu?oz, e integrada por la portavoz de la Corte Suprema, ?ngela Vivanco, la ministra Adelita Ravanales y los magistrados Mario Carroza y Jean Pierre Matus. Los cinco integrantes han sido nombrados por distintos gobiernos, tanto de derecha como de izquierda.

Mu?oz es uno de los jueces m¨¢s influyentes del Poder Judicial. Fue nombrado en la Corte por el presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) en 2005 y aun le quedan nueve a?os por delante, hasta que cumpla los 75. Antes de llegar a la Suprema, como magistrado investigaba causas, entre ellas, las millonarias cuentas bancarias halladas al exdictador Augusto Pinochet en el Banco Riggs. Tambi¨¦n indag¨® y aclar¨® el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jim¨¦nez, asesinado en 1982 por los servicios de seguridad de Pinochet.

Es conocido porque es parte de los jueces que consideran que la ley no se aplica en forma literal. As¨ª lo expres¨® en 2015 en una entrevista: ¡°Hoy el juez tiene mayores antecedentes para determinar cu¨¢l es el sentido y alcance de la norma. Y de esa manera, yo he jurado respetar la Constituci¨®n y la ley viva, no el texto escueto de sus disposiciones, sino lo que la inspir¨®. Sus garant¨ªas, sus principios, en todos los aspectos. Entonces, si hay algunas personas a las que no les parece, es lamentable¡±. Y a?adi¨®: ¡°Es que esto es igual que la pintura. Antes era rupestre, luego en doble plano. Despu¨¦s se fue creando la perspectiva. Posteriormente nacieron otras formas, como el realismo, el cubismo. Despu¨¦s pasa que usted es la concepci¨®n de la figura y no necesariamente de una forma. Esto es igual. Es una interpretaci¨®n. Porque interpretar el derecho es un arte, no es una ciencia¡±.

Su nombre y su sala, fuera del Poder Judicial, genera controversias. Por ejemplo, el abogado Luis Silva, el consejero constitucional del Partido Republicano, de la extrema derecha, electo el 7 de mayo para redactar la nueva Constituci¨®n chilena, en su libro de 2021 Entre la justicia y la ley. Un ensayo sobre la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica, publicado por el Observatorio Judicial, dedic¨® un cap¨ªtulo al juez Mu?oz, abordando sus fallos y su criterio sobre las isapres, desde una posici¨®n cr¨ªtica.

De la salud a medioambiente

La sala constitucional es un tribunal que, no solo en isapres, sino tambi¨¦n en otras causas, lleva a?os corriendo las barreras del derecho a la salud. Por ejemplo, en casos de enfermedades raras, cuando se requieren medicamentos de alto costo, ha se?alado en sus sentencias que el derecho a la vida es el que prima, aun cuando no sean cubiertos ni por el sistema p¨²blico, Fonasa, ni por el privado. Seg¨²n explica a EL PA?S la ministra Vivanco, este criterio se ha aplicado ¡°en casos de personas, sobre todo ni?os, que no tienen la posibilidad de acceder a un medicamento porque no est¨¢ cubierto por el sistema¡±. ¡°Cuando est¨¢ acreditado en el proceso que esta persona va a morir si no se le otorga este medicamento, se le otorga mientras le sea prescrito¡±, agrega.

No es todo. En medioambiente, la sala tambi¨¦n ha ido adelantada. Por ejemplo, en mayo de 2021, en medio de la pandemia, orden¨® a dos organismos estatales de la comuna de Petorca, una de las mas afectadas por la sequ¨ªa en el pa¨ªs, suministrar 100 litros de agua por persona al d¨ªa. ¡°Toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminaci¨®n; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones¡±, se?ala parte de la resoluci¨®n. Y, previo a que Chile aprobara su primera ley de humedales urbanos, que se promulg¨® en 2020, la tercera sala paraliz¨® proyectos inmobiliarios a la espera de estudio de impacto ambiental para su protecci¨®n.

En 2019, en tanto, emiti¨® un fallo que marc¨® un hito, cuando acogi¨® nueve recursos de protecci¨®n en favor de los habitantes de los municipios de Quintero y Puchuncav¨ª, en la Regi¨®n de Valpara¨ªso, tras una serie de episodios de contaminaci¨®n. Y dio un plazo de un a?o al Gobierno para determinar ¡°las medidas necesarias para evitar la reiteraci¨®n de eventos de contaminaci¨®n¡±.

Una larga historia con la isapres

En el caso de las isapres, el conflicto que lleg¨® a la tercera sala viene de hace m¨¢s de un d¨¦cada, cuando los chilenos comenzaron a presentar masivos recursos de protecci¨®n en los tribunales en contra de las aseguradoras. Entre 2010 y 2022, la Suprema ha fallado m¨¢s de dos millones de recursos en favor de los afiliados, tanto por el alza unilateral de los planes de salud como por la aplicaci¨®n de las tablas de factores de riesgo de los usuarios.

En paralelo, tanto el primer Gobierno de Sebasti¨¢n Pi?era (2010-2014), de la derecha tradicional, y el segundo de la socialista de Michel Bachelet (2014-2018), intentaron reformas a las isapres, pero no se concretaron por falta de acuerdo pol¨ªtico. Eso, mientras que en 2010 el Tribunal Constitucional declar¨® inconstitucional la tabla de factores por sexo y edad y, aunque sugiri¨® legislar, ello no sucedi¨®.

