La mayor multa de la historia de la UE a Espa?a sigue creciendo: ya van 53,4 millones por las aguas residuales

La sanci¨®n que tiene que afrontar Espa?a por la falta de depuraci¨®n de las aguas residuales en nueve aglomeraciones urbanas ¡ªen las que viven m¨¢s de 350.000 personas¡ª sigue aumentando: asciende ya a 53,4 millones de euros. Es la mayor multa de la Uni¨®n Europea a la que ha tenido que hacer frente Espa?a desde que ingres¨® en el club comunitario. Continuar¨¢ creciendo semestre a semestre mientras no se solucionen los problemas de todas estas zonas denunciadas por Bruselas.

Cuando el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea dict¨® en julio de 2018 la sentencia por la que se impon¨ªa esta multa que crece a raz¨®n de algo m¨¢s de 10 millones por semestre, el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica present¨® un calendario en el que se fijaba 2023 como el a?o en el que estar¨ªan listas las depuradoras de las nueve aglomeraciones urbanas afectadas. Pero ahora el horizonte para que todas las obras est¨¦n ejecutadas y plenamente operativas es 2024 o 2025, seg¨²n este departamento. De momento, solo se ha conseguido poner en marcha la estaci¨®n de la aglomeraci¨®n de Tarifa (C¨¢diz), que trata las aguas residuales de 20.000 habitantes. El resto se enfrentan a tramitaciones, ejecuciones y puestas en funcionamiento que se eternizan mientras sigue engordando la multa europea. Se trata de las depuradoras de las aglomeraciones de Matalasca?as (Huelva), Alhaur¨ªn el Grande (M¨¢laga), Isla Cristina (Huelva), Co¨ªn (M¨¢laga), Barbate (C¨¢diz), Nerja (M¨¢laga), Gij¨®n Este y Valle de G¨¹¨ªmar (Santa Cruz de Tenerife).

El inicio de esta sanci¨®n se remonta hasta el 31 de diciembre de 2000, fecha en la que todas las aglomeraciones de m¨¢s de 15.000 habitantes de la Uni¨®n Europea deb¨ªan depurar correctamente sus aguas seg¨²n una directiva. Hace 21 a?os, el incumplimiento era masivo en Espa?a. Poco a poco, aviso tras aviso de la Comisi¨®n Europea, el n¨²mero de aglomeraciones urbanas sin depuraci¨®n se fue reduciendo. Pero, m¨¢s de dos d¨¦cadas despu¨¦s, todav¨ªa quedan estos ocho n¨²cleos de m¨¢s de 15.000 habitantes sin tratar correctamente sus aguas, algo que afecta al buen estado de los r¨ªos y mares donde se realizan los vertidos.

Teodoro Estrela, director general del Agua del Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica, espera que las depuradoras que dar¨¢n servicio a dos de las aglomeraciones mayores ¡ªla de Gij¨®n Este y Nerja¡ª puedan estar listas en el primer trimestre de 2022. Esto har¨¢ que la sanci¨®n semestral se reduzca a la mitad, hasta alrededor de los cinco millones, calcula Estrela. Pero, seg¨²n el responsable del ¨¢rea de Agua del ministerio, para ver en funcionamiento todas las depuradoras har¨¢ falta esperar hasta 2024 o 2025, dos a?os despu¨¦s de lo previsto hasta ahora. El ministerio estima que la multa final por este caso superar¨¢ los 80 millones de euros.

Las competencias sobre la depuraci¨®n de aguas son de las administraciones locales. Pero cuando los Ayuntamientos o mancomunidades no pueden afrontar los gastos, las comunidades aut¨®nomas suelen asumir las obras. Esto ha ocurrido en cuatro de los ocho casos afectados por esta sanci¨®n europea ¡ªque est¨¢n pagando el Estado y las comunidades aut¨®nomas afectadas¡ª. Las otras cuatro depuradoras han sido declaradas de inter¨¦s general, una figura que el actual equipo del ministerio cuestiona ahora. Porque la puesta en funcionamiento de las depuradoras declaradas as¨ª a veces se enfrenta a retrasos por la dificultad a la hora de que recuperar los costes, que acaban teniendo que afrontar unos municipios que alegan que no tienen recursos ni siquiera para el mantenimiento de las instalaciones. En otros casos, existen problemas en la tramitaci¨®n de unos proyectos que terminan en los tribunales. ¡°La gente no quiere tener una depuradora al lado de su casa y recurre¡±, pone como ejemplo Estrela. En cualquier caso, el Tribunal de Justicia de la UE subrayaba en su sentencia de julio de 2018 que ¡°las dificultades jur¨ªdicas y econ¨®micas internas que Espa?a¡± invocaba ¡°para justificar su retraso en la ejecuci¨®n¡± de las obras ¡°no le eximen de las obligaciones derivadas del derecho de la Uni¨®n¡±.

Amplio incumplimiento

Cuando se consiga que entren en funcionamiento las depuradoras de las ocho aglomeraciones por las que Espa?a fue condenada en 2018, no estar¨¢ ni mucho menos solucionado el problema de la depuraci¨®n en el pa¨ªs. La normativa europea establece que las 2.059 aglomeraciones urbanas de m¨¢s de 2.000 habitantes de Espa?a deben tratar correctamente sus aguas residuales. Pero, seg¨²n el actual plan nacional de depuraci¨®n, aprobado el pasado julio, 516 no cumplen con lo que establecen las directivas de aguas, es decir, el 25% del total. Por este motivo, Espa?a tiene abiertos cinco expedientes europeos en estos momentos ¡ªy en breve podr¨ªa llegar otro¡ª que tambi¨¦n pueden acabar en sanciones millonarias si contin¨²an los incumplimientos.

Estrela explica que los problemas se centran ahora en las aglomeraciones m¨¢s peque?as, las que tienen entre 2.000 y 5.000 habitantes y que no cuentan con suficientes recursos para afrontar la construcci¨®n de las depuradoras y su mantenimiento. El objetivo es que en 2027, casi cuatro d¨¦cadas despu¨¦s de aprobarse la directiva europea sobre depuraci¨®n, Espa?a cumpla por fin con lo que establece Bruselas.

El director general de Agua del ministerio considera que los fondos de recuperaci¨®n europeos pueden suponer una oportunidad para acelerar las obras de depuraci¨®n. Pero Estrela aboga por un cambio en el modelo que se ha empleado hasta ahora, el de declarar las obras de inter¨¦s general para que las asuma el Estado aunque no sea algo de su competencia. La nueva v¨ªa pasar¨ªa por abrir una l¨ªnea de subvenciones para que sean los municipios los que ejecuten las obras y afronten el mantenimiento de las depuradoras que faltan con esa ayuda p¨²blica.

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