La 'ley Sinde' que el PSOE no culmin¨®

El reglamento de desarrollo de la ley Sinde -que aterriz¨® el viernes pasado en la mesa del Consejo de Ministros y tras una enconada discusi¨®n qued¨® sobre ella sin ser aprobado- introduc¨ªa importantes reformas con respecto al borrador que se envi¨® al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo de Estado para que hiciesen sus aportaciones. Dos son las diferencias fundamentales de un texto que ha renunciado a desarrollar el Gobierno del PSOE e, incluso sin ser aprobado, sigue encendiendo los ¨¢nimos de creadores e internautas por igual. Por un lado, se castiga expresamente la reincidencia de los infractores que sirvan sin autorizaci¨®n contenidos sujetos a derechos de autor y por el otro se redobla la convicci¨®n de la necesidad de perseguir a las webs de enlaces, pese a que la jurisprudencia de la Fiscal¨ªa General del Estado lo ven¨ªa desaconsejando.

El texto definitivo, al que ha tenido acceso EL PA?S, es el que pasar¨¢ como un regalo de bienvenida envenenado a la agenda del nuevo Gobierno del PP. Y su redacci¨®n incide en el esp¨ªritu que mereci¨® elogios en el dictamen del Consejo de Estado, emitido el jueves 24 de noviembre, justo a tiempo para ser llevado a un reuni¨®n ministerial del d¨ªa siguiente en la que finalmente no se trat¨® el tema. "Introduce un sistema novedoso, acertado y de inter¨¦s para otros pa¨ªses europeos que est¨¦n en este trance legislativo", explicaba el dictamen.

Un modelo mixto administrativo-judicial que se basa en la denuncia de los titulares de derechos y designa una Comisi¨®n de la Propiedad Intelectual dividida en dos secciones. La primera, que ejerce "las funciones de mediaci¨®n y arbitraje", ya existe en el actual sistema legislativo, aunque en el nuevo texto sale reforzada. Y la Segunda, la de la discordia, estar¨ªa formada seis miembros, funcionarios de los ministerios de Cultura, Industria, Econom¨ªa y Presidencia. En el proceso, que persigue el cierre de p¨¢ginas web que sirvan sin autorizaci¨®n contenidos sujetos a derechos de autor, cabe la intervenci¨®n judicial en dos momentos.

La introducci¨®n de esos mecanismos fue, precisamente, la exigencia que facilit¨® la adhesi¨®n del PP (y CiU) al empe?o de sacar adelante la ley Sinde cuando esta lleg¨® al Senado tras ser tumbada en el Congreso. ?Seguir¨¢ Mariano Rajoy ese af¨¢n ahora que estar¨¢ en el Gobierno? Es solo otra m¨¢s de las preguntas que a¨²n quedan sin resolver sobre una norma tremendamente impopular y cuya tramitaci¨®n es una de las m¨¢s accidentadas que se recuerdan. Seg¨²n las fuentes consultadas, no deber¨ªa haber motivo para que el nuevo Ejecutivo no culmine el trabajo que el anterior dilat¨® para finalmente dejar inconcluso, con el consiguiente desgaste para la imagen de la ministra, ?ngeles Gonz¨¢lez-Sinde, que la impuls¨® y bautiz¨® involuntariamente.

La principal novedad del texto definitivo hay que buscarla en el art¨ªculo 20.2 del borrador. En ¨¦l, se dejaba un resquicio para que las webs pudiesen evitar la ley: si sus responsables retiraban en el plazo de 48 horas los enlaces o los contenidos denunciados por los titulares de los derechos, se archivaba "el procedimiento sin m¨¢s tr¨¢mite". Si se insist¨ªa en la infracci¨®n era posible reabrir el expediente, aunque se volv¨ªa al principio. El nuevo texto obliga a que la reapertura se haga directamente "en fase de prueba y conclusiones". Y a?ade: "Se entender¨¢ por reanudaci¨®n de la actividad vulneradora el hecho de que el mismo responsable (...) explote de nuevo obras o prestaciones del mismo titular", aunque los contenidos sean distintos.

Este importante cambio obedecer¨ªa a la presi¨®n de la Coalici¨®n de Creadores, que aglutina a la mayor¨ªa de la industria cultural, como reconoc¨ªa ayer Jos¨¦ Manuel Tourn¨¦, su director. "Era importante que no se volviese a comenzar el proceso por el principio", asegur¨®. Ya el CGPJ hab¨ªa advertido en su dictamen sobre esto: "La clave para que el mecanismo de reapertura [del expediente] tenga alguna virtualidad, es fijar dicha reapertura en un momento del procedimiento que impida al reincidente volver a emplear el mecanismo de retirada voluntaria".

La nueva redacci¨®n tambi¨¦n atiende al CGPJ en su aspiraci¨®n de ampliar a 48 horas el plazo en que el operador de telefon¨ªa debe facilitar los datos del infractor cuando estos le sean requeridos por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. A este ¨®rgano judicial puede acudir la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual si la identidad del denunciado no est¨¢ clara. Ese ser¨ªa uno de los dos momentos en los que intervendr¨ªa un juez en el proceso. El otro llega hacia el final, cuando el infractor no escucha el requerimiento de la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual. Entonces, esta se podr¨¢ dirigir al citado juzgado para que "dicte el auto autorizando o denegando la ejecuci¨®n de las medidas". Es decir, el corte del suministro de Internet cuya adopci¨®n corresponde al las operadoras.

Del dictamen del CGPJ se desoye con todo la apreciaci¨®n de que las p¨¢ginas de enlaces no vulneran la Ley de Propiedad Intelectual aunque los contenidos a los que conduzcan hayan sido subidos a la Red de forma il¨ªcita. El texto prev¨¦ que se persiga a los que "ofrezcan el contenido [sin autorizaci¨®n] o faciliten el acceso". Seg¨²n fuentes participantes en la redacci¨®n, sendas sentencias de los ¨²ltimos meses, dictadas por la Audiencia Provincial de Vizcaya y la de Palma de Mallorca, han aconsejado que se mantenga la dureza de la norma contra las webs de enlaces.