La derecha ya gan¨®

El pr¨®ximo domingo 17 de diciembre tendr¨¢ lugar un nuevo plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constituci¨®n definida por el Consejo Constitucional. Es muy probable que en el plebiscito del pr¨®ximo 17 de diciembre el texto sea rechazado, de acuerdo a lo que han venido indicando las encuestas, pese al optimismo surgido entre los partidarios de la opci¨®n A favor por haberse estrechado la distancia entre ambas opciones una vez iniciado el per¨ªodo legal de campa?a. De imponerse la opci¨®n En contra ser¨ªa la segunda vez en el lapso de dos a?os que se estar¨ªa rechazando una propuesta de cambio a la Constituci¨®n.

Es ya an¨®malo, o bien muy excepcional, que se rechacen propuestas de cambio constitucional promovidas en democracia. Islandia, a inicios de la d¨¦cada anterior, experiment¨® una situaci¨®n similar cuando qued¨® inconcluso un proceso constitucional impulsado para dar respuesta a las movilizaciones que sucedieron a la crisis econ¨®mica de 2008. En Chile se estar¨ªa rechazando por segunda vez un anhelo de cambio constitucional que en sectores de centro-izquierda e izquierda ha estado presente desde antes que entrara en vigencia la Constituci¨®n de 1980 y, a ra¨ªz del estallido social, para responder a las demandas sociales y lograr revertir la crisis que lo antecedi¨®. A diferencia del caso island¨¦s, en Chile se estar¨ªa rechazando por segunda vez el intento de reemplazar una Constituci¨®n cuyos aspectos m¨¢s sustantivos se proyectan desde la etapa dictatorial hasta nuestros d¨ªas.

Despu¨¦s que el oficialismo condicionara la puesta en pr¨¢ctica de su programa de gobierno a la aprobaci¨®n del proyecto constitucional anterior, elaborado por la Convenci¨®n Constitucional, y rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, sus representantes y el propio presidente de la rep¨²blica desestimaron el nuevo proceso. Dieron por perdida la nueva etapa tras la elecci¨®n de los consejeros constitucionales, en mayo de este a?o, en la que la derecha y en especial el Partido Republicano obtuvieron una holgada victoria. Por el hecho de haber tenido la derecha el control del nuevo proceso, nadie -ni menos el Presidente de la Rep¨²blica- volvi¨® a mencionar que una constituci¨®n elaborada en democracia era mejor que una ¡°redactada por cuatro generales¡±.

Siempre se supo que la derecha en el pr¨®ximo plebiscito ten¨ªa muy poco que perder, pues de ser aprobada dispondr¨¢ de una Constituci¨®n redactada a su medida, e incluso otorg¨¢ndole rango constitucional a temas que no lo tienen en la actualmente vigente. En un sentido inverso, de ser rechazada se queda con la actual Constituci¨®n, la que seg¨²n lo declarado por personeros de izquierda y centroizquierda cuenta hoy con mayor respaldo. Ahora bien, de aprobarse el actual proyecto, tampoco ser¨ªa f¨¢cil lograr su implementaci¨®n. De acuerdo a las normas transitorias que presenta el proyecto a ser plebiscitado, existen 35 leyes que deber¨¢n ser aprobadas por el Congreso para poder implementar la nueva Constituci¨®n. De esas, varias requieren qu¨®rum calificados, mientras que otras requieren de mayor¨ªa simple.

Por otra parte, y tomando en cuenta los problemas de la conducci¨®n del actual gobierno, la agudizaci¨®n de la crisis econ¨®mica, los problemas asociados a la migraci¨®n, a la seguridad ciudadana y la corrupci¨®n en el Estado, en paralelo a la discusi¨®n constitucional, la derecha ha sabido posicionar e instalar su propia agenda. Una agenda compuesta por cuatro ejes prioritarios, que por lo dem¨¢s han sido los temas con los cuales ha logrado avanzar la derecha m¨¢s extrema a nivel internacional: el ¨¦nfasis en el crecimiento econ¨®mico (por sobre cualquier agenda de corte social), seguridad ciudadana, antimigraci¨®n y anticorrupci¨®n. Hasta la campa?a televisiva entre las opciones En contra y A favor ha incorporado estos temas. Con frecuencia, cuesta distinguir qui¨¦n es qui¨¦n dado que en ambas se ofrece m¨¢s seguridad, menos corrupci¨®n y expulsi¨®n de quienes ingresen de manera ilegal.

El oficialismo, y en especial quienes tuvieron un rol m¨¢s protag¨®nico en el anterior proceso, han ido soltando y liber¨¢ndose del tema constitucional con una sorprendente rapidez. Han terminado por reconocer que el problema constitucional era una suerte de condici¨®n necesaria pero no suficiente para contribuir a revertir la crisis desencadenada desde octubre de 2019. No por causalidad una figura clave del proceso anterior, como lo fue Marcos Barraza, en una columna escrita y difundida por ¨¦l mismo en La Segunda, el viernes 24 de noviembre, sostuvo que de rechazarse la actual propuesta las prioridades para la izquierda deber¨¢n ser otras: ¡°En primer lugar, la reactivaci¨®n econ¨®mica es fundamental (¡­) Prioridades reforzadas deben ser las pol¨ªticas de seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupci¨®n (¡­) Tambi¨¦n se deben establecer planes sociales para enfrentar la crisis de la salud e ingresos¡±.

Transcurridos cuatro a?os de discusi¨®n centrada en el cambio de la Constituci¨®n, y dos a?os del actual gobierno supeditando su agenda al mismo prop¨®sito, pareciera que la actitud de la izquierda y la centroizquierda le terminan dando la raz¨®n al ex presidente Patricio Aylwin cuando en plena dictadura, en 1984, dec¨ªa que para avanzar con el proceso de transici¨®n hab¨ªa que dejar de lado el problema de la legitimidad de origen de la Constituci¨®n de 1980. Y junto a ello se?alaba que se deb¨ªan aceptar las reglas del juego definidas por la Constituci¨®n. Tras el plebiscito de 1988, la Carta Fundamental pudo ser reformada mediante acuerdos con la derecha, para as¨ª facilitar la instalaci¨®n del primer gobierno electo a fines de 1989. Si se pudo avanzar con la transici¨®n y el funcionamiento de los gobiernos que se sucedieron desde 1990 en adelante, no se justifican dos a?os de total estancamiento y falta de orientaci¨®n del actual Gobierno, m¨¢s a¨²n cuando sus propios partidarios y representantes reconocen que se puede llevar adelante una agenda prescindiendo del tema constitucional. Definir y conducir la agenda, implica para el oficialismo un enorme desaf¨ªo que pasa por reparar una credibilidad quebrantada debido a lo variable y contradictorias que han sido las declaraciones y decisiones adoptadas por el actual Gobierno.