Golpe a la credibilidad internacional de EE UU en el reto clim¨¢tico

¡°Seguimos dentro todav¨ªa¡± (We are still in, en ingl¨¦s). Era el mensaje que los dem¨®cratas de Estados Unidos, con la presidenta del Congreso a la cabeza, Nancy Pelosi, repet¨ªan en 2019 por los pabellones de Ifema, en Madrid. A finales de ese a?o, cuando todav¨ªa ocupaba Donald Trump la Casa Blanca, la capital de Espa?a acogi¨® la cumbre del clima de la ONU. Y los dem¨®cratas se esforzaban por explicar que, a pesar de Trump ¡ªque lleg¨® a sacar a su pa¨ªs del Acuerdo de Par¨ªs¡ª, dentro de EE UU hab¨ªa gobiernos locales y estatales comprometidos con la lucha contra el cambio clim¨¢tico. ¡°Hemos vuelto¡±, repitieron a partir de 2021 los dem¨®cratas tras conseguir desalojar a Trump del poder y volver a integrar a Estados Unidos dentro del Acuerdo de Par¨ªs y de la negociaci¨®n clim¨¢tica global. Pero la sentencia del Tribunal Supremo que ahora limita el margen de actuaci¨®n del Gobierno federal y de la Agencia de Protecci¨®n del Medio Ambiente (EPA) para restringir las emisiones de efecto invernadero supone un nuevo golpe a la credibilidad de EE UU en la lucha internacional contra el calentamiento. Como ¡°un rev¨¦s¡± en la ¡°lucha contra el cambio clim¨¢tico¡± ha definido una portavoz de la ONU el fallo, que ¡°dificultan el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Par¨ªs¡±.

La Administraci¨®n de Joe Biden regres¨® a la lucha contra la crisis clim¨¢tica con aspiraciones declaradas de liderar esta batalla internacional y en abril de 2021 organiz¨® una cumbre. Biden se rode¨® virtualmente de 40 l¨ªderes mundiales ¡ªentre ellos, el ruso Vlad¨ªmir Putin y el chino Xi Jinping¡ª y anunci¨® un ambicioso objetivo: EE UU reducir¨ªa entre un 50% y un 52% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a los niveles de 2005. Estados Unidos se situaba as¨ª en el grupo de las potencias m¨¢s ambiciosas, casi a la par de la Uni¨®n Europea. Sin embargo, la m¨¢cula sobre la fiabilidad de EE UU ¡ªel principal responsable hist¨®rico del calentamiento, aunque en estos momentos el primer emisor mundial sea China¡ª continuaba por su pasado y por los problemas que podr¨ªa tener Biden a la hora de aplicar las pol¨ªticas necesarias para cumplir sus promesas ante la ONU, como ocurre ahora con el fallo del Supremo, controlado por la mayor¨ªa conservadora.

Ese compromiso de recortar las emisiones hasta un 52% en 2030 lo present¨® Biden ante Naciones Unidas en el marco del Acuerdo de Par¨ªs, firmado en 2015. Aquel pacto sali¨® adelante gracias en gran parte a la implicaci¨®n del expresidente Barack Obama, pero el dise?o y articulado del acuerdo ¡ªque no establece recortes concretos a los firmantes, sino que cada pa¨ªs se fija sus metas¡ª se acomod¨® a las necesidades de EE UU. El texto de Par¨ªs se limpi¨® de f¨®rmulas vinculantes para evitar que los dem¨®cratas pudieran tener de nuevo problemas para la ratificaci¨®n del Acuerdo de Par¨ªs dentro de su pa¨ªs.

Porque ya exist¨ªan antecedentes de una espantada clim¨¢tica. Ocurri¨® con el pacto que antecedi¨® a Par¨ªs: el Protocolo de Kioto. El tratado, que obligaba a los pa¨ªses desarrollados a reducir sus emisiones, no fue ratificado finalmente por la Administraci¨®n del republicano George W. Bush en 2001. Algo que no cambi¨® con los siguientes Gobiernos.

Biden parec¨ªa decidido a cambiar las cosas, pero su pol¨ªtica se queda ahora coja. El problema es que hace falta actuar r¨¢pido, como advierten desde la ciencia, y no ser¨¢ posible. En su voto particular, los tres jueces progresistas que se han opuesto a la sentencia, razonan que una de las principales razones por las que el Congreso realiza amplias delegaciones es para que un organismo como la Agencia de Protecci¨®n del Medio Ambiente (EPA) ¡°pueda responder, de forma adecuada y proporcional, a los nuevos y grandes desaf¨ªos¡±.