As¨ª, el fallo de noviembre de 2022 ocurri¨® tras una avalancha de recursos que se interpusieron en contra de la aplicaci¨®n de las varias tablas de factores riesgo contempladas en el sistema. Esto, porque adem¨¢s de la condici¨®n de salud de los usuarios, variaban de acuerdo con el g¨¦nero y la edad, definiendo el precio base de los planes. Ello se tradujo en que, por d¨¦cadas, las mujeres y las personas de la tercera edad pagaran m¨¢s que un hombre joven y sano. Pero todo cambi¨® en diciembre de 2019, cuando dos meses despu¨¦s de la revuelta social del pa¨ªs, el presidente Pi?era resolvi¨® terminar con esta discriminaci¨®n. Y, a trav¨¦s de una circular administrativa, la superintendencia de salud dictamin¨® que, partir del 1 de abril de 2020, solo habr¨ªa una tabla ¨²nica de factores, eliminando el sesgo por sexo y rango de edad.

Tras esa circular, las isapres comenzaron aplicar, a partir de 2020, esa ¨²nica tabla de factores solo a los nuevos afiliados, pero no a los antiguos. Ello provoc¨® una nueva avalancha de recursos y, ante ese escenario, la sala constitucional decidi¨® asentar una doctrina -algo que ya hab¨ªa hecho en agosto de 2022 en otro fallo por el alza del precio de los planes- y orden¨® a la superintendencia buscar la forma de aplicar la sentencia, favoreciendo adem¨¢s a los usuarios en forma retroactiva.

Explica la ministra Vivanco: ¡°Hay varias razones para zanjar. Una, cuando son situaciones masivas y te das cuenta que el pa¨ªs tiene una necesidad de resoluci¨®n, porque estos no son casos aislados; hay una problem¨¢tica general. Otra, porque se busca bajar la judicializaci¨®n. Eso es indispensable porque baja los costos tanto para los que reclaman como para los reclamados¡±.

La jueza explica que si la tercera sala he tenido que resolver ahora esta materia, es porque el tema no se ha resuelto por otro camino. ¡°Y porque hay un principio de inexcusabilidad que tenemos los jueces que impide que digamos ¡®ah, qu¨¦ pena, como no se ha resuelto, nosotros tampoco¡¯. Si a nosotros nos est¨¢n argumentando que hay una vulneraci¨®n a los derechos de las personas, debemos resolver ese caso. Y se resuelve en los casos de las cientos de miles de personas que han reclamado por esta situaci¨®n. Y lo que se hace es que se fija un criterio jurisprudencial respecto de todas esas causas, d¨¢ndole una orden a la superintendencia para que ordene hacia adelante, justamente, a fin de evitar de que este sea un tema de eterna judicializaci¨®n¡±.

Una pol¨¦mica a trav¨¦s de los diarios

Por sus alcances, el fallo de 2022 en contra de las isapres ha sido criticado por varios columnistas. Uno de los m¨¢s influyentes es Carlos Pe?a, rector de la Universidad Diego Portales, quien el 17 de mayo public¨® un texto en el diario El Mercurio titulado Mala salud institucional. ¡°El fallo, en efecto, puede ser justo desde el punto de vista de cada afiliado a una isapre o, si se prefiere, desde el punto de vista contractual; pero es obviamente malo desde el punto de vista institucional. ?Por qu¨¦? La raz¨®n es harto obvia y sorprende que no se haya subrayado. Una regla b¨¢sica del sistema de justicia la formula el art¨ªculo 3 del C¨®digo Civil conforme al cual solo corresponde al legislador interpretar la ley ¡®de un modo generalmente obligatorio¡¯. Las sentencias, agrega la regla, solo resultan obligatorias para quienes comparecen al litigio al que mediante ellas se pone fin¡±, escribi¨®.

En respuesta a Pe?a, su sum¨® el exministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas, quien en una columna en el mismo diario, defendi¨® la sentencia: ¡°No hubo transgresi¨®n al art¨ªculo tercero del C¨®digo Civil. Lo que pas¨® fue lo obvio: como el problema era com¨²n y la soluci¨®n fue similar, qued¨® involucrado todo el sistema, y as¨ª se actu¨®¡±.

Pero fue en diciembre, pocos d¨ªas despu¨¦s del fallo, cuando apareci¨® la primera columna en contra de la resoluci¨®n la tercera sala titulada Suprema usurpaci¨®n. Su autor es Jos¨¦ Miguel Aldunate, director del Observatorio Judicial, un cr¨ªtico recurrente de la jurisprudencia de la tercera sala. El abogado se?ala a EL PA?S que en la sentencia en contra de las aseguradoras, al fallar para todos los casos, es decir, con efecto general, ¡°deja de operar como un tribunal de justicia y empieza a hacerlo como un legislador. Y solo el legislador puede interpretar la ley con efectos generales¡±. Y agrega: ¡°Si bien las sentencias anteriores (en otras materias) pod¨ªan ser calificadas como de activistas, todav¨ªa operaban bajo la forma de una sentencia. Pero ahora esto es, derechamente, la usurpaci¨®n de facultades legislativas¡±.

Ante las cr¨ªticas, ?ngela Vivanco aclara: ¡°La funci¨®n de la Corte Suprema no es echar abajo o levantar industrias o ¨¢reas econ¨®micas, sino que corregir problemas que afectan a las personas. Nosotros no podemos ni queremos, a trav¨¦s de nuestros fallos, generar industrias, hacerlas caer o mover la vara econ¨®mica ni un sentido ni en el otro, porque no nos corresponde¡±.