Espa?a reclama a EE UU que se lleve las tierras contaminadas con plutonio por el accidente de Palomares

El Gobierno espa?ol ha sacado del caj¨®n donde llevaba a?os olvidado el compromiso pol¨ªtico que Madrid y Washington suscribieron en octubre de 2015 para trasladar al desierto de Nevada las tierras contaminadas que dej¨® como legado en la pedan¨ªa almeriense de Palomares el mayor accidente nuclear de la Guerra Fr¨ªa, el 17 de enero de 1966, hace ahora 57 a?os. Ese d¨ªa, un bombardero B-52 y un avi¨®n cisterna KC-135 del Ej¨¦rcito de Estados Unidos colisionaron durante una operaci¨®n de repostaje en vuelo y dejaron caer cuatro bombas termonucleares; dos fueron recuperadas intactas, pero otras dos dispersaron su carga de plutonio y contaminaron la zona, aunque sin llegar a detonar.

Tras el accidente, EE UU puso en marcha una operaci¨®n Broken Arrow (Flecha Rota en ingl¨¦s), el nombre que reciben los accidentes con armas nucleares. Cientos de soldados estadounidenses y un pu?ado de operarios de la Junta de Energ¨ªa Nuclear (JEN) de Espa?a se encargaron de la limpieza de la zona y de recuperar los artefactos. Apenas dos meses despu¨¦s del siniestro, la dictadura franquista dio por resuelto el asunto con el famoso ba?o en la playa de Manuel Fraga y con los certificados e indemnizaciones que el r¨¦gimen y el ej¨¦rcito de EE UU repartieron a los vecinos de Palomares y Villaricos (otra de las pedan¨ªas afectadas). En esos documentos se les aseguraba que sus terrenos estaban descontaminados. Se emitieron cerca de 900 certificados y el ej¨¦rcito estadounidense se llev¨® 4.810 bidones ¡ªde 242 litros cada uno¡ª llenos de tierras y residuos radiactivos. Pero atr¨¢s se dejaron m¨¢s desechos enterrados en zanjas y un rastro de contaminaci¨®n que a¨²n perdura en varias parcelas, que ocupan unas 40 hect¨¢reas de superficie y que fueron valladas en 2007, cuando se descubrieron los altos niveles de radiaci¨®n. En total, se trata de 50.000 metros c¨²bicos de tierras contaminadas con medio kilo de plutonio y que hacen que el estigma radiactivo perdure en Cuevas de Almanzora, el municipio almeriense al que pertenecen Palomares y Villaricos, m¨¢s de medio siglo despu¨¦s.

¡°El problema no es la limpieza de la zona, sino d¨®nde se llevan luego las tierras contaminadas¡±, explica por tel¨¦fono el alcalde de Cuevas de Almanzora, Antonio Fern¨¢ndez (PSOE), que muestra su frustraci¨®n por ver c¨®mo cada 17 de enero vuelve el ¡°estigma de la contaminaci¨®n de Palomares¡±. El plan de descontaminaci¨®n elaborado en 2010 pasaba por compactar y filtrar la tierra afectada para dejarla en unos 6.000 metros c¨²bicos, a los que habr¨ªa que buscar un destino, ya que en Espa?a no existe ninguna instalaci¨®n para su almacenamiento. En 2015, se lleg¨® a un acuerdo pol¨ªtico (sin ninguna vinculaci¨®n jur¨ªdica) por el que Espa?a se encargar¨ªa de la limpieza y EE UU se quedar¨ªa con las tierras radiactivas. Pero ese memor¨¢ndum nunca se desarroll¨® y la contaminaci¨®n perdura en Palomares.

Ahora, tras analizar detalladamente el expediente, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha presentado a Estados Unidos la petici¨®n oficial para que se proceda a la retirada de las tierras, aseguran a EL PA?S fuentes diplom¨¢ticas. La petici¨®n se present¨® hace unos meses ante la Secretar¨ªa de Estado, que la ha trasladado al Departamento de Energ¨ªa de la Administraci¨®n del dem¨®crata Joe Biden. A¨²n no hay respuesta de Washington, aseguran las mismas fuentes, pero la acogida inicial ¡°ha sido positiva¡±. El reloj corre en contra, ya que quedan solo unos meses para que acabe la legislatura, pero las fuentes consultadas se muestran optimistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo en plazo, puesto que las relaciones bilaterales ¡°est¨¢n en su mejor momento de los ¨²ltimos a?os¡±.

La demanda coincide con las negociaciones para ampliar de cuatro a seis los destructores de la Navy destacados en la base naval de Rota (C¨¢diz). El Consejo de Ministros autoriz¨® el 17 de enero a los departamentos de Exteriores y Defensa a pactar un anexo al segundo protocolo de enmienda del convenio vigente para dar cobertura legal a la llegada de los dos nuevos buques, con 600 tripulantes en total, en 2024 y 2025. Aunque a¨²n no se ha firmado el acuerdo, las fuentes consultadas aseguran que este asunto no tiene relaci¨®n con la limpieza de Palomares y que Espa?a no lo plantea como un toma y daca.

