Las dif¨ªciles alternativas del empleo comunitario
El ministro de Trabajo, Joaqu¨ªn Almunia, anuncia su sustituci¨®n para el 1 de enero de 1984
Distintos Gobiernos han intentado sin ¨¦xito buscar una alternativa al actual sistema de empleo comunitario. Ninguno hasta ahora ha logrado encontrar una f¨®rmula id¨®nea para acabar con lo que los mismos l¨ªderes campesinos han calificado de sistema para fomentar vagos y maleantes. Desde presupuestos distintos, los sucesivos Ejecutivos de UCD y el actual Gabinete del PSOE han anunciado, en alg¨²n momento de su mandato, la desaparici¨®n del empleo comunitario; el env¨ªo peri¨®dico de fondos p¨²blicos que aplaquen, aunque sea moment¨¢neamente, la c¨®lera de los jornaleros. Pero hasta ahora nadie ha podido resistir la tentaci¨®n del camino m¨¢s f¨¢cil: incrementar peri¨®dicamente la dotaci¨®n presupuestaria. Joaqu¨ªn Almunia, ministro de Trabajo y Seguridad Social, afirma que el 1 de enero de 1984 ya no habr¨¢ empleo comunitario.
Al filo de las cinco de una tarde de febrero de 1982, en un conocido restaurante madrile?o, el recientemente nombrado ministro de Trabajo, Santiago Rodr¨ªguez Miranda, anunciaba la inmediata desaparici¨®n del empleo comunitario. Seg¨²n se?alaba en aquella ocasi¨®n Rodr¨ªguez Miranda, "se trataba de evitar el descontrol y el caos que se viene produciendo y conseguir un riguroso control de los fondos". Para ello propon¨ªa un sistema basado fundamentalmente en la articulaci¨®n de ayudas econ¨®micas a los empresarios agr¨ªcolas para que se fomentase la creaci¨®n de puestos de trabajo y en el establecimiento de medidas generadoras de empleo por parte de la propia Administraci¨®n en las mismas ¨¢reas en las que ven¨ªan interviniendo las corporaciones locales. Los fondos del empleo ser¨ªan controlados por gestores p¨²blicos, y, como complemento de lo anterior, la Administraci¨®n se compromet¨ªa a presentar tantas ofertas de trabajo p¨²blico como demandas existan en cada localidad. Los costes del plan no fueron evaluados en aquel momento porque a¨²n es taba en v¨ªas de elaboraci¨®n. Al margen de la viabilidad de las medidas, el anuncio de su puesta en pr¨¢ctica desped¨ªa un extra?o tufo electoralista. Las palabras del entonces ministro se produc¨ªan en v¨ªsperas de las elecciones andaluzas.
Pacificar desde la dictadura
El empleo comunitario, o el comunitario, se remonta a la dictadura de Primo de Rivera. Creado como elemento de pacificaci¨®n de las agitaciones campesinas y circunscrito fundamentalmente a la zona andaluza, a lo largo de su historia ha mantenido pr¨¢cticamente los principios que lo inspiraron. El sistema ha sido fuertemente criticado desde su implantaci¨®n, aumentando su virulencia en los ¨²ltimos a?os.
El env¨ªo peri¨®dico de los fondos no resultaba suficiente para paliar en su totalidad no ya la situaci¨®n de paro del campo andaluz, sino ni siquiera para cumplir el objetivo de colch¨®n social que siempre ha tenido. La escasez de fondos ha provocado las movilizaciones de los jornaleros, que pasaron de exigir el incremento de los fondos a pedir un nuevo sistema que resolviera el problema del paro. Sin embargo, el empleo comunitario no perdi¨® por ello su car¨¢cter limosnero. Y todas las reivindicaciones -huelgas de hambre, encierros, marchas- eran acalladas mediante el env¨ªo de nuevas cantidades. Cuantos intentos se produjeron para encontrar nuevos sistemas que dieran satisfacci¨®n a las demandas de los jornaleros se han ido saldando con el m¨¢s absoluto de los fracasos.
Los propios l¨ªderes jornaleros han terminado denunciando la picaresca y el fraude que el actual sistema propiciaba. Frente a situaciones realmente angustiosas se detectaban otras dif¨ªcilmente justificables. Al empleo comunitario -dependiente, en definitiva, de los alcaldes de cada pueblo- se apuntaba desde el jornalero en paro hasta el peque?o propietario que dispon¨ªa de recursos suficientes para su subsistencia.
Agravio comparativo
Por otro lado, el sistema en vigor produc¨ªa un agravio comparativo no s¨®lo entre las regiones que no recib¨ªan fondos, sino entre las mismas acogidas al empleo comunitario. Las cantidades remitidas a cada provincia no depend¨ªan del nivel de paro de cada una, sino de criterios subjetivos, entre los que influ¨ªa especialmente el grado de conflictividad registrado.
Seg¨²n datos oficiales, las cantidades destinadas al empleo comunitario han sufrido continuos incrementos. En 1980 se enviaron 13.748 millones de pesetas, de los que 9.812 millones tuvieron como destino Andaluc¨ªa, 2.512 millones se enviaron a Extremadura y el resto a otras regiones del territorio espa?ol;. en 1981 fueron m¨¢s de 20.000 millones -16.200 para Andaluc¨ªa y 3.700 para Extremadura-, y en 1982 se enviaron 24.256 millones -cerca de 20.000 a Andaluc¨ªa y 4.400 a Extremadura-.
Para 1983 est¨¢n presupuestados alrededor de 30.000 millones de pesetas. De ellos se hab¨ªan distribuido ya, a 15 de marzo de 1983, unos 8.000 millones de pesetas. La rentabilidad de estos fondos es dif¨ªcilmente demostrable, seg¨²n la opini¨®n de los expertos.
Como primer elemento para clarificar cu¨¢les eran las verdaderas necesidades del campo, el ¨²ltimo Gobierno de UCD -de acuerdo con patronales y sindicatos- se propuso la elaboraci¨®n de un censo agrario que permitiera establecer el n¨²mero de jornaleros existentes. La cuantificaci¨®n de las necesidades -elemento de obvia necesidad para determinar al menos el env¨ªo de los fondos- no se hab¨ªa hecho hasta entonces. El sistema empleado era requerir a cada corporaci¨®n para que dijera cu¨¢l era la situaci¨®n de cada pueblo.
El censo, una vez finalizado (a finales de 1982), hubo de sufrir un largo proceso de depuraci¨®n y fue boicoteado incluso por algunos de los propios interesados. Por otra parte, las mismas organizaciones que lo hab¨ªan exigido cuestionaron inmediatamente la validez de los datos, aportados. Nunca lleg¨® a hacerse p¨²blico su contenido y duerme actualmente el sue?o de los justos. La nueva Administraci¨®n niega que tenga validez alguna.
Pr¨¢cticamente un a?o despu¨¦s de que Rodr¨ªguez Miranda afirmara que se iba a producir la desaparici¨®n del sistema de empleo comunitario, y con un Gobierno socialista en el poder, se produce nuevamente la misma afirmaci¨®n. En esta ocasi¨®n, tras haberse producido un fuerte movimiento de jornaleros en demanda de la sustituci¨®n del actual sistema, que, como el ministro de Trabajo se apresur¨® a puntualizar, han resultado coincidentes y, en ning¨²n caso, causantes de la nueva propuesta.
De hecho, el programa electoral del PSOE pon¨ªa especial ¨¦nfasis en la reforma del empleo comunitario, y, previamente a las movilizaciones, se hab¨ªan venido celebrando contactos entre las partes interesadas de cara a la citada reforma.
El nuevo plan esbozado por Joaqu¨ªn Almunia tiene una fecha concreta para su puesta en pr¨¢ctica: el 1 de enero de 1984. Lo que resta de 1983 ser¨¢ cubierto por el sistema actual, si bien se han introducido una serie de medidas encaminadas fundamentalmente a lograr un mayor rigor y efectividad en la utilizaci¨®n de los fondos. Administraci¨®n, sindicatos, palronales y juntas auton¨®micas comenzar¨¢n a finales de este mes a discutirla propuesta de Trabajo.
El 'plan Almunia'
El plan Almunia, que sustituir¨¢ al empleo comunitario, se basa tambi¨¦n en dos tipos de actuaciones. Por un lado, se crear¨¢ un fondo rural de empleo, integrado en un programa p¨²blico de contrataci¨®n temporal, cuyo objetivo ser¨¢
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la realizaci¨®n de obras comunitarias, sociales e infraestructurales que empleen a trabajadores desempleados del campo.L¨®gicamente, los proyectos que se presenten -salvo los correspondientes a organismos estrictamente agrarios- en su mayor¨ªa corresponder¨¢n a obras, que precisar¨¢n mano de obra del sector construcci¨®n. Ello supone el pase de los jornaleros de un sector a otro. Joaqu¨ªn Almunia justificaba la medida, d¨ªas pasados, se?alando que "no podemos pretender crear puestos de trabajo donde no los hay. El campo no es capaz de absorber su propio paro y es necesario su reciclaje hacia otros sectores.
Dentro del plan se contempla este problema y su resoluci¨®n fomentando la formaci¨®n de los trabajadores para acoplarles a sus nuevas tareas. Lo que s¨ª podr¨¢ darse ser¨¢ el traslado geogr¨¢fico de mano de obra, que siempre habr¨¢ de ser cubierta por trabajadores en paro agrario reclutados en las oficinas de empleo. Con ello, el control ejercido por los ayuntamientos y los gobiernos civiles resulta innecesario y los parados han de encontrarse inscritos en las correspondientes oficinas.
Sin embargo, la propuesta plantea un segundo problema. Tal como se presenta, el plan puede chocar con los intereses de parados de otros sectores, que se ver¨ªan relegados frente a los desempleados agrarios.
Las propias empresas que acudieran a la licitaci¨®n de este tipo de obras se ver¨ªan obligadas a cubrir las vacantes de plantilla de obra con parados agrarios y no con los de su propio sector si quieren acceder a la realizaci¨®n de los proyectos.
Seguro de empleo para eventuales
La segunda medida se basa en la creaci¨®n de un seguro de desempleo para los eventuales del campo, que hasta el momento carecen de esta cobertura. Ambas actuaciones garantizar¨ªan que ning¨²n jornalero se encontrar¨ªa desamparado y su situaci¨®n ser¨ªa al menos como la de otros trabajadores de otros sectores. Incluso, afinando al m¨¢ximo, mejor. Ning¨²n trabajador tiene garantizado el trabajo o el subsidio.
Pero tampoco en esta ocasi¨®n se ha evaluado el coste de la operaci¨®n, que puede resultar, seg¨²n fuentes consultadas, bastante considerable. El esbozo de plan, apuntado por Almunia, habr¨¢ de ser discutido y negociado con las organizaciones sindicales y patronales, que, por otra parte, coinciden en la necesidad de sustituir el sistema actual.
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