¡°El Congreso sabe lo que no sabe ni puede saber cuando redacta una ley; por ello, otorga a una agencia experta el poder de abordar los problemas ¡ªincluso los m¨¢s importantes¡ª a medida que van surgiendo. Eso es lo que hizo el Congreso¡±, suscriben los tres jueces, que aseguran que la sentencia ¡°priva a la EPA del poder necesario ¡ªy del otorgado¡ª para frenar la emisi¨®n de gases de efecto invernadero¡±. Los seis jueces conservadores sostienen que hace falta una clara delegaci¨®n expresa y concreta del Congreso para que la EPA pueda imponer l¨ªmites a las emisiones. Biden no tiene mayor¨ªa en el Congreso para sacar adelante una nueva legislaci¨®n restrictiva.

¡°El tribunal impide hoy la acci¨®n de una agencia autorizada por el Congreso para frenar las emisiones¡±, contin¨²an los jueces. ¡°El tribunal se nombra a s¨ª mismo, en lugar de al Congreso o a la agencia experta, como responsable de la pol¨ªtica clim¨¢tica. No se me ocurren muchas cosas m¨¢s aterradoras. Respetuosamente, disiento¡±, escribe la jueza Elena Kagan en su voto particular, que forma parte de las 89 p¨¢ginas de la sentencia y que tambi¨¦n firman Stephen Breyer y Sonia Sotomayor.

Segundo emisor mundial

Desde el fiasco de la ratificaci¨®n de Kioto a principios de esta d¨¦cada ha dado tiempo a que China se convierta en el primer emisor de gases de efecto invernadero. Pero EE UU sigue siendo el segundo. Ambas potencias expulsan alrededor del 40% de todos estos gases del mundo.

Si el problema de Estados Unidos es de credibilidad y de imposibilidad de poner en marcha instrumentos para el cumplimiento de unas promesas ambiciosas, el de China es de objetivos. Hasta la fecha, la potencia asi¨¢tica solo se ha fijado alcanzar su pico de emisiones en 2030 y a partir de ese momento las reducir¨¢. China sigue defendiendo que existen responsabilidades comunes pero diferenciadas, en referencia a que los pa¨ªses desarrollados deben hacer m¨¢s que el resto. Y en cada cumbre clim¨¢tica sus negociadores inciden en que ellos cumplen con lo que se comprometen, un reproche velado a EE UU y su voluble compromiso contra el calentamiento.

El 29% de los gases de efecto invernadero de EE UU vienen actualmente del transporte. Le siguen la generaci¨®n de electricidad (25%) y la industria (23%). Para cumplir sus promesas clim¨¢ticas, Biden deber¨ªa poner en marcha medidas en todos estos sectores. Pero muchas de las pol¨ªticas clim¨¢ticas que ha intentado desarrollar se han dado de bruces con el Congreso o con los tribunales, como ahora.

¡°El poder judicial y el poder legislativo est¨¢n obstaculizando seriamente la capacidad de Joe Biden para hacer el trabajo sobre el clima¡±, resumi¨® ayer Richard Lazarus, profesor de derecho ambiental en la Universidad de Harvard, en declaraciones a The New York Times. Este nuevo golpe desde el Supremo llega en un momento muy delicado para la lucha clim¨¢tica en el que el alza de precios de los combustibles f¨®siles y la guerra en Ucrania ha hecho que muchas potencias se alejen a¨²n m¨¢s de sus compromisos clim¨¢ticos. La ¨²ltima cumbre clim¨¢tica, celebrada en noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow, se cerr¨® con un llamamiento a reducir las ayudas p¨²blicas a los combustibles f¨®siles. Pero la mayor¨ªa de pa¨ªses est¨¢ aumentando ahora estas subvenciones ante el alza de los precios de la gasolina y di¨¦sel. Y, tras su ¨²ltima reuni¨®n, los miembros del G-7 difundieron una declaraci¨®n p¨²blica en la que se defend¨ªa ¡°la inversi¨®n con apoyo p¨²blico en el sector del gas¡± como respuesta ¡°temporal¡± a las restricciones en la llegada de gas ruso.

De aquella cumbre tambi¨¦n sali¨® un compromiso de m¨¢s de un centenar de pa¨ªses para reducir las emisiones de metano un 30% a finales de esta d¨¦cada. Esa promesa estaba liderada por la Uni¨®n Europea y por Biden, y para su aplicaci¨®n en EE UU ¡ªque afecta en gran medida a la industria del petr¨®leo, el gas y el carb¨®n¡ª la EPA a la que ahora se le han cortado las alas era un instrumento fundamental.

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