Las negociaciones entre EE UU y Espa?a para buscar una salida al problema de Palomares se iniciaron bajo el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, cuando un estudio del Centro de Investigaciones Energ¨¦ticas, Medioambientales y Tecnol¨®gicas ¡ªel Ciemat, heredero de la antigua JEN¡ª detect¨® la contaminaci¨®n en la zona y se decidi¨® vallar las parcelas afectadas. Pero Washington se resist¨ªa a sentar un precedente que pudiera abrir la puerta a reclamaciones de otros pa¨ªses. Hasta que el 19 de octubre de 2015, con motivo de su primera visita a Madrid, el entonces secretario de Estado estadounidense, John Kerry, suscribi¨® un acuerdo con su hom¨®logo espa?ol, Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa-Margallo, del PP. Seg¨²n la declaraci¨®n conjunta, los dos pa¨ªses se compromet¨ªan a retirar ¡°tan pronto como sea posible¡± las tierras t¨®xicas de Palomares y depositarlas ¡°en un emplazamiento adecuado en Estados Unidos¡±. Se trataba, seg¨²n dijo Margallo, de ¡°reparar el error¡± cometido medio siglo antes, para lo que Estados Unidos estaba dispuesto a ¡°asumir sus responsabilidades y cumplir su papel¡±, en palabras de Kerry, que ocho a?os despu¨¦s vuelve a estar en el Gobierno de EE UU como enviado especial para el cambio clim¨¢tico del presidente Joe Biden.

Aquella declaraci¨®n de intenciones deb¨ªa plasmarse en un acuerdo vinculante jur¨ªdicamente, en forma de tratado internacional, que detallara qu¨¦ parte de la tarea correspond¨ªa asumir a cada pa¨ªs y c¨®mo se financiar¨ªa. El plan inclu¨ªa compactar la tierra contaminada, envasarla en contenedores, trasladarlos por carretera desde Palomares al puerto de Cartagena; y, una vez all¨ª, por v¨ªa mar¨ªtima hasta Estados Unidos, para acabar depositados en el denominado Sitio de Seguridad Nacional del desierto de Nevada, a unos 130 kil¨®metros al noroeste de Las Vegas. En total, la operaci¨®n llevar¨ªa entre 12 y 24 meses y su coste se estimaba en 640 millones de euros, incluidos unos car¨ªsimos seguros.

El tratado no se firm¨® nunca. Dos meses despu¨¦s de la declaraci¨®n pol¨ªtica, se celebraron elecciones generales en Espa?a, de las que sali¨® un Parlamento fragmentado que oblig¨® a repetir los comicios en junio de 2016. Cuando se constituy¨® el nuevo Gobierno presidido por Rajoy, el 4 de noviembre de ese a?o, solo faltaban cuatro d¨ªas para que Donald Trump se impusiera a Hillary Clinton en la pugna por la Casa Blanca y pusiera fin a la Administraci¨®n dem¨®crata con la que Espa?a hab¨ªa pactado la limpieza de Palomares.

La inestabilidad pol¨ªtica no fue, sin embargo, la ¨²nica causa de que este expediente acabara en un caj¨®n. Seg¨²n fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo del PP desisti¨® de llevar adelante la operaci¨®n por el alto coste de la parte que ten¨ªa que asumir Espa?a (compactado, envasado y transporte), estimada en unos 200 millones. Cuando el Gobierno socialista ha desempolvado el proyecto, aducen las mismas fuentes, ese ha sido el primer reproche del lado americano. El periodo preelectoral que vive Espa?a (con elecciones generales en diciembre) y, en menor medida, Estados Unidos (con presidenciales en noviembre de 2024) no ayuda a que el proyecto llegue a buen t¨¦rmino. Pero, si se pierde esta ocasi¨®n, aducen fuentes gubernamentales, no se sabe cu¨¢ndo podr¨¢ haber otra.

Expropiaciones en Palomares

Cuando Biden gan¨® las elecciones a finales de 2020, las esperanzas de que se pudiera retomar este asunto con la salida de Trump volvieron. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores sostuvo entonces que manten¨ªa ¡°la voluntad¡± de lograr ¡°avanzar en la resoluci¨®n de la cuesti¨®n de Palomares¡±. Pero este tema no ha aparecido en la agenda oficial de las relaciones bilaterales hasta ahora, con la petici¨®n formal que Espa?a ha realizado hace unos meses a EE UU.

