El Tribunal Supremo socava la lucha de Estados Unidos contra el cambio clim¨¢tico

Nuevo golpe a la lucha contra el cambio clim¨¢tico en Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que limita el poder de la Agencia de Protecci¨®n Medioambiental (EPA, por sus siglas en ingl¨¦s) para imponer l¨ªmites a las emisiones de di¨®xido de carbono y otros gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Tras la sentencia que consagra el derecho a llevar armas de fuego en p¨²blico y la que ha revocado el derecho constitucional al aborto, un Supremo de mayor¨ªa conservadora compromete ahora la agenda clim¨¢tica del Gobierno de Joe Biden. De nuevo, la sentencia se ha aprobado por seis votos a tres, con el rechazo de los jueces progresistas.

La sentencia de 89 p¨¢ginas publicada este jueves no anula ninguna restricci¨®n concreta de emisiones en vigor, sino que quita a la EPA la autoridad para imponerlas para todo el pa¨ªs. Eleva ese poder al Congreso, donde los dem¨®cratas no cuentan con mayor¨ªa suficiente para desatascar sus propuestas legislativas. Adem¨¢s, pueden perder el control de las dos c¨¢maras en las elecciones de mitad de mandato, que se celebran el 8 de noviembre y en las que se renueva un tercio del Senado y los 435 miembros de la C¨¢mara de Representantes. Los Estados pueden aprobar sus propias normativas, pero muchos de ellos no son partidarios de restricciones ambiciosas.

La sentencia describe que la EPA considera que ¡°el Congreso le encomend¨® impl¨ªcitamente, y solo a ella, la tarea de hallar el equilibrio entre las numerosas consideraciones vitales de pol¨ªtica nacional implicadas en la decisi¨®n de c¨®mo obtendr¨¢n los estadounidenses su energ¨ªa. La EPA decide, por ejemplo, hasta qu¨¦ punto es factible cambiar el carb¨®n por el gas natural en 2020, 2025 y 2030 antes de que la red se colapse, y hasta qu¨¦ punto pueden subir los precios de la energ¨ªa como consecuencia de ello antes de que se conviertan en irrazonablemente exorbitantes¡±. Y concluye: ¡°Hay pocas razones para pensar que el Congreso asign¨® esas decisiones a la Agencia¡±.

Los magistrados progresistas afirman en su voto particular que la opini¨®n de la mayor¨ªa quita a la EPA ¡°el poder para responder al reto medioambiental m¨¢s acuciante de nuestro tiempo¡±. A trav¨¦s de un comunicado, Biden ha dicho que se trata de ¡°otra decisi¨®n devastadora del Tribunal que pretende hacer retroceder al pa¨ªs¡±. ¡°Aunque esta decisi¨®n amenaza con da?ar la capacidad de nuestro pa¨ªs para mantener nuestro aire limpio y combatir el cambio clim¨¢tico, no cejar¨¦ en el uso de mis autoridades legales para proteger la salud p¨²blica y hacer frente a la crisis clim¨¢tica¡±, ha a?adido, para concluir: ¡°Nuestra lucha contra el cambio clim¨¢tico debe seguir adelante y lo har¨¢¡±. El gobernador de California, Gavin Newson, ha escrito en Twitter: ¡°Este Tribunal Supremo est¨¢ empe?ado en hacer retroceder el reloj e ignorar la realidad. Ahora, han amordazado la capacidad del gobierno federal para hacer frente al cambio clim¨¢tico¡±.

Los republicanos, sin embargo, han celebrado la decisi¨®n: ¡°Hoy, el Tribunal Supremo ha devuelto el poder al pueblo. Al ponerse del lado del Estado de Virginia Occidental, el Tribunal ha deshecho las regulaciones ilegales emitidas por la EPA sin ninguna autorizaci¨®n clara del Congreso y ha confirmado que solo los representantes del pueblo en el Congreso ¡ªno los bur¨®cratas no elegidos y que no rinden cuentas¡ª pueden escribir las leyes de nuestra naci¨®n¡±, ha afirmado en un comunicado el l¨ªder de la minor¨ªa republicana en el Senado, Mitch McConnell.

Una victoria para las petroleras

La sentencia es una clara victoria para las compa?¨ªas petroleras y mineras. El caso, Virginia Occidental contra la EPA, fue presentado originalmente por los Estados de Virginia Occidental, Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Indiana, Kansas, Luisiana, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Wyoming y el gobernador de Misisipi. A esos 19 Estados se unieron posteriormente el Estado de Dakota del Norte y dos hist¨®ricos gigantes de la miner¨ªa de carb¨®n en Estados Unidos, The North American Coal Corporation y Westmoreland Mining Holdings.

Esos Estados, muchos de ellos ricos en carb¨®n y petr¨®leo, plantearon la siguiente cuesti¨®n: ¡°?Autoriz¨® constitucionalmente el Congreso a la Agencia de Protecci¨®n Medioambiental a dictar normas importantes ¡ªincluidas las capaces de remodelar las redes el¨¦ctricas del pa¨ªs y descarbonizar unilateralmente pr¨¢cticamente cualquier sector de la econom¨ªa¡ª sin ning¨²n l¨ªmite a lo que la agencia puede exigir siempre que tenga en cuenta el coste, los impactos no atmosf¨¦ricos y los requisitos energ¨¦ticos?¡±

La respuesta de los jueces es que no lo hizo, que decisiones tan relevantes solo pueden depender del Congreso o de una agencia gubernamental que haya recibido una ¡°delegaci¨®n de poderes clara¡± del Congreso. La gen¨¦rica cesi¨®n de competencias de la Clean Air Act, la ley del Aire Limpio, no basta. La sentencia mantiene algunos poderes menores para la EPA, pero la desautoriza para regulaciones ambiciosas que limiten las emisiones. Es un gran triunfo para los productores de combustibles f¨®siles, que cuentan con grandes aliados en las filas republicanas.

La demanda alegaba que ¡°la decisi¨®n tiene enormes consecuencias¡±. Explicaba que antes del fallo la EPA pod¨ªa ¡°establecer normas en el ¨¢mbito regional o incluso nacional, forzando cambios dr¨¢sticos en c¨®mo y d¨®nde se produce la electricidad, as¨ª como transformando cualquier otro sector de la econom¨ªa que emita gases de efecto invernadero¡±. A?ad¨ªa: ¡°El poder de regular las f¨¢bricas, los hospitales, los hoteles e incluso los hogares tendr¨ªa unos costes y unas consecuencias tremendas para todos los estadounidenses. (...). Solo el tribunal puede resolver si la EPA tiene este poder unilateral o si el Congreso debe asumirlo¡±. Los demandantes rechazaban ¡°los costes graves y desproporcionados para los Estados y otras innumerables partes afectadas¡± que podr¨ªa tener la lucha contra el cambio clim¨¢tico.

Al poco de asumir la presidencia, el presidente Biden dio un giro a la pol¨ªtica clim¨¢tica de su antecesor, Donald Trump, que sac¨® a su pa¨ªs del Acuerdo de Par¨ªs por la puerta de atr¨¢s, en un discurso solitario desde la Rosaleda de la Casa Blanca en 2017. En abril de 2021, Biden se comprometi¨® ante Naciones Unidas a que las emisiones netas de gases de efecto invernadero de Estados Unidos se reduzcan entre un 50% y un 52% en 2030 respecto a los niveles de 2005, con la vista puesta en lograr la neutralidad de sus emisiones en 2050.

La sentencia compromete los avances en esa direcci¨®n, por mucho que el Gobierno de Biden trate de dar algunos pasos. La semana pasada anunci¨® una alianza con 11 Estados del Este para impulsar la energ¨ªa e¨®lica con inversiones multimillonarias. Pero sin l¨ªmites a las emisiones, de poco sirve.

Al quitar poder a una agencia federal, la sentencia puede tener repercusiones m¨¢s all¨¢ del propio efecto en los compromisos clim¨¢ticos de Estados Unidos. A esta decisi¨®n pueden seguir otras que debiliten otros ¨®rganos del poder ejecutivo que tratan de imponer directrices comunes para todo el pa¨ªs en materias como la salud o la alimentaci¨®n.

El Tribunal Supremo ha acabado el curso judicial con varias sentencias relevantes, entre ellas la del aborto y la que ha anulado la restrictiva legislaci¨®n sobre armas de Nueva York. En Estados Unidos, el cargo de magistrado del Supremo es vitalicio. Cuando hay una vacante, el presidente nombra a un nuevo magistrado. Tras el bloqueo del Senado a un nombramiento por parte de Barack Obama, Donald Trump logr¨® nombrar a tres magistrados, y adem¨¢s relativamente j¨®venes (Neil Gorsuch, de 54 a?os; Brett M. Kavanaugh, de 56, y Amy C. Barrett, de 50). Con ello, el tribunal tiene ahora una clara mayor¨ªa conservadora de seis miembros a tres que se prolongar¨¢ previsiblemente durante muchos a?os.

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