Prioridades impostergables en la educaci¨®n chilena
La prioridad de la acci¨®n gubernamental debe ser la educaci¨®n primaria. Sin embargo, el Gobierno del presidente Boric persiste en otro camino
Entre los a?os 2015 y 2022, el crecimiento del gasto del Estado de Chile por cada beneficiario en la educaci¨®n superior fue de un 70,8% real, versus un alza de 9,2% en parvularia y escolar. La discusi¨®n pol¨ªtica y el gasto p¨²blico, durante la ¨²ltima d¨¦cada, se centraron en la educaci¨®n superior: la gratuidad, a trav¨¦s de la regulaci¨®n de aranceles, expuls¨® del sistema la inversi¨®n en calidad y lesion¨® el espacio financiero de maniobra para el Fisco en el sector; y las reformas estructurales sucesivas en el nivel escolar soslayaron la calidad, derivando en un estancamiento de todas las mediciones en pruebas estandarizadas nacionales e internacionales.
Luego de esto ocurri¨® la pandemia, el aislamiento y el cierre de las escuelas. La asistencia escolar sufri¨® una brusca ca¨ªda y permanece grave, bajo los niveles prepand¨¦micos, con un promedio de 84,9%. El n¨²mero de denuncias por convivencia escolar alcanz¨® un m¨¢ximo hist¨®rico el a?o pasado (12.570). M¨¢s de 50 mil estudiantes abandonaron el sistema educativo en 2023. Las mediciones de calidad siguen estancadas, obviando el ciclo despu¨¦s del cierre de los colegios. M¨²ltiples problemas de gesti¨®n han afectado la provisi¨®n de beneficios estudiantiles de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Diferentes trabas, de variada gravedad, a¨²n afectan la educaci¨®n parvularia y escolar.
Parece evidente, considerando todo lo anterior, que la prioridad de la acci¨®n gubernamental debe ser la educaci¨®n primaria. Sin embargo, el Gobierno del presidente Boric persiste en otro camino.
Por un lado, ha prometido reiteradamente la condonaci¨®n de las deudas del CAE, cuyo saldo alcanza la cifra sideral de 11 mil 829 millones de d¨®lares, y el pago de la deuda hist¨®rica docente, de magnitudes similares. Ha insistido en la urgencia de una modernizaci¨®n acad¨¦mica de la educaci¨®n superior y ha comprometido un financiamiento mezquino para sus proyectos de convivencia y educaci¨®n parvularia. Ninguno de estos est¨¢ orientado a solucionar los problemas urgentes que aquejan al sistema en dichos sectores.
Por otro, su respuesta a la crisis de la educaci¨®n escolar ha sido un plan de reactivaci¨®n implementado de forma tard¨ªa e insuficiente. Las tutor¨ªas en lectoescritura alcanzaron un 0,6% de la matr¨ªcula escolar en 2023 y la asistencia, en promedio, permanece en niveles pobr¨ªsimos. La evidencia ha cuestionado la efectividad del programa Habilidades Para la Vida (De Chaisemartin y Navarrete, 2023) y es inexistente en el caso de A convivir se aprende, los dos programas principales del pilar de convivencia. En particular, el Gobierno destin¨® cerca de 280 millones de d¨®lares al Plan de Reactivaci¨®n en 2023, apenas un 2,4% de lo que cuesta la prometida condonaci¨®n del CAE.
El ministerio de Educaci¨®n ha equivocado fuertemente el camino durante lo que lleva de gesti¨®n. A¨²n es posible enmendar el rumbo: acometer la dif¨ªcil y costosa tarea de la reactivaci¨®n educativa, reconociendo la realidad del sistema y no dificultando a¨²n m¨¢s la gesti¨®n de las escuelas. Esto implica dejar de priorizar en su agenda legislativa a grupos de inter¨¦s electoral, as¨ª como destinar los recursos fiscales a la recuperaci¨®n de aprendizajes y a la gesti¨®n aut¨®noma de la convivencia en las escuelas.
El costo de no hacerlo significar¨¢ mucho m¨¢s que la deuda del CAE. No s¨®lo disminuir¨¢ la acumulaci¨®n de capital humano, disminuyendo la producci¨®n nacional y los ingresos fiscales en varias veces el nivel actual sin medidas suficientes de mitigaci¨®n (CEP, 2023). Truncar¨¢ trayectorias vitales de movilidad social ascendente; convertir¨¢ historias humanas de esfuerzo, m¨¦rito y apoyo en tragedias de desamparo por parte del Estado.
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