La inc¨®moda verdad detr¨¢s de las tarifas el¨¦ctricas

Parlamentarios oficialistas y de oposici¨®n llevan m¨¢s de dos semanas recriminando duramente al Gobierno por el reciente aumento en el precio de las tarifas el¨¦ctricas que deber¨¢n soportar los chilenos en un contexto de estrechez econ¨®mica. Pero hay un aspecto que no suelen mencionar: fueron ellos mismos quienes aprobaron legislativamente dicho aumento y, al menos en parte, este mayor precio se explica por el congelamiento tarifario que ellos demandaron en los d¨ªas que siguieron al estallido social.

La trama de esta historia parece tomada de una s¨¢tira pol¨ªtica, de esas absurdas y de humor negro como Veep o The Thick of It. Por ejemplo, la presidenta de la C¨¢mara de Diputados, que vot¨® a favor de la medida, acusa al ministro de Energ¨ªa de haber ocultado informaci¨®n relevante en la discusi¨®n legislativa que ella habr¨ªa solicitado y no le habr¨ªa sido entregada. Otro diputado de oposici¨®n, que tambi¨¦n apoy¨® el proyecto, dice ahora sentirse enga?ado por el Gobierno, al que culpa de haberle mentido a los parlamentarios que habr¨ªan, supuestamente, observado las debilidades de la propuesta legislativa, ante lo cual se les habr¨ªa dicho que todo ello ser¨ªa corregido posteriormente por v¨ªa reglamentaria. El Gobierno se defiende acusando que el cambio tarifario fue latamente discutido en el Congreso. Algunos parlamentarios responden recurriendo a tribunales para intentar suspender el alza de tarifas. Otros amenazan con interpelaciones al ministro y un n¨²mero incluso mayor busca censurarlo, al notificar al presidente que ¨¦ste ya no es un interlocutor v¨¢lido para discutir estas materias.

M¨¢s all¨¢ del evidente oportunismo detr¨¢s de muchas de estas diatribas y de que la pol¨¦mica que las motiva parece estar amainando, conviene igualmente detenerse en ellas porque retratan dos inc¨®modas verdades del trabajo parlamentario chileno.

La primera es de car¨¢cter circunstancial: con sus recriminaciones, los parlamentarios reconocen ignorar lo que est¨¢n votando y las consecuencias de sus decisiones. Aunque tal vez no sean conscientes de ello, este reconocimiento pone en entredicho uno de los mitos fundacionales de toda democracia contempor¨¢nea, seg¨²n el cual los parlamentos son el lugar institucional de deliberaci¨®n pol¨ªtica que mejor cautela los intereses ciudadanos. Y es que la manera infantil en la que muchos parlamentarios buscan ser exculpados de las consecuencias de sus decisiones, dif¨ªcilmente puede ser interpretado sino como una renuncia a la principal responsabilidad democr¨¢tica que les ha sido encomendada por sus representados.

Pero esta pol¨¦mica tambi¨¦n retrata otra verdad estructural a la pol¨ªtica chilena: la creciente incapacidad de los parlamentarios para abordar adecuadamente cualquier discusi¨®n legislativa de mayor complejidad o con dimensiones t¨¦cnicas. As¨ª lo evidencian tambi¨¦n los debates recientes en materia electoral o de permisolog¨ªa.

En este punto tal vez conviene recordar un reproche recurrente al presidencialismo chileno, el que para para sus cr¨ªticos entrega al presidente un protagonismo desmedido en el proceso legislativo, que no genera mayores incentivos para un trabajo parlamentario reflexivo. Aunque cierta, esta cr¨ªtica no debe oscurecer una grave carencia legislativa que dif¨ªcilmente podr¨ªa atribuirse al dise?o del sistema pol¨ªtico: el mal funcionamiento del sistema de asesor¨ªa parlamentaria.

La precariedad de los debates parlamentarios, en efecto, contrasta con el elevado monto que se invierte en ellos. El a?o pasado se gastaron en la C¨¢mara de Diputados $13 mil millones de pesos chilenos (unos 13 millones de d¨®lares) en personal de apoyo a la labor parlamentaria y otros $2 mil millones (unos dos millones de d¨®lares) en asesor¨ªa externa. En los ¨²ltimos dos a?os (2022-2024), adem¨¢s, su gasto en personal ha aumentado en un 18,5%. Por otro lado, senadores y diputados cuentan con la asesor¨ªa t¨¦cnica que les proporciona la Biblioteca del Congreso Nacional, que dispone de 75 investigadores y cuyo gasto en personal ascendi¨® a m¨¢s de $14 mil millones (unos 14 millones de d¨®lares) en 2023. Es cierto que en esta materia existen excepciones honrosas, como la oficina de asesor¨ªa t¨¦cnica alojada en el Senado que apoya el trabajo de la Comisi¨®n Permanente de Presupuestos. Pero ella es una excepci¨®n que confirma la regla contraria.

Al abordar esta incomoda verdad, debe adem¨¢s recordarse que existen muchos ejemplos a nivel nacional que ilustran que ¨¦sta es una realidad evitable. As¨ª al menos lo retratan los dict¨¢menes de las comisiones de Constituci¨®n de ambas c¨¢maras del Congreso, que durante el siglo pasado gozaron de un merecido prestigio. La elaboraci¨®n de muchos de ellos estuvo a cargo de destacados acad¨¦micos y era com¨²n que fueran publicados en revistas acad¨¦micas como una fuente autoritativa para estudiar la deliberaci¨®n parlamentaria.

Cualquier intento de modernizaci¨®n del Estado ¨Csea a trav¨¦s de mejoras de gesti¨®n o reformas legales¨C debe as¨ª prestar especial atenci¨®n a esta grave debilidad del trabajo parlamentario, que hace dif¨ªcil o imposible un adecuado debate legislativo. Pero mientras esperamos que ello ocurra, bien har¨ªan los parlamentarios en recordar que, al desempe?ar sus responsabilidades democr¨¢ticas como contrapeso legislativo del ejecutivo, la ropa sucia se lava en casa.

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