Irregularidades sin sentencia

El Gobierno comunic¨® al fiscal la situaci¨®n de Fidecaya en agosto del a?o pasado, al decidir liquidarla. Un a?o antes hizo lo mismo y el expediente fue archivado. La segunda vez fructific¨® en querella por supuestas estafas y una reclamaci¨®n de, al menos, 4.500 millones de pesetas, por operaciones que, seg¨²n los implicados, conoc¨ªa la Administraci¨®n.Detenidos en enero los dos ¨²ltimos propietarios, Miguel Soriano fue procesado y enviado a la c¨¢rcel hasta julio, Edmundo Alfaro qued¨® en libertad provisional bajo fianza de diez millones de pesetas; un ex inspector de seguros, que hab¨ªa inspeccionado Fidecaya y luego pas¨® a su consejo de administraci¨®n, fue procesado con libertad provisional.

El expediente de liquidaci¨®n forzosa e intervenida en que bas¨® el Gobierno su decisi¨®n del 4 de septiembre, sin embargo, reflejaba tambi¨¦n numerosas irregularidades anteriores a 1980 y de cuando los administradores eran p¨²blicos.