En agosto, F¨¦lix Bola?os, ministro de la Presidencia, visit¨® Cuevas de Almanzora y sostuvo que el Ejecutivo estaba ¡°trabajando en el ¨¢mbito econ¨®mico y diplom¨¢tico para darle una soluci¨®n¡± al problema de Palomares. Se reuni¨® tambi¨¦n con el alcalde. ¡°Nos dijo que la negociaci¨®n avanzaba, pero no nos quiso dar detalles de nada¡±, asegura el regidor socialista, que todav¨ªa se muestra optimista con lograr que se descontamine la zona.

Bola?os tambi¨¦n mencion¨® en su visita el proceso de expropiaci¨®n que se ha iniciado de 44 parcelas ¡ªque suman 34,2 hect¨¢reas¡ª en Cuevas de Almanzora y Vera, en las que se detect¨® contaminaci¨®n hace m¨¢s de tres lustros. Las actividades est¨¢n restringidas en esos terrenos, que son los que se deber¨ªan limpiar para llevar luego los residuos radiactivos a EE UU. Hasta ahora, se pagaba un alquiler a los propietarios, varios de ellos promotoras inmobiliarias, explican fuentes del Ciemat. Pero en 2021 se decidi¨® abrir un proceso de expropiaci¨®n que sigue sin concluirse. La Subdelegaci¨®n del Gobierno en Almer¨ªa sostiene que solo en seis de las parcelas los propietarios han aceptado el precio fijado por la Administraci¨®n, con lo que el resto de casos podr¨ªan acabar en los juzgados. Fuentes del Ciemat sostienen que se ha dado el paso de expropiar tras un informe de la Abogac¨ªa del Estado en el que se desaconseja seguir prorrogando la ocupaci¨®n de los terrenos a trav¨¦s de la f¨®rmula de los alquileres.

El regidor de Cuevas ¨Dque pide al Estado que ofrezca un ¡°precio razonable¡± a los propietarios afectados¡ª considera que la expropiaci¨®n favorecer¨¢ la limpieza. ¡°Ser¨¢ m¨¢s f¨¢cil hacer la descontaminaci¨®n si las parcelas son ya propiedad del Estado¡±, sostiene. Jos¨¦ Ignacio Dom¨ªnguez, abogado especialista en medio ambiente y experto en Palomares, se muestra, sin embargo, pesimista: ¡°Si las expropian es que no tienen intenci¨®n de limpiar la zona y luego devolver los terrenos descontaminados¡±.

Limbo legal

Ante la falta de avances diplom¨¢ticos en los ¨²ltimos a?os, la organizaci¨®n Ecologistas en Acci¨®n, de la mano de Dom¨ªnguez, llev¨® el caso a la Audiencia Nacional en 2017 para intentar forzar la limpieza. Pero, tras cuatro a?os de proceso judicial, la Audiencia descart¨® obligar al Estado a descontaminar Palomares, una decisi¨®n refrendada recientemente por el Tribunal Supremo. Dom¨ªnguez acusa al Gobierno de escudarse en Estados Unidos. En su opini¨®n, se podr¨ªa acometer la limpieza y guardar en contenedores los 6.000 metros c¨²bicos de tierras radiactivas resultantes a la espera de una soluci¨®n definitiva.

Al margen de la voluntad pol¨ªtica, el caso de Palomares est¨¢ envuelto en una neblina legal. Las zonas contaminadas por radiactividad contin¨²an en Espa?a en un limbo normativo en el que no existe un reconocimiento oficial para esas ¨¢reas, lo que ha derivado en varias advertencias y la apertura de un expediente de la Comisi¨®n Europea. Hace un a?o, el Gobierno dio un primer paso para solventar esta situaci¨®n al modificar la Ley de Energ¨ªa Nuclear, de 1964, para incluir la definici¨®n de ¡°suelo o terreno contaminado radiol¨®gicamente¡± y de ¡°suelo o terreno con restricciones de uso¡± por estar afectado por este tipo de poluci¨®n. Sin embargo, para que se pueda acabar con el vac¨ªo legal, el Gobierno debe aprobar un reglamento a trav¨¦s de un real decreto de suelos contaminados. Se debe hacer en colaboraci¨®n con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y fuentes de este organismo supervisor ¡ªheredero tambi¨¦n de la JEN¡ª sostienen que los trabajos est¨¢n muy retrasados y dudan de que pueda estar aprobado este a?o, y m¨¢s teniendo en cuenta las pr¨®ximas elecciones generales previstas para finales de este 2023. A pesar de ello, la elaboraci¨®n de ese real decreto figura en el plan normativo de La Moncloa para este a?o.

Mientras tanto, este limbo legal contin¨²a. El CSN reconoci¨® en 2018 que tiene constancia de seis zonas ¡ªentre las que est¨¢ Palomares¡ª que est¨¢n contaminadas por radiaci¨®n. Pero admit¨ªa que no puede haber un reconocimiento oficial como tales hasta que no est¨¦ aprobado ese real decreto. Con esa norma, adem¨¢s, se deben establecer las acciones a seguir cuando un terreno se declara contaminado por radiaci¨®n y las limitaciones de usos.

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