Un grupo de acreedores presentar¨¢ denuncia por presunta estafa contra Financiera Cortes de Navarra, SA
Los abogados que representan a veintid¨®s acreedores de la Financiera Cortes de Navarra, SA (Ficonasa) presentar¨¢n la pr¨®xima semana una denuncia ante los tribunales por un presunto delito de estafa contra los administradores de esta sociedad, actualmente en estado legal de quiebra. Seg¨²n ha podido saber EL PA?S, la denuncia por estafa est¨¢ fundamentada en el hecho de que algunos administradores de Ficonasa, seg¨²n un grupo de acreedores, estar¨ªa ocultando bienes propios (que est¨¢n siendo transferidos a familiares pr¨®ximos) y podr¨ªan existir responsabilidades de tipo personal no satisfechas.Ficonasa, sociedad que cuenta con un capital social de 21.000.000 de pesetas, qued¨® constituida a principios de los setenta como una financiera que invert¨ªa el dinero que recib¨ªa de sus impositores. La sociedad, seg¨²n se desprende de un informe judicial, ha ganado en siete a?os algo m¨¢s de 170 millones de pesetas, si bien en 1980 tuvo graves problemas financieros que derivaron en una suspensi¨®n de pagos.
En primer t¨¦rmino, un grupo de acreedores present¨® una demanda de quiebra, a la vez que la empresa, d¨ªas despu¨¦s, en agosto de 1980, solicit¨® la declaraci¨®n de suspensi¨®n de pagos, que le fue concedida por el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 2 de Pamplona. La quiebra, sin embargo, fue denegada en primera instancia y autorizada en segunda, aunque Ficonasa ha recurrido ante el Tribunal Supremo.
Ahora, de forma paralela, un grupo de acreedores va a presentar una denuncia por estafa contra los miembros del Consejo de Administraci¨®n de la sociedad. Casi todos los acreedores-impositores son personas de avanzada edad, de condici¨®n modesta, que hab¨ªan invertido en Ficonasa todos los ahorros de su vida.
A ra¨ªz de la solicitud de declaraci¨®n del estado legal de suspensi¨®n de pagos, el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 2 de Pamplona nombr¨® dos interventores judiciales con el objeto de que elaboraran un dictamen sobre Ficonasa, al que ha tenido acceso EL PA?S. El dictamen, con fecha 9 de febrero de 1981, hace referencia al balance presentado por la sociedad en el momento de la suspensi¨®n de pagos (activo, 306.457.341 pesetas; pasivo, 182.247.185 pesetas), significando que, es inexacto, por cuanto el balance real deber¨ªa haber sido el siguiente: activo, 281.067.803 pesetas, y pasivo, 258.790.319 pesetas.
Por otra parte, la intervenci¨®n judicial llama la atenci¨®n sobre las imposiciones afectas a riesgos y, en concreto, con respecto a tres p¨®lizas de afianzamiento mercantil con imposici¨®n a plazo, firmadas con fecha 1 de agosto de 1980 (dos semanas antes de la suspensi¨®n de pagos), a favor del Banco Central en Pamplona. Los interventores precisan que es dif¨ªcil comprender los motivos que impulsaron a Ficonasa para prestar el afianzamiento sin contraprestaci¨®n por parte del banco cuando pr¨¢cticamente se hab¨ªan suspendido todos los pagos, si bien ?todos los indicios hacen presumir que las distintas relaciones personales existentes entre miembros del Consejo de Administraci¨®n de Ficonasa y el Banco Central impulsaron a dar a este un trato preferencial, en perjuicio del resto de los acreedores?.
Con respecto a los acreedores, que seg¨²n la intervenci¨®n judicial suponen 252.288.602 pesetas, el informe asegura que, en el curso de las investigaciones, los interventores se han encontrado, en el per¨ªodo comprendido en los seis meses anteriores a la fecha de presentaci¨®n del expediente de suspensi¨®n de pagos, ?con numerosos reintegros de pr¨¦stamos realizados con anterioridad a su fecha de vencimiento?.
Al referirse al estado de la contabilidad en la fecha de la suspensi¨®n de pagos, la intervenci¨®n judicial observa importantes irregularidades, destacando el hecho de que Ficonasa utiliz¨® una doble contabilidad: la oficial y la real. Para los interventores, la sociedad nunca llev¨® la contabilidad al d¨ªa: los administradores incumplieron el art¨ªculo 40 del C¨®digo de Comercio, ya que no firmaron el balance de situaci¨®n del cierre del ejercicio y la cuenta de resultados. Y Ficonasa, que se acogi¨® a la ley 50/1977 sobre regularizaci¨®n voluntaria de su situaci¨®n fiscal, enga?¨® al fiscal cuando manifest¨® que hasta 1977 no hab¨ªa llevado contabilidad, cuando la intervenci¨®nn judicial precisa que ?se conoce perfectamente que se llevaba contabilidad, ya que la intervenci¨®n ha dispuesto y examinado balances y otra documentaci¨®n contable correspondiente al per¨ªodo citado?.
Con los datos obtenidos ?de forma contable y extracontable?, la intervenci¨®n asegura que los beneficios de Ficonasa ascendieron, en el per¨ªodo 1972-1979, a 170.308.901 pesetas.
Seg¨²n el listado de los interventores, figuran junto a m¨¢s de 180 particulares, la Hacienda p¨²bica, la Diputaci¨®n Foral de Navarra, la Diputaci¨®n Foral de Guip¨²zcoa, Insalud, los siete empleados de la sociedad (a los que se les adeuda, por salarlos pendientes, 1.650.000 pesetas), y los bancos de Pamplona, San Sebasti¨¢n y Bilbao, Central, Hispano Americano, Industrial del Sur, del Norte, Bilbao, Zaragozano, Vasconia, Noroeste, Vizcaya, Santander, Guipuzcoano, Comercial Espa?ol, Pastor, Exterior de Espa?a y Popular